Gremio del peaje inició gestiones para frenar miles de despidos en el sector

«La ejecución del proyecto no sólo amenaza con dejar sin trabajo a 2500 familias sino que además atenta contra las Pymes, la mano de obra nacional y expone al estado a ser garante del privado», explicaron.

Tras declararse en «estado de alerta y movilización», el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y afines (SUTPA) logró la apertura de una mesa de diálogo para resguardar el empleo de los 2.500 trabajadores de corredores nacionales del sector.

Desde el gremio que conduce Sergio Sánchez informaron que realizaron reuniones con representantes del Ministerio de Transporte de la Nación y Vialidad Nacional el pasado miércoles 30 de agosto en relación al rumor oficial de eliminar la mitad de las estaciones de peaje en rutas nacionales.

«Luego de ambos encuentros, el SUTPA logró ser el único gremio que formará parte de la negociación para discutir un proyecto que atenta contra la fuente laboral de 2500 familias. Es indispensable, por el conocimiento que poseemos de nuestra actividad, que estemos sentados en la mesa donde se discutirá el futuro de los corredores», explicaron.

Además, será el Ministerio de Trabajo quien interceda y actúe entre el gremio y Vialidad Nacional confiriéndole un marco de representatividad. También, y en paralelo, el sindicato denunció ante la cartera laboral una denuncia de conflicto declarando el estado de alerta, movilización y asamblea permanente debido a los trascendidos en los medios de difusión nacional.

«Desde el Sindicato de Peajes hemos sido los primeros en denunciar el mal estado de la infraestructura de las rutas y los accesos y entendemos la necesidad de las obras, pero estas mejoras no deben engrosar los índices de desempleo en un país con el 35% de trabajo informal y más del 30% de pobreza. Además, cuestionamos el programa de Participación Público Privada (P.P.P) que está previsto para las licitaciones de concesiones de estos corredores nacionales», agregaron.

En ese marco, SUTPA se quejó que los medios de comunicación «no mencionan las verdaderas consecuencias» de la Ley N° 27.238. Según señalaron, la «controvertida» norma fue aprobada en septiembre de 2016 y es una de las herramientas con las que el Gobierno piensa construir infraestructura.

«La ejecución del proyecto que propone rutas seguras a través de la Participación Pública Privada, no sólo amenaza con dejar sin trabajo a 2500 familias sino que además atenta contra las Pymes, la mano de obra nacional y expone al estado a ser garante del privado, para asumir los riesgos que puedan surgir a futuro. Esta ley no sólo beneficia el ingreso de capitales extranjeros, sino que además excluye casi en su totalidad a la Industria Nacional», concluyeron.