Confirman la condena para una banda de estafadores informáticos con base en la Unidad 2 de Sierra Chica
La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por una Defensora Oficial de Azul y de esta manera confirmó una condena que pesaba sobre una banda de estafadores informáticas que actuaban, entre otros lugares, desde la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.
El caso llegó a la Casación debido a la apelación a la sentencia de primera instancia que había sido dictada por el Tribunal Oral y Criminal N° 1 de Azul.
Tiempo atrás, el Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Azul, con integración unipersonal, condenó a Sergio Daniel Frías a la pena de siete años de prisión por resultar autor responsable de los delitos de asociación ilícita, extorsión, extorsión en grado de tentativa y explotación económica de la prostitución y a la pena única de quince años de prisión dado que tenía otra sentencia en un Tribunal de La Matanza.
En el mismo fallo del TOC N° 1 de Azul, los jueces habían condenado a Iara Abigail Ojeda y a Rocío Salome Boado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, por resultar coautoras responsables del delito de asociación ilícita.
La defensa de Frías, Ojeda, Salomé recurrió a la Casación y el resultado no fue el esperado para los imputados: todas las condenas quedaron confirmadas.
Como funcionaba la banda
La justicia dio por probado que la banda estaba integrada por al menos cinco personas aunque se logró identificar a tres de ellas que, más tarde, serían los condenados: Sergio Daniel Frías, Iara Abigail Ojeda y
Rocío Salome Boado.
Si bien dieron por probadas distintas estafas y extorsiones, en el marco de la investigación sobre la banda se pudo establecer que las maniobras se realizaban desde el interior de la Unidad Carcelaria N.º 2 de
Sierra Chica y las ejecutaba el hombre de la banda: Sergio Daniel Frías.
De todas maneras, la justicia también consideró que los tres sujetos (Ojeda-Frías-Boado) formaban parte de una asociación, poseyendo un acuerdo previo de voluntades y tenía como finalidad la planificación y realización de estafas. Es así que la banda utilizaba datos no autorizados de tarjetas de crédito de diversas personas con las cuales compraban mercadería. Esa mercadería era retirada por otros integrantes de la banda, con DNI falsos, y más luego la vendía y así generaban nuevas ganancias. Un plan diseñado casi de manera perfecta.
A la banda también se le tuvo por probado hechos de extorsión a hombres a quienes amenazaban con el armado de causas en su contra por haber tomado contacto con menores de edad.
Para esto, la banda realizó distintas extorsiones que consistían, principalmente, en tomar contacto con hombres mediante perfiles falsos de Facebook o WhatsApp. Allí se los seducía intercambiando imágenes íntimas e información personal.
Luego -otro integrante de la banda- se contactaba simulando ser autoridad pública, para exigirle el pago de una suma de dinero con la excusa de detener las actuaciones policiales o judiciales iniciadas por denuncia de los padres de supuestos menores de edad. Así era como las víctimas realizaban transferencias económicas que terminaban en mano de los delincuentes.
De manera sintética se probó que Frías era quien desde la cárcel de Sierra Chica organizaba distintas estafas y extorsiones y, requería de las dos mujeres el apoyo para que éstas lo provean de los de los elementos que necesitaba: documentos de identidad, tarjetas, celulares, perfiles falsos, cuentas
bancarias, audios de voz.
Dos relatos de las víctimas
Uno de los denunciantes denunció un intento de extorsión mediante llamadas telefónicas que provenían supuestas autoridades judiciales y policiales. Ese hombre detalló de manera precisa como se contactaron con él desde dos números de WhatsApp distintos. El denunciante pudo aportar un historial de conversaciones donde aparecían mensajes de texto, audios y fotografías.
Este damnificado dijo que había sido contactado por un supuesto Comisario Torres y éste le indicaba que su teléfono estaba intervenido y que además estaba imputado un delito de grooming y pedofilia, contando con pruebas para detenerlo por cuatro años.
A esta víctima, además, le advirtieron que sabían que vivía en la localidad de General Alvear y le pidieron 20 mil pesos para borrar las pruebas existentes en su contra.
Más adelante, el hombre siguió recibiendo mensajes y, entre ellos, fotos de policías en el momento en que detenía a un hombre y una mujer. Claramente, lo que buscaban los delincuentes eran seguir intimidando a su víctima y además darle verosimilitud al raid.
Al buscar que este hombre caiga en la estafa, integrantes de la banda subieron la apuesta e incluso se hicieron pasar como un supuesto fiscal.
Ese hombre no fue la única víctima dado que también aparece la denuncia de un segundo damnificado que efectuó transferencias bancarias a una cuenta de la supuesta madre de una menor de edad con la que el hombre se había contactado vía Facebook. Todo era falso.
A este denunciante también los delincuentes lo contactaron haciéndose pasar por el comisario Torres supuestamente de la DDI Azul-
En este caso el pedido para borrar pruebas fue más elevado. A esta víctima le pidieron 300 mil pesos, aunque el hombre terminó pagando aún más: realizó más de 10 envíos de dinero por más de 70 mil pesos. Todos a la cuenta de una mujer que luego se comprobaría era la madre de uno de los sujetos que integraba a banda.
La prueba telefónica fue crucial
Como es de esperar en este tipo de causas penales, es fundamental lo que arrojen las pericias telefónicas y los distintos entrecruzamientos de las mismas que se llevan adelante.
Un perito telefónico logró afirmar en la causa – y se valoró en la sentencia de grado y ahora – que la banda funcionaba como una verdadera estructura delictiva basada en la suplantación de identidad de funcionarios públicos -falsos comisarios y fiscales-, el empleo de lenguaje amenazante y la simulación de
proceso judiciales.
Se pudo así probar, entre otras cosas, que los estafadores usaban abonados de WhatsApp con fotos de perfil que correspondían a un fiscal jubilado de la provincia de Córdoba.
Por otro lado, la apertura de las antenas telefónicas también fue vital para desarticular esta parte de la banda dado que uno de los condenados mantuvo quince llamadas con una de la víctimas y todas las aperturas de antena se produjeron desde la Unidad Penal de Sierra Chica.
