El Popular: Piden que se aplique la nueva Ley Laboral en los juicios de ex trabajadores
En la sede del Tribunal de Trabajo N° 1 de Olavarría se encuentran tramitando varios juicios laborales de los ex trabajadores de la quebrada empresa que administró los destinos del diario El Popular.
A mediados del mes de febrero se llevaron adelante audiencias de vista de causa donde las partes absolvieron posiciones, se escucharon testigos y además los abogados de los trabajadores y la empresa brindaron sus alegatos frente a los jueces del Tribunal.
Posteriormente, se promulgó la Ley de Modernización Laboral impulsada por Javier Milei y fue en ese momento en que se dispuso una suspensión de los plazos para dictar sentencia, hasta tanto las partes manifiesten si corresponde aplicar o no la nueva normativa.
En ese contexto, la defensa de dos de los demandados —Matías Andrés Casado y Jorge Gabriel Botta— presentó un escrito, a pedido del Tribunal, solicitando la aplicación inmediata de la Ley 27.802 en los casos en tramite.
En una presentación realizada el lunes 16 de marzo en uno de los juicios, el doctor Julio Héctor Alem (h) pidió la «estricta e inmediata aplicación» de la nueva normativa laboral.
Entre los principales planteos, los abogados sostienen que la nueva legislación impide avanzar con la responsabilidad personal y solidaria contra directivos de sociedades anónimas. En ese sentido, afirmaron: “la demanda contra el Sr. Matías Casado y el Sr. Jorge Botta carece actualmente de todo sustento legal y debe ser rechazada”.
Asimismo, cuestionaron los montos reclamados por varios de los extrabajadores, al considerar que fueron calculados bajo parámetros que habrían sido modificados por la nueva ley. Sobre este punto, remarcaron: “la actora pretende en su liquidación una suma absurda, con la velada intención de beneficiarse de tasas de interés punitorias”.
En particular, señalaron que la actualización de créditos laborales en juicios en trámite debería realizarse mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un interés máximo del 3% anual. También indicaron que la reforma introduce cambios en la base de cálculo de las indemnizaciones, excluyendo conceptos como el aguinaldo y otros pagos no mensuales.
«Las actoras ha articulado una demanda por una suma irracional basada en bases de cálculo erróneas, multiplicadores derogados y una solidaridad societaria jurídicamente inviable», señaló el doctor Alem en el escrito pidiendo la aplicación de la nueva normativa
Otro de los ejes del planteo apunta a las multas laborales previstas en normativas anteriores, que —según la defensa— habrían sido eliminadas o modificadas por el nuevo régimen. En esa línea, sostuvieron que aplicar esas sanciones hoy resultaría incompatible con el nuevo marco legal vigente.
Finalmente, los demandados enfatizaron la aplicación inmediata de la ley a los juicios en trámite: “no existe derecho adquirido al mantenimiento de leyes o regímenes indemnizatorios si no hay sentencia firme”.
Ahora será el Tribunal de Trabajo el que deberá resolver si aplica la nueva normativa al momento de dictar sentencia, en un contexto que podría marcar un precedente para otros juicios laborales en curso vinculados al cierre de la histórica empresa periodística local.
