Escándalo judicial en Tandil: Allanaron un Juzgado y la vivienda de un Juez Civil y Comercial
Además se concretaron otros cuatro procedimientos.
Con información de «La Voz de Tandil»
El fiscal José Ignacio Calonje encabezó en la mañana de este lunes un impresionante despliegue de fuerzas policiales alrededor de seis allanamientos que son consecuencia de una denuncia que pesa contra un Juez Civil y Comercial, una Escribana y dos abogadas de la ciudad de Tandil.
Los hechos salieron a la luz en octubre del año pasado cuando un reconocido abogado presentó una denuncia debido a la existencia de una red de complicidades que involucran a un empresario, una Escribana, dos abogadas y un Juez Civil y Comercial con despacho en la ciudad de Tandil.
En octubre del año pasado, el abogado Julio Ballesteros habló con Lu22, Radio Tandil, y dio detalles muy precisos de una causa judicial que ahora tramita en la UFI de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul y que este lunes tuvo su réplica con la realización de distintos allanamientos.
Los allanamientos de este lunes
Los allanamientos de este lunes fueron solicitados por el fiscal Calonje y avalados por una Jueza de Bahía Blanca que tomó intervención en el proceso dado que por existir un Juez involucrado se registraron varias excusaciones de Magistrados y Magistradas que forman en el Departamento Judicial de Azul.
La Jueza de Garantías de Bahía Blanca, María Gabriel Prome estuvo presente este lunes en Tandil y fue parte de la mayoría de los procedimientos.
Hasta las primeras horas de la tarde de este lunes, mientras se aguarda información oficial, se conoció que los allanamientos se realizaron en la vivienda del Juez Civil y Comercial José Zárate, en el Juzgado que tiene a cargo el magistrado y en distintos estudios jurídicos señalados en la denuncia.
La causa tiene origen en una denuncia de Martín Burs y Jorge Heter, bajo al patrocinio de los letrados Tomás y Julio Ballesteros, quien acusan de una maniobra delictiva orquestada por varios integrantes, entre ellos el empresario Luis Cerone y el juez José Zárate.
Los allanamientos de este lunes también fueron en las viviendas de los últimos dos mencionados, como también en lo de la Dra. Silvia Fernández, abogada tandilense.
Cabe recordar que haces algunos meses, a fines de 2024, Zarate declaró ante la Corte en donde realizó una presentación por los hechos que lo denunciaron.
A raíz de esta situación y, tras arduas tareas, el Fiscal Calonje impulsó una gran cantidad de allanamientos en la ciudad de Tandil que tienen como principal foco de atención al Juzgado Civil 1, al Juez José Zárate y al empresario gastronómico Luis Cerone, entre otros, por la disputa del macizo ubicado en la zona del Centinela.
Las declaraciones que iniciaron el escándalo el año pasado
Todo se inició en la disputa de una chacra ubicada entre el Paseo Centinela y La Porteña en la ciudad de Tandil.
Según se indica los propietarios de esa tierra cedieron oportunamente sus derechos hereditarios a un grupo de desarrolladores inmobiliarios que emprendieron una obra en el lugar, pero no pudieron continuarla por medidas judiciales que ellos consideran parte de una maniobra de extorsión, y por las cuales iniciaron una causa penal.
El abogado Julio Ballesteros explicó que sus clientes, hoy denunciantes, son los desarrolladores que se encontraron con «palos en la rueda» para continuar con la inversión.
Con respecto a la resolución judicial, Ballesteros dijo que «a los cesionarios, a quienes estaban desarrollando el emprendimiento, les dieron una patada en el traste y los echaron por una decisión judicial, absolutamente ilegítima e infundada, como lo decimos en la querella».
En octubre del año pasado, el abogado Julio Ballesteros señalaba: «Hoy la justicia especial con sede en la ciudad de Azul (Fiscalía de Delitos Especiales) está tramitando esta querella, en la que hemos imputado formalmente por delito de extorsión al empresario Luis Cerone, a dos abogadas, a una escribana que suscribió y materializó un poder que creemos que no reúne las características que debe tener, y a un magistrado, juez civil y comercial, que es el doctor Zárate, a quien consideramos cómplice de la tentativa de desapoderar a los verdaderos tenedores, poseedores y desarrolladores, a través de resoluciones que, a nuestro juicio, constituyen delito», indicó luego.
«Ahí, muchos años antes, un señor se instaló en una plaza, en un sectorcito que es propiedad del municipio. Y a partir de allí empezó, con la colaboración de quien nosotros hemos imputado, el señor Cerone, a ejercer presiones con respecto a eventuales títulos jurídicos que podía llegar a tener pero que no los tiene. Esto empezó en 2012, con un poder efectuado en favor de una abogada por este señor, que nosotros consideramos que no tiene capacidad; un poder bastante raro», señaló el abogado.
A partir de esta medida, hubo una medida cautelar y, según Ballesteros, se «desalojó a los poseedores». El abogado se refirió a exigencias por parte de los abogados y «cosas inauditas» que asegura, pese a los años de profesión, nunca haber visto. «Es un caso muy particular que para mí tiene circunstancias inauditas», insistió.
Habló de acciones «contrarias a derecho» con «el fin de amedrentar a las personas para que otorguen un dinero que nunca iban a aceptar, porque el objetivo de todo este grupo de personas era, o es, el predio», arriesgó el letrado.
Ballesteros aseguró que los abogados pedían para el ocupante, a quien calificó de indigente, 500 mil dólares y otros 100 mil dólares de honorarios para los abogados.
«A mis clientes no solamente les parecía una locura lo que se exigía, sino que no estaban en condiciones de solventar semejante cosa. Y además no correspondía», añadió en aquella oportunidad el abogado que encabeza la denuncia.
