Revés para concejales de LLA: la Justicia ratificó la vigencia del decreto que declaró la emergencia económica en Azul
Al rechazar una medida cautelar de suspensión, el Magistrado no hizo lugar a un pedido que venían formulando dirigentes de La Libertad Avanza de la vecina localidad. En los estrados judiciales seguirá tramitando la cuestión de fondo, es decir, determinar si el decreto es inconstitucional.
En la mañana de este jueves, el juez en lo Contencioso Administrativo de Azul, Pablo Gabriel Quaranta, rechazó la medida cautelar presentada por los concejales electos de La Libertad Avanza. Los dirigentes habían pedido suspender el decreto de emergencia municipal dictado por el intendente de Azul, pero el tribunal consideró que no estaban dadas las condiciones legales para frenar su vigencia.
Qué argumentaron los ediles electos
Los demandantes denunciaban que el Ejecutivo había “gobernado por decreto” sin la convalidación del Concejo Deliberante. Sostenían que esa omisión afectaba la división de poderes y podía generar nulidades administrativas.
“Las decisiones cuestionadas se vinculan directamente con la ejecución del presupuesto y la administración de recursos municipales, ámbito que (…) corresponde al Departamento Ejecutivo.”
Juez Pablo Quaranta
Según su presentación, el intendente adoptó medidas de alcance general sin intervención legislativa, lo que —a su entender— vulnera el régimen municipal vigente.
La postura del municipio sobre el decreto de emergencia
El municipio defendió la validez del decreto. Explicó que las decisiones tomadas —reducción del gasto político, congelamiento de haberes, limitación de horas extras, recorte de contrataciones y reorganización presupuestaria— se encuentran dentro de las atribuciones del Departamento Ejecutivo.
Para el gobierno local, la emergencia permitió ordenar las cuentas municipales en un contexto económico complejo.
La palabra de Pablo Quaranta
Al resolver, el juez sostuvo que no se acreditaron los requisitos esenciales para dictar una medida cautelar. Indicó la falta de verosimilitud del derecho y de peligro en la demora.
Quaranta afirmó que las decisiones cuestionadas “se vinculan directamente con la administración de recursos municipales, competencia primaria del Departamento Ejecutivo”. También señaló que no aparece una “ilegitimidad manifiesta” que permita suspender un acto vigente.
El magistrado remarcó, además, que la presentación se basaba en planteos institucionales y abstractos. Los actores no demostraron un perjuicio directo y concreto que habilite una medida urgente
El juez advirtió que suspender el decreto podría “desarmar el esquema de reducción de erogaciones” del municipio. Esa situación —subrayó— afectaría el equilibrio fiscal y la prestación de los servicios públicos.
En términos prácticos, el decreto de emergencia municipal sigue vigente. Las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Azul continúan en pleno efecto.
La discusión sobre su eventual inconstitucionalidad o ilegalidad seguirá tramitando en la Justicia, pero sin detener la aplicación del decreto.
