La Cámara de Mar del Plata rechazó la reincorporación provisoria de un empleado cesanteado en Olavarría
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó el pasado 6 de marzo el rechazo a la reincorporación provisoria de un trabajador municipal de Olavarría cesanteado por abandono de cargo.
El caso involucra a Raúl Alfredo Naviliat, quien había solicitado una medida cautelar para ser reincorporado a su puesto —o, en su defecto, percibir sus haberes— mientras se resuelve la nulidad de su despido.
El tribunal avaló la decisión de primera instancia al considerar que no se encuentra acreditado uno de los requisitos esenciales para este tipo de medidas: la verosimilitud del derecho. En ese sentido, el juez Sergio Ucín sostuvo que “no se aprecia (…) la concurrencia de la nota de verosimilitud del derecho exigida (…) como recaudo de procedencia para el dictado de la tutela precautoria requerida”.
Los magistrados destacaron que el planteo del actor requiere un análisis probatorio más amplio, propio de la etapa de sentencia definitiva. Así, remarcaron que “lo alegado requiere (…) de un complejo análisis dotado de un mayor despliegue probatorio (…) que excede largamente el conocimiento (…) en el marco de la presente actuación preliminar”.
Además, de las actuaciones administrativas surge —según el fallo— que el trabajador habría incurrido en inasistencias injustificadas y fue intimado previamente a regularizar su situación laboral antes de dictarse la cesantía.
El tribunal también recordó que las medidas cautelares no exigen certeza absoluta, pero sí un grado mínimo de apariencia de buen derecho. En esa línea, advirtió que “por más que se demuestre el riesgo inmediato (…) la medida precautoria no podrá ordenarse si previamente no se acredita (…) que se ha vulnerado el derecho del peticionante”.
Con estos fundamentos, la Cámara concluyó que el recurso “no merece prosperar” y resolvió confirmar la decisión apelada.
Qué pide Navillat
El trabajador municipal Alfredo Raúl Naviliat solicitó ante la Justicia la nulidad del Decreto N° 876/2024 mediante el cual fue cesanteado por la Municipalidad de Olavarría, al considerar que se trata de un acto arbitrario, ilegítimo y dictado con violación del debido proceso.
En su presentación, sostiene que nunca incurrió en abandono de trabajo y que las supuestas inasistencias que se le imputan responden a irregularidades administrativas, ya que se encontraba de licencia autorizada y luego a la espera de reasignación de funciones por decisión del propio Municipio.
En ese marco, reclama su inmediata reincorporación al cargo, con reconocimiento de su estabilidad como empleado público, y el pago de los salarios caídos desde la cesantía hasta su efectivo reintegro.
Además, solicita una indemnización por los daños sufridos —tanto materiales como morales—, destacando el impacto personal y económico de la medida, especialmente en atención a su condición de persona con discapacidad.
También pide que se declare la nulidad de todo el procedimiento administrativo que derivó en su despido, por no haberse respetado instancias esenciales como el derecho de defensa, la debida intimación y la intervención de la Junta de Disciplina.
Por último, requiere el dictado de una medida cautelar para que se le restituyan provisoriamente sus haberes mientras se tramita la causa, alegando la urgencia económica y su carácter de sostén familiar.
