Salud mental: el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley 26.657
El Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema sanitario frente a personas con padecimientos mentales y sus familias.
La iniciativa, que ingresará al Senado para su debate, plantea cambios en los criterios de internación y en la organización de la red de atención. Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que la normativa vigente presenta dificultades para garantizar el acceso oportuno a tratamientos, especialmente en situaciones de crisis.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la reformulación del criterio de riesgo para las internaciones involuntarias. Actualmente, la ley establece que solo pueden disponerse cuando existe un “riesgo cierto e inminente” para la persona o terceros. La propuesta oficial busca incorporar un enfoque más amplio, que contemple el contexto general del paciente, sus antecedentes recientes y la evolución posible del cuadro.
Además, se establece la participación obligatoria de un médico psiquiatra en la evaluación de las internaciones involuntarias, algo que hoy no está exigido en todos los casos. Según se indicó, el objetivo es mejorar la calidad de las decisiones clínicas y reducir errores diagnósticos.
El proyecto también prevé modificaciones en los plazos: en casos de urgencia, un médico podrá indicar la internación, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. A su vez, se propone extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial.
En cuanto a la organización del sistema, la iniciativa plantea fortalecer una red de atención estructurada por niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales y dispositivos comunitarios. En ese marco, se propone habilitar internaciones en hospitales generales para casos leves y reservar los centros especializados para cuadros graves.
De acuerdo a datos oficiales, solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente. Además, 18 provincias cuentan con servicios de salud mental en hospitales generales y 20 disponen de camas para internación, lo que evidencia diferencias en el acceso a la atención.
El Gobierno sostiene que los cambios buscan mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y garantizar un acceso más equitativo a los servicios de salud mental en todo el país.
