Violencia de género: confirmaron la prisión preventiva de un olavarriense acusado de atacar a su expareja
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul confirmó la prisión preventiva de un olavarriense acusado de múltiples hechos en un contexto de violencia de género contra su expareja, al rechazar el recurso interpuesto por la defensa.
La decisión ratifica lo resuelto por el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría, que había dispuesto convertir en prisión preventiva la detención del imputado en el marco de una investigación por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas agravadas, daño y desobediencias reiteradas.
Según surge de la causa, uno de los elementos incorporados como prueba fue un intercambio de mensajes aportado por la propia víctima. La defensa intentó asignarle un sentido favorable a su postura; sin embargo, el tribunal destacó que ese material debe ser valorado dentro del conjunto probatorio y en el marco del contexto de violencia denunciado, sin interpretaciones aisladas que desvirtúen su alcance.
En su presentación, la defensa sostuvo que no se verificaban riesgos procesales que justificaran la prisión preventiva, cuestionó la proporcionalidad de la medida y propuso alternativas menos gravosas como la excarcelación bajo caución juratoria o el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Al analizar los planteos, la Cámara sostuvo que no se encontraban reunidos elementos que permitan apartarse de lo resuelto por el juez de garantías, en tanto los agravios no lograban demostrar la inexistencia de riesgos procesales ni neutralizar los fundamentos que sustentaron la medida.
En esa línea, el juez Carlos Pagliere recordó que las medidas de coerción tienen un carácter estrictamente instrumental y deben orientarse a asegurar la sujeción del imputado al proceso penal. En ese sentido, enfatizó que «los riesgos procesales deben traducirse en la concreta posibilidad de interferir en la investigación o de evadirse haciendo ilusoria la acción de la justicia», descartando que la prisión preventiva responda a fines punitivos.
Al abordar el caso concreto, el tribunal valoró la gravedad de los hechos imputados y el contexto en el que habrían ocurrido. Pagliere señaló que «la objetiva gravedad de los hechos (…) enmarcada en un contexto de violencia de género sostenida en el tiempo» constituye un elemento relevante al momento de evaluar la existencia de riesgos procesales.
Asimismo, se tuvo en cuenta la reiteración de conductas de desobediencia por parte del imputado, lo que fue interpretado como un indicio de incumplimiento de órdenes judiciales. En ese marco, la Cámara consideró que «la reiterancia (…) demuestra un desapego a la manda judicial», circunstancia que incide en la valoración del comportamiento esperado en libertad.
Otro aspecto ponderado fue la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, particularmente en relación con el testimonio de la víctima, prueba central en este tipo de procesos. El tribunal destacó que, en contextos de violencia de género, la dinámica de los hechos puede generar condiciones que afecten la producción probatoria, especialmente cuando existe una relación previa entre las partes.
En relación con los dichos de la víctima incorporados a la causa —entre ellos, comunicaciones por mensajería—, la Cámara señaló que deben ser analizados en su conjunto y en contexto, sin perder de vista el marco de violencia denunciado ni otorgarles una lectura fragmentada que desnaturalice su contenido dentro de la investigación.
Por otra parte, el tribunal también valoró la existencia de antecedentes penales del olavarriense, así como una condena previa de ejecución condicional, circunstancias que inciden en la evaluación del riesgo procesal y en la eficacia de eventuales medidas alternativas.
En función de todos estos elementos, la Cámara concluyó que la decisión adoptada por el juzgado de origen se encontraba debidamente fundada en parámetros objetivos, resultaba proporcional a las circunstancias del caso y se ajustaba a derecho, por lo que resolvió confirmar la prisión preventiva mientras continúa el avance de la causa.
