Tiene síndrome de down y quiere estudiar: La UNICEN y la Defensoría del Pueblo estudian el caso

La secretaria Académica de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Mabel Pacheco, aseguró que están trabajando de manera interdisciplinaria en el caso de Nicolás Brown pero que no pueden modificar el plan de estudio. En tanto, la Defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, señaló que el caso fue elevado a la Defensoría de la Nación.

Mabel Pacheco, la secretaria Académica de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se refirió en una entrevista al Eco Multimedios respecto al caso de Nicolás Brown, el chico de 25 años con síndrome de down que decidió iniciar una colecta de firmas para que el establecimiento le adaptara los contenidos y él pudiera continuar estudiando, y reconoció que están trabajando en al respecto.

“Estamos trabajando con este caso, como con tantos otros. Porque tenemos una política de inclusión, de ingreso y permanencia de nuestros estudiantes”, aseguró la Secretaria Académica y agregó que tienen una protección de los alumnos para no exponerlos.

Tal como había manifestado Patricia, la madre de Nicolás, en diálogo con El Eco de Tandil, Pacheco confirmó que Nicolás presentó un título de secundaria, razón por la cual se pudo inscribir a la universidad, puesto que es la condición necesaria para ser un alumno de nivel superior. “Algunos títulos en ese momento tenían alguna leyenda que no los hacía aptos para estudios de nivel superior, pero no era el caso de Nicolás”, completó.

“Por lo tanto, la Universidad se hizo cargo y se trabajó desde las estrategias de ingreso. Hemos tenido reuniones de trabajo interdisciplinario con la Secretaría Académica del Rectorado, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, la Secretaría Legal y Técnica, y la Secretaría de Extensión, donde también hay una comisión de discapacidad”, cercioró Pacheco.

Por otra parte, contó que si bien no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Patricia, sí la ha visto asistir al programa especial de charlas sobre discapacidad que coordina la Secretaría de Políticas Universitarias: “No he tenido la oportunidad de conocerla, pero sí sé que se les facilitó una computadora portátil, porque la mamá planteó su dificultad económica y era un ajuste razonable acceder a ese tipo de elemento. Además, se le ha ofrecido atención de los servicios psicopedagógicos y psicológicos de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Hay trabajo interdisciplinario, pero es con todos los estudiantes”.

Si bien Patricia planteó en la nota que brindó a este medio que lo que querían eran algunos ajustes razonables y no que quitaran contenidos, igualmente la secretaria Académica aclaró que, como entidad de nivel superior, no pueden realizar modificaciones en los planes de estudio.

“Un plan de estudio es un documento público aprobado por resolución ministerial que tiene unas incumbencias y contenidos mínimos que no se pueden modificar”, refirió y añadió que al momento de entregar el diploma “debemos garantizar la calidad de los aprendizajes”.

Lo que sí se puede hacer, y se debe llevar a cabo, es lo que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Convención de los Derechos Humanos del 2006, definió como ajustes razonables.

Explicó Pacheco que se trata de una adaptación procedimental que no prevé cambios en los contenidos mínimos, en el plan de estudio ni en los programas. En todo caso, las modificaciones se hacen en el modo de enseñar a través de diferentes estrategias, y en el modo de evaluar. “Y eso es lo que se ha hecho. Extender validez de alguna cursada, por ejemplo, lo hemos realizado”, aseveró.

El caso fue trasladado a la Defensoría de la Nación

La defensora del Pueblo, Paula Lafourcade, dialogó con El Eco de Tandil respecto a este caso y declaró que el asunto fue elevado a la Defensoría de la Nación.

La madre de Nicolás había comentado a este medio que ante la falta de respuestas por parte de la Universidad decidieron acercarse a la Defensoría del Pueblo de Tandil para ver qué se podía hacer. Agregó que días más tarde los llamaron desde la Defensoría y les entregaron el expediente de Nicolás, “un expediente de 64 folios que literalmente es el de la universidad. ¡Y las cosas que dice! Pone en tela de juicio si está homologado, o no, el título de secundaria, si es real o no. ¿Por qué? Porque lo estigmatizan”.

Al respecto, Lafourcade reconoció que efectivamente Patricia se había presentado para realizar el reclamo y que ellos pidieron un informe en su momento en la Universidad, “pese a que no somos competentes porque tenemos un ámbito local”.

“Pero desde la Facultad igualmente nos contestaron y por tal razón nos comunicamos con la mamá de Nicolás para notificarle del hecho”, manifestó la defensora del Pueblo y completó que, tras la situación, le dieron intervención a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

“Por competencia, le corresponde a la Defensoría de la Nación, y por tal motivo es que nosotros decidimos hacer la derivación. No obstante, seguimos la gestión y articulamos todas las presentaciones que no van pidiendo”, indicó Lafourcade.

Informó que, según pudo averiguar, desde el ente nacional le pidieron un nuevo informe a la Universidad Nacional del Centro, el cual ya fue contestado. Por el último contacto telefónico que mantuvieron, “estaban analizando la respuesta de la Unicen. Hasta ahora, esa es toda nuestra intervención ya que, repito, no es de nuestra competencia”, concluyó.

El caso

Nicolás Brown es un joven con síndrome de down que nació en Capital Federal pero desde hace algunos años vive en Tandil. En 2016 comenzó a estudiar la Licenciatura en Turismo en la Unicen y, tras transitar dos años allí, hoy se encuentra envuelto en una polémica que no le permite continuar con su carrera estudiantil y por tal razón decidió comenzar una colecta de firmas.

Su madre, indignada, exclamó en diálogo con este medio que la Universidad no le garantiza los ajustes razonables a la educación aludiendo que no pueden quitar contenido. Sin embargo, ella remarcó que en realidad lo que piden es que adecuen los temas.

La colecta de firmas que iniciaron hace algunas semanas, y a la cual adhirieron alumnos y profesores de las diferentes facultades, tuvo como fin visibilizar lo que estaba aconteciendo y ejercer presión sobre las autoridades.

Explicando de manera sintetizada la situación, pero remarcando qué es la discriminación y qué debería hacer el Estado y la Unicen, madre e hijo hicieron circular una hoja para que estudiantes y profesores se adhirieran a la causa.

Un hecho que inspiró tanto a Nicolás como a su madre a comenzar con esta iniciativa fue el caso de Eva Godoy, una chica salteña de 20 años con Síndrome de Down, que hizo frente a una situación similar y que hoy se encuentra estudiando Ingeniería en Recursos Naturales y Medioambiente en la universidad.

“Nos inspiró esa noticia. Ellos advirtieron el mismo problema, pero no esperaron cuatro años, esperaron dos. Seguramente también tuvieron un sinnúmero de respuestas, pero como allá no tienen Defensoría, decidieron acudir directamente al Inadi y acusaron una discriminación”, refirió Patricia.

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