Arrondo reveló que más del 90% de los casos de violencia contra niños que llegan a su juzgado son intrafamiliares
El juez de Familia N.º 2 de Olavarría, Santiago Arrondo, advirtió que más del 90% de los expedientes de violencia en los que son víctimas niños, niñas y adolescentes corresponden a situaciones intrafamiliares.
El Magistrado concedió una entrevista a la periodista Claudia Bilbao en el programa Desayuno con Noticias, de Radio M, donde también explicó cómo interviene la Justicia, por qué es fundamental escuchar a los chicos y qué hacer ante una sospecha de maltrato.
“En su apabullante mayoría, los casos de violencia son intrafamiliares”, afirmó Santiago Arrondo, titular del Juzgado de Familia N.º 2 de Olavarría, al describir la realidad que observa en su ámbito de trabajo.
Ante una consulta de la periodista Claudia Bilbao, en el programa Desayuno con Noticias, de Radio M, el magistrado precisó que la proporción supera el 90% de los expedientes en los que niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia.
Arrondo advirtió que se trata de una problemática que atraviesa a todos los sectores sociales y edades. También consideró que estas situaciones se recrudecieron después de la pandemia, junto con otras cuestiones vinculadas con la salud mental.
La entrevista se realizó a partir de la repercusión nacional de un caso de presunta violencia contra menores. Sobre ese episodio, el juez aclaró que no podía emitir una opinión judicial sin conocer las actuaciones: comparó esa situación con la de un médico que pretende diagnosticar sin tener los estudios a la vista. Sí expresó su preocupación por los relatos que trascendieron públicamente y por las consecuencias que puede tener el silencio prolongado de las víctimas.
“Los chicos a veces se guardan esto durante muchos años y las cosas salen a la luz cuando ya las cicatrices son considerables y más difíciles de sanar”, señaló. En ese marco, dejó una definición que atravesó buena parte de la conversación: “Es importante poder escuchar siempre a los chicos a tiempo, escucharlos, creerles, actuar en consecuencia, todo lo más rápido posible”.
La escucha judicial: una obligación del sistema, no de los chicos
Arrondo explicó que en los procesos judiciales que involucran derechos de niños, niñas y adolescentes existe la obligación de ofrecerles la posibilidad de expresar su opinión antes de tomar decisiones que afecten sus vidas. Sin embargo, aclaró que esa instancia debe respetar la voluntad de cada niño y su grado de madurez.
“Es obligación escucharlos, no es obligación de los chicos venir y dar su parecer, venir y hablar”, remarcó.
El magistrado indicó que las audiencias deben desarrollarse en condiciones apropiadas, en espacios amigables y con un lenguaje claro, de acuerdo con los protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia bonaerense. También subrayó la necesidad de preservar la confidencialidad de lo que los chicos manifiestan.
En ese contexto, explicó la diferencia entre dos figuras que intervienen en estos procesos: el asesor de incapaces y el abogado del niño. Mientras el primero vela por los intereses de los menores y solicita las medidas que considera más convenientes, el segundo representa directamente la voz del niño dentro del expediente, cuando tiene la madurez suficiente para impartir instrucciones.
El juez hizo otra precisión: que los chicos sean escuchados no significa que la Justicia deba resolver necesariamente en función de lo que piden. “La opinión o el deseo del nene, de la nena, es obligatorio escucharlo, pero no es vinculante”, explicó. La decisión, sostuvo, debe adoptarse en función de lo que resulte más conveniente para proteger sus derechos.
Los abuelos y las escuelas, claves para detectar la violencia
Al ser consultado sobre quiénes suelen advertir primero las situaciones de maltrato, Arrondo señaló que muchas alertas provienen de familiares cercanos y de la comunidad educativa.
“Los abuelos, quizás también tíos”, respondió al referirse a integrantes de la familia ampliada que pueden advertir lo que sucede y dar el primer paso para proteger a los chicos.
Según explicó, los abuelos adquieren especial relevancia cuando la violencia involucra a ambos progenitores o cuando alguno de ellos no se anima a denunciar. Incluso, indicó que hay procesos judiciales que terminan con el otorgamiento de una guarda a favor de los abuelos para garantizar la protección de los menores.
La escuela es el otro actor fundamental. Arrondo destacó la importancia de la detección temprana y de la capacitación de los equipos educativos para reconocer señales de vulneración de derechos y comunicar las situaciones a los organismos competentes.
En Olavarría, identificó al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como un organismo central para intervenir ante las denuncias. Explicó que sus equipos pueden realizar citaciones, visitas y otras actuaciones para determinar qué está ocurriendo y evaluar las medidas necesarias.
Dónde denunciar y qué hacer si no hay respuestas
Arrondo indicó que las denuncias pueden realizarse en la Comisaría de la Mujer y la Familia o en el Servicio Local. Durante la entrevista, precisó que la primera está ubicada sobre la calle 9 de Julio, cerca de General Paz, y funciona las 24 horas. El Servicio Local se encuentra sobre General Paz, entre Vicente López y Alsina, y atiende de 8 a 14, aunque cuenta con guardias durante las 24 horas.
El juez también aclaró que, aunque un ciudadano común no tiene la misma obligación legal de denunciar que determinados funcionarios y personas responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes, poner en conocimiento una posible situación de maltrato es una conducta recomendable. Mencionó, entre otros, a docentes, médicos, preceptores y responsables de actividades deportivas o recreativas.
Además, señaló que se puede solicitar que los datos de quien denuncia sean preservados.
“Las denuncias siempre motorizan un mecanismo que pone en marcha una investigación para ver lo que pasa”, sostuvo Arrondo. Y aclaró que una investigación puede concluir que no se verificaron hechos de gravedad o que la situación no era como se había denunciado, pero eso no significa que la presentación inicial no deba investigarse.
Ante la falta de novedades, dejó una recomendación concreta: si transcurren entre 24 y 48 horas sin obtener una respuesta, sugirió acercarse a los juzgados de Familia del Polo Judicial para consultar por el estado de la intervención.
El magistrado explicó que, en una primera etapa, los organismos suelen concentrar sus esfuerzos en contactar a las personas involucradas y realizar las actuaciones necesarias. Por eso, la devolución a quien hizo la denuncia puede llegar después. De todos modos, consideró importante que las personas no dejen de consultar si necesitan conocer qué ocurrió con su presentación.
“Nunca es suficiente”
Al evaluar los recursos disponibles para responder a estas situaciones, Arrondo reconoció que existen limitaciones y que algunas vulneraciones de derechos están relacionadas con carencias económicas, dificultades educativas y falta de recursos para acompañar a las familias.
Aclaró, no obstante, que esas condiciones por sí solas no justifican una medida de abrigo. Consideró que una mayor presencia estatal y más recursos podrían ayudar a reparar determinadas situaciones antes de que se agraven.
“Alcanzar nunca es suficiente. El menú de opciones siempre, siempre, la sábana es corta”, afirmó.
Pese a esas limitaciones, valoró la red de recursos disponible en la ciudad. “Yo he trabajado en muchos lugares de la provincia, y les puedo decir que acá en Olavarría tenemos un recursero muy importante y suficiente para dar respuesta a ese tipo de situaciones”, expresó.
Su advertencia sobre la magnitud de la violencia intrafamiliar y su insistencia en escuchar a los chicos a tiempo dejaron una conclusión central: ante una sospecha de maltrato, la denuncia permite activar una investigación y evaluar las medidas de protección necesarias.
