Contaminación del arroyo en Tapalqué: la causa pasó a la Fiscalía de Delitos Especiales por posible involucramiento de funcionarios
Así fue determinado por el Fiscal General, Marcelo Sobrino quien además resolvió que el Ayudante Fiscal José Pedro Iturralde, asista en la investigación que ahora estará en manos del fiscal Ignacio Calonje.
La investigación por la presunta contaminación del arroyo en Tapalqué fue reasignada a una unidad fiscal especializada, en una decisión que marca un giro en el expediente por su complejidad y alcance institucional.
La causa, que se tramitaba en una fiscalía común, quedó ahora en manos de la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional, con intervención del fiscal Ignacio Calonje.
Según consta en una resolución firmada el 26 de marzo de 2026, el Fiscal General, doctor Marcelo Sobrino dispuso formalmente la asignación del expediente a esta unidad específica. Además, resolvió que el Ayudante Fiscal, José Pedro Iturralde asista como «colaborador» a la investigación.
En la Resolución se indica que, por “las características del hecho que se investiga, la intervención de organismos estatales y su trascendencia”, el caso encuadra dentro de las competencias de dicha fiscalía especializada.
Uno de los puntos centrales que fundamenta el cambio es la consideración de que el expediente posee relevancia institucional.
Este criterio se aplica, de acuerdo a la normativa vigente del Ministerio Público, en causas que involucran a funcionarios públicos o que, por su impacto, requieren un abordaje específico.
La documentación judicial también remarca la complejidad de la investigación, en la que intervienen distintos actores, algunos de ellos vinculados al Estado o a la prestación de servicios públicos.
En ese contexto, se entiende que el caso necesita un seguimiento más riguroso y sostenido que el que puede brindar una fiscalía de trámite común.
La causa se originó a partir de denuncias de vecinos de Tapalqué y Olavarría, entre ellos Martín Acosta y Marcelo Cortés, quienes alertaron sobre la contaminación del arroyo y sus posibles efectos en la salud.
El curso de agua es utilizado tanto en Tapalqué como en General Alvear, lo que amplifica el impacto del problema.
Con esta decisión, el expediente entra en una fase distinta, bajo la órbita de un área especializada en hechos de mayor complejidad.
El avance de la causa estará ahora centrado en determinar responsabilidades y evaluar el rol de eventuales actores estatales en los hechos investigados.
Martín Acosta, uno de los denunciantes, explicó que la denuncia apunta a la degradación del arroyo, cuyas aguas son utilizadas tanto en Tapalqué como en la localidad de General Alvear. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias sanitarias que podría generar la situación.
Según detalló, se realizaron análisis bacteriológicos que detectaron la presencia de Escherichia coli y otros contaminantes. Además, describió un cambio visible en el estado del agua, con alteración de color y olor.
“El arroyo ha cambiado completamente. Hay días en que no se puede ni acercarse por el olor”, sostuvo el denunciante.
En su planteo, también apuntó contra la falta de medidas por parte de las autoridades locales. Señaló que los balnearios de la zona continúan habilitados pese al cuadro denunciado.
De acuerdo a su testimonio, la decisión de no clausurar estos espacios respondería a evitar costos políticos, a pesar de los posibles riesgos para la salud de la población.
Acosta remarcó que el avance de la causa y la difusión del conflicto han sido posibles en gran parte por la visibilidad que le dieron distintos medios de comunicación.
En ese marco, recordó la presentación de una emergencia ambiental impulsada por el abogado patrocinante de los denunciantes, Alexander Aquila, como parte de las acciones para que se investigue la situación.
“La causa es de todos, porque es una causa justa y noble”, expresó.
