Dos urólogos demandaron a la Municipalidad de Olavarría y reclaman volver al Hospital
Dos médicos especialistas en Urología que se desempeñaban en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” presentaron una demanda contra la Municipalidad de Olavarría y solicitaron que se declaren nulos los decretos mediante los cuales fueron cesanteados por supuesto abandono de trabajo.
Se trata de los doctores Pablo Esteban Molina y Ricardo Raúl Krenz, quienes, según surge del escrito judicial al que accedió En Línea Noticias, reclaman además su reincorporación, el pago de los salarios caídos y un resarcimiento por daño moral.
La demanda fue presentada en forma conjunta al considerar que las situaciones de ambos profesionales tienen un origen común y que las cesantías fueron dispuestas mediante los Decretos N° 2620/2026 y N° 2621/2026, dictados el 4 de junio de 2026.
Los profesionales sostienen que ambos se desempeñaron durante más de 26 años en el Hospital Municipal y que el conflicto que derivó en sus cesantías comenzó dentro del Servicio de Urología y se extendió durante aproximadamente un año y medio.
Un conflicto que, según los médicos, comenzó en febrero de 2025
De acuerdo con el relato incorporado a la demanda, el primer antecedente formal se produjo el 25 de febrero de 2025, cuando Molina y Krenz, junto al médico Carlos Mario Navarro Martínez, presentaron una nota ante la Dirección del Hospital Municipal para denunciar una serie de situaciones que, según afirmaron, se producían dentro del Servicio de Urología y que atribuían al entonces jefe del área, Fabián Petrone.
En esa presentación, según los demandantes, se denunciaron acusaciones que consideraban infundadas, episodios de violencia verbal, intentos de agresión física y otras situaciones vinculadas con el clima laboral.
Los médicos aseguran que solicitaron entonces la intervención de las autoridades hospitalarias.
Siempre según lo planteado en la demanda, la respuesta de la Dirección del Hospital llegó recién el 12 de diciembre de 2025. En ella, sostienen los actores, se indicó que la Dirección no había recibido una denuncia por parte del entonces jefe del Servicio y que, por ese motivo, no correspondía emitir una aclaración institucional ni iniciar una actuación administrativa.
Los profesionales cuestionan en el escrito el tiempo transcurrido entre su presentación y esa respuesta y sostienen que durante ese período el conflicto se habría agravado.
Licencias médicas y denuncias penales
Los demandantes vinculan la evolución del conflicto con el inicio de licencias médicas por indicación de una especialista en psiquiatría.
Según relatan, las licencias comenzaron en octubre de 2025 y estuvieron relacionadas con el impacto que, de acuerdo con su presentación judicial, habría tenido el conflicto laboral sobre su estado psíquico.
Posteriormente, los días 3 y 6 de febrero de 2026, Molina y Krenz realizaron denuncias penales ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 del Departamento Judicial de Azul.
Los médicos sostienen que esas denuncias fueron consecuencia del agravamiento de una situación que, según su versión, la Municipalidad ya conocía desde febrero de 2025.
La presentación judicial señala además que las denuncias penales fueron comunicadas a la Municipalidad mediante Telegramas Ley enviados el 11 de febrero de 2026.
Según los actores, la respuesta municipal llegó mediante cartas documento del 20 de febrero de 2026, en las que se habría señalado que la existencia de las denuncias penales no constituía por sí misma un motivo suficiente para iniciar actuaciones disciplinarias contra el entonces jefe del Servicio.
La reunión de marzo y el pedido de reorganización del Servicio
Otro de los episodios que los médicos consideran relevante ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando fueron convocados a una reunión con autoridades del Hospital Municipal.
En la demanda sostienen que en ese encuentro manifestaron su voluntad de reincorporarse al Servicio de Urología cuando su médica tratante considerara que estaban en condiciones de hacerlo y siempre que existieran condiciones adecuadas para regresar al ámbito laboral.
También aseguran haber planteado alternativas para reorganizar el Servicio de Urología, incorporar nuevos profesionales y atender el atraso asistencial que, según describen, atravesaba el área.
Cinco días después, de acuerdo con el escrito, la Municipalidad comunicó que dispondría la instrucción de un sumario administrativo contra Fabián Petrone.
Para los demandantes, ese episodio demostraría que la propia Administración reconocía la existencia de una problemática que excedía un conflicto exclusivamente interpersonal.
La discusión por las licencias médicas
Uno de los puntos centrales de la demanda está relacionado con las licencias médicas y las intimaciones cursadas por la Municipalidad.
Según el escrito, mediante cartas documento del 22 de abril de 2026, la Municipalidad dejó sin efecto las licencias médicas de ambos profesionales y los intimó a presentarse ante la Dirección de Recursos Humanos del Sistema de Salud, bajo apercibimiento de considerar configurado el abandono de trabajo previsto en el artículo 107 inciso i) de la Ley 14.656.
Molina y Krenz rechazaron esa decisión el 27 de abril y sostuvieron que sus licencias se encontraban vigentes y habían sido otorgadas por una médica especialista en psiquiatría.
En este punto, la demanda plantea una de las principales discusiones que los médicos pretenden llevar ante la Justicia: si la Municipalidad podía considerar configurado el abandono de trabajo mientras ellos sostenían encontrarse amparados por licencias médicas.
Los profesionales cuestionan además la actuación de una junta médica de la propia Administración y sostienen que, ante una eventual discrepancia entre los profesionales municipales y su médica tratante, debió intervenir un organismo imparcial.
El planteo sobre su actividad profesional fuera del Hospital
Otro de los argumentos que los demandantes cuestionan es el utilizado por la Municipalidad respecto de que ambos continuaban desarrollando actividad profesional en otros efectores.
Según surge de la demanda, los decretos de cesantía habrían considerado esa circunstancia incompatible con una imposibilidad de desempeñar tareas laborales.
Los médicos rechazan esa interpretación y sostienen que nunca afirmaron estar imposibilitados para ejercer la medicina, sino que las restricciones médicas estaban vinculadas específicamente con el ámbito del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, escenario en el que, según su versión, se había originado el conflicto.
En la presentación también se cita una declaración pública atribuida al director del Hospital, Fernando Alí, en la que habría hecho referencia a que los profesionales se encontraban con licencia médica en el sector público mientras continuaban atendiendo en el ámbito privado.
Los demandantes consideran que esas manifestaciones constituyeron una exposición negativa de su situación y cuestionan que una línea argumental similar haya sido incorporada posteriormente a los decretos de cesantía.
Las cesantías
El punto central de la acción judicial son los Decretos N° 2620/2026 y N° 2621/2026, ambos del 4 de junio de 2026.
Según la demanda, mediante esas normas administrativas se dispuso la cesantía de Molina y Krenz bajo el argumento de que se había configurado la causal de abandono de trabajo contemplada en la Ley 14.656.
Los médicos sostienen que esa causal no existió y solicitan que ambos decretos sean declarados nulos.
En ese sentido, cuestionan la motivación de los actos administrativos y sostienen que la Municipalidad habría realizado una valoración fragmentaria de los antecedentes, sin considerar —según su planteo— las licencias médicas, las comunicaciones intercambiadas, el conflicto existente dentro del Servicio de Urología y las distintas manifestaciones de voluntad de reincorporarse.
La demanda también sostiene que la decisión municipal habría sido adoptada antes de que los profesionales pudieran responder a una de las intimaciones cursadas.
Salarios caídos y resarcimiento por daño moral
Además de la nulidad de los decretos y la reincorporación al Hospital Municipal, Molina y Krenz reclaman el pago de todos los salarios caídos desde las cesantías y hasta su eventual reincorporación, incluyendo adicionales, bonificaciones, sueldo anual complementario y otros conceptos remuneratorios.
La demanda solicita que esos montos sean actualizados y que se adicionen los intereses correspondientes.
Pero el reclamo no se limita al aspecto laboral y patrimonial. Los dos urólogos también solicitan un resarcimiento por daño moral.
En un capítulo específico de la presentación, titulado “Daño moral. Consecuencias de la exposición pública negativa”, sostienen que la situación tuvo una repercusión que excedió el ámbito administrativo y que fueron públicamente señalados como médicos despedidos “por irregularidades en sus comportamientos profesionales”.
Los profesionales consideran que esa exposición, sumada a la cesantía que cuestionan, habría afectado su honor, dignidad y prestigio profesional frente a pacientes, colegas, familiares y la comunidad de Olavarría.
Por ese motivo, solicitan que la Municipalidad sea condenada a reparar el daño moral y dejan la determinación del monto a criterio del juez.
El juez pidió al Municipio que remita los expedientes administrativos
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Azul, Pablo Quaranta, en las últimas horas comenzó a dar los primeros pasos en el expediente judicial aunque, antes de admitir formalmente la demanda, solicitó algunas medidas, propias del proceso.
El magistrado ordenó a la Municipalidad de Olavarría que, en un plazo de 15 días, remita los expedientes administrativos vinculados con los hechos y las pretensiones planteadas por los dos urólogos.
