Emprendimiento familiar: una madre y su hija irán a juicio acusadas de vender drogas en Olavarría

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la elevación a juicio de la causa que investiga a una madre y su hija por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en Olavarría.
Los jueces rechazaron el pedido de sobreseimiento de una de ellas y también el planteo para quitar la agravante vinculada con la participación de tres o más personas organizadas. En el fallo reconocieron que existen dudas sobre una conversación telefónica utilizada como prueba, pero consideraron que deberán ser discutidas durante el juicio oral.
La resolución alcanza a Stella Maris Macedo y Victoria Soledad Garro, quienes están acusadas de comercialización y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometer el delito.
La defensa había apelado una resolución del juez de Garantías N.º 2 de Olavarría, Carlos Eduardo Villamarín, que había rechazado el sobreseimiento de Macedo y el cambio de calificación legal solicitado para Garro. En el primer caso, la defensa sostuvo que no existían elementos suficientes para vincular a Macedo con la actividad investigada. En el segundo, cuestionó que estuviera acreditada la intervención organizada de tres o más personas.
Uno de los puntos centrales del planteo defensivo estuvo relacionado con una conversación telefónica que había sido considerada relevante para vincular a Macedo con una presunta entrega de estupefacientes. La interlocutora de ese intercambio, Micaela Ayelén Boegershausen, declaró posteriormente como testigo y sostuvo que el diálogo había sido interpretado de manera equivocada: según su explicación, se refería a una deuda por juego online y no a una operación de venta de drogas.
El juez Gustavo Agustín Echevarría, autor del voto al que adhirieron sus colegas Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere, reconoció expresamente que subsisten dudas sobre la participación de Macedo y que existe cierta ambigüedad respecto del contenido del mensaje. Sin embargo, entendió que esos elementos no alcanzan para cerrar el proceso en esta instancia.
En sus fundamentos, Echevarría explicó que la etapa previa al juicio no exige el mismo grado de certeza que una sentencia condenatoria. Para elevar una causa a debate, señaló, alcanza con una probabilidad razonablemente fundada sobre la existencia del delito y la participación de las personas imputadas. En cambio, para disponer un sobreseimiento debe existir certeza negativa o una situación de improbabilidad respecto de esos extremos.
Al desarrollar ese criterio, el magistrado sostuvo: “Si existe prueba de cargo y otra que la pone en crisis —sin que llegue a anularla de manera incontrastable— la controversia no puede ser resuelta en la etapa de examen de la requisitoria”.
El juez consideró que la declaración de Boegershausen pone en discusión la interpretación de la conversación, pero que esa contradicción puede ser aclarada mediante nuevos interrogatorios y, eventualmente, con la incorporación de otras pruebas durante el debate. También señaló que la duda puede ser suficiente para denegar una medida de coerción, pero no tiene la contundencia necesaria para cerrar la investigación por falta de certeza negativa.
Otro elemento valorado por Echevarría fue que, durante el allanamiento realizado en la vivienda que compartían Macedo y Garro, se encontraron elementos vinculados con la investigación en espacios comunes del inmueble, entre ellos la cocina comedor. Para el magistrado, esa circunstancia constituye un indicio que permite sostener la imputación contra Macedo y que deberá ser analizado junto con el resto de la prueba.
La Cámara también rechazó el planteo para modificar la calificación legal atribuida a Garro. La defensa había cuestionado que se configurara la agravante por la intervención de tres o más personas organizadas y sostuvo que no estaba acreditada una estructura con división de tareas. Los jueces entendieron que ese planteo tampoco justificaba modificar la calificación en esta etapa.
Finalmente, los tres integrantes de la Cámara rechazaron el recurso de apelación y confirmaron la resolución de Villamarín. De esa manera, la investigación penal preparatoria fue elevada al Tribunal Oral en lo Criminal que corresponda para la realización del juicio contra Macedo y Garro, bajo la calificación agravada prevista en la Ley 23.737.
