¿Sigue existiendo el pueblo en la era de las redes?

Opinión / Carlos Verucchi / En Línea Noticias (Twitter: @carlos_verucchi)
Durante mucho tiempo, la política se pensó como el espacio donde se representaba a un sujeto relativamente claro: el pueblo. Se discutía quién lo encarnaba mejor, quién lo interpretaba, quién hablaba en su nombre. Pero se partía de un supuesto: que ese pueblo, de algún modo, existía.
Hoy esa idea cruje.
Si algo muestran las redes sociales es que el pueblo ya no es un dato previo, sino una construcción frágil, inestable y, sobre todo, fragmentada. No hay un “nosotros” evidente esperando ser representado. Hay, en cambio, múltiples malestares dispersos que pueden articularse —o no— en identidades políticas.
En este punto, la política contemporánea recupera una intuición clave: el pueblo no se descubre, se construye. Pero lo que cambia radicalmente son las condiciones en las que esa construcción ocurre.
Las redes sociales no son solo un canal de comunicación. Son un entorno que organiza qué vemos, qué nos indigna, qué nos emociona. No nos dicen directamente qué pensar, pero sí modelan el campo de lo pensable. En ese marco, la articulación de demandas —aquello que permite que distintas frustraciones se conviertan en un “nosotros”— ya no sucede en un espacio común, sino en múltiples burbujas simultáneas.
Cada usuario recibe una versión parcial del mundo. Cada grupo se encuentra con sus propios problemas, sus propias explicaciones y, cada vez más, sus propios enemigos. El resultado es que distintos sectores pueden sentirse parte del “pueblo” sin compartir prácticamente nada entre sí.
La consecuencia no es menor: ya no hay un único pueblo en disputa, sino varios pueblos coexistiendo en paralelo. Cada uno con su narrativa, su identidad y su certeza de representar lo verdadero.
En este escenario, el liderazgo político no consiste solo en interpretar demandas sociales, sino en producir las condiciones para que esas demandas se encuentren, circulen y se refuercen. No alcanza con tener razón; hay que lograr que esa razón sea visible, repetida y emocionalmente significativa en entornos donde la atención es el recurso más escaso.
Esto vuelve más eficaz a la política, pero también más inestable. Porque si el pueblo se construye en circuitos fragmentados, también puede desarmarse con la misma velocidad. Y porque la posibilidad de un espacio común —donde las diferencias se tramiten como parte de una misma comunidad política— se vuelve cada vez más difícil.
Tal vez ahí esté uno de los grandes desafíos del presente: no solo construir un pueblo, sino reconstruir las condiciones para que ese pueblo pueda reconocerse como tal.
En la última década, dos experiencias marcaron con fuerza la escena política iberoamericana: el 15M de 2011 en España y el movimiento estudiantil chileno durante el mismo año. Aunque surgieron en contextos distintos, ambos expresaron algo común: el agotamiento de formas tradicionales de representación y la irrupción de nuevas subjetividades políticas que desbordaron a los partidos existentes.
En mayo de 2011, miles de personas ocuparon plazas en distintas ciudades de España bajo una consigna tan simple como disruptiva: “no nos representan”. La crítica no apuntaba únicamente a un gobierno o a una medida específica, sino al funcionamiento mismo de la democracia representativa. El 15M condensó una serie de malestares heterogéneos —desempleo, precarización, corrupción, desigualdad— en una forma de acción política que prescindía de liderazgos claros y estructuras jerárquicas. La plaza se convirtió en espacio de deliberación, pero también en símbolo de una política por fuera de los canales institucionales.
Ese mismo año, en Chile, el movimiento estudiantil protagonizó una de las mayores movilizaciones desde el retorno a la democracia. Las demandas, en este caso, tenían un eje más definido: la educación como derecho y no como mercancía. Sin embargo, lo que comenzó como una reivindicación sectorial rápidamente se amplió hacia una crítica más profunda al modelo neoliberal heredado de la dictadura. Las marchas estudiantiles no solo cuestionaban el sistema educativo, sino el conjunto de relaciones sociales que lo sostenían.
Ambos procesos pueden leerse, en términos de teoría política, como momentos de desarticulación del orden existente y de emergencia de nuevas formas de identificación colectiva. No había un sujeto político predefinido: ni “la clase obrera” en sentido clásico, ni una organización que condujera el proceso. En su lugar, lo que aparece es una multiplicidad de demandas que, al articularse, comienzan a construir un “nosotros” aún inestable, pero políticamente potente.
Sin embargo, hay un punto en el que ambas experiencias divergen, y ese punto es decisivo: el intento de pasar de la protesta a la institucionalidad.
En España, el 15M encontró su traducción política en la aparición de Podemos. En pocos años, una fuerza surgida al calor de la movilización social logró disputar el poder electoral y formar parte del gobierno. Ese proceso implicó una transformación significativa: de la horizontalidad de la plaza a la lógica necesariamente más vertical y estratégica de la política institucional. La consigna “no nos representan” se desplazó hacia la construcción de una nueva representación.
En Chile, el recorrido fue más largo, pero no menos significativo. Muchos de los dirigentes estudiantiles de 2011 ingresaron al sistema político y, una década después, uno de ellos alcanzó la presidencia. Sin embargo, a diferencia del caso español, el intento de traducir la energía de la movilización en cambios estructurales encontró límites más evidentes. El rechazo a la nueva Constitución en 2022 mostró que la construcción de mayorías sociales para sostener transformaciones profundas es un proceso más complejo que la expresión del descontento.
Este punto permite introducir una reflexión más general: la protesta tiene una enorme capacidad para unificar en el rechazo, pero gobernar exige construir consensos en torno a una propuesta. Y esa transición no es lineal ni está garantizada.
Tanto en España como en Chile, la irrupción de estos movimientos evidenció una crisis de representación. Pero también puso de manifiesto las dificultades de producir una nueva hegemonía que no solo expresara el malestar, sino que lograra estabilizarlo en una forma política duradera. En ese tránsito, las demandas se reconfiguran, los sujetos se redefinen y las expectativas se enfrentan con los límites de lo posible.
Quizás la lección más importante de estos procesos no sea si lograron o no sus objetivos iniciales, sino haber mostrado que la política sigue siendo un terreno abierto, donde lo social no está completamente fijado y donde nuevas articulaciones pueden emerger. Pero también que ninguna de esas articulaciones está asegurada de antemano.
Entre la plaza y las urnas hay una distancia que no se salda solo con voluntad transformadora. Es allí, en ese espacio intermedio, donde se juega buena parte de la política contemporánea.
Tal vez el problema ya no sea quién representa al pueblo, sino que el pueblo ha dejado de ser uno.
Y cuando no hay un nosotros compartido, la política deja de ser disputa para volverse ruptura.
La seguimos el domingo que viene.