Una fiscal cordobesa pidió que se revoque una autorización para realizar la operación de un trasplante de riñón por considerar que el donante fue convencido de donar el órgano a cambio de una moto y la promesa de convertirlo en heredero del paciente.

La legislación del país prohíbe
la oferta de gratificación en un caso de trasplante, porque sólo puede
haber una donación por motivos altruistas o para colaborar con
investigaciones científicas.
El caso fue revelado por el diario La Voz, que informó que el juez en lo Civil y Comercial de 51ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Gustavo Massano, autorizó a un hombre de 67 años a recibir un riñón de un donante vivo con quien no tiene lazo familiar.

A favor de la legitimidad de la donación, la familia del paciente declaró que con el donante había un lazo afectivo importante
del cual surgió la intención de ofrecerse para colaborar con la salud
del paciente. El planteo fue avalado por el juez, quien tras una serie
de informes técnicos y entrevistas con los involucrados decidió que no se había consumado la recompensa económica denunciada.

De todos modos, la fiscal Alicia García de Solavgione
apeló el pasado miércoles al entender que existen motivos de extrema
gravedad para suspender la ablación. La fiscal consideró que el donante es empleado del hijo del hombre de 67 años que espera el trasplante y que por lo tanto existe una «relación laboral de dependencia y de subordinación económica«.

En su escrito de apelación la fiscal dio por probado que al donante le ofrecieron una moto y hasta declararlo como heredero testamentario.
Según García, el paciente admitió que había conversado con su esposa y
que habían pensando en «después de haberse hecho los estudios y decidido
totalmente, que habría que darle una recompensa. Hasta le dije a mi
esposa que lo quiero tanto (…) que lo quiero poner en mi testamento con mis tres hijos«.

El magistrado consideró que «el derecho a donar del joven debe ser considerado como una decisión personalísima y como tal, inherente a su libertad y autonomía, constituyente de su propio y exclusivo plan de vida».

La ley que regula los trasplantes prohíbe «toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos o materiales anatómicos, en vida o para después de la muerte, y a la intermediación con fines de lucro«. La sanción prevista por la legislación actual es de hasta cinco años de prisión.