Impulsan la eximición del pago de patentes a los bomberos voluntarios

A modo de devolver el esfuerzo que cotidianamente realizan los bomberos voluntarios, el diputado del Frente Amplio Progresista Aldo García presentó un proyecto de ley para eximir del pago de patentes automotor al personal que preste servicio activo en los cuerpos de la provincia de Buenos Aires.

El beneficio en cuestión alcanza a quienes posean ciclomotores, motos, autos y camionetas, siempre que los vehículos estén destinados a uso particular.

Como requisito indispensable la norma exige un mínimo de tres años de enrolamiento como personal de cuerpo activo bomberil para el solicitante, acreditados con un certificado emitido por la comisión directiva de la institución en donde preste servicios y avalado por la Federación que los nuclea.

“Yo creo que sería un importante aporte para estos servidores públicos la posibilidad de concretar esta iniciativa, que llevaría consigo un merecido reconocimiento al personal activo de los cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires y, de algún modo, es una manera de brindar una contraprestación estatal a su encomiable tarea”, señaló el autor del proyecto en diálogo con Diputados Informa.

La iniciativa también invita a los municipios a sumarse mediante las correspondientes ordenanzas de adhesión a la presente ley, eximiendo del pago del impuesto a los usuarios que se encuentren en la órbita municipal

Un fondo especial de financiamiento

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó el año pasado la creación de un fondo permanente para el equipamiento, capacitación y financiamiento operativo de los cuerpos de Bomberos Voluntarios.

El monto se conformará con el 0,5 por ciento del total recaudado en la provincia en concepto de impuesto inmobiliario rural y urbano, y su resultante será distribuido por la autoridad de aplicación bajo las siguientes pautas: un treinta por ciento en concepto de asignación fija a cada una de las asociaciones; un sesenta por ciento se distribuirá teniendo en cuenta la superficie de cada municipio y la cantidad de habitantes; un cinco por ciento será destinado al funcionamiento y representación de las entidades; y lo restante se afectará a la autoridad de aplicación para gastos de funcionamiento.

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