Congreso Nacional:  Diputados libertarios y macristas rechazaron un proyecto contra la ludopatía online 

De todas maneras la iniciativa logró media sanción y deberá ser tratada por el Senado.

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(Fuente: Página 12) – El proyecto de ley contra la ludopatía online ya tiene media sanción en el Congreso. Pese al lobby del sector y los movimientos de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, que no bajaron al recinto para el quórum y luego intentaron votar su «dictamen light», un amplio bloque opositor consiguió aprobar en Diputados el proyecto que, entre otros puntos, busca prohibir las publicidades de casas de apuestas virtuales en todos los medios, plataformas digitales, contenidos de influencers y hasta en las camisetas de fútbol. La iniciativa, que ahora deberá pasar por el Senado, también prevé la prohibición con datos biométricos del acceso a los sitios de apuestas para menores de 18 años.

Esta vez sí hubo quórum. Tras la sesión fallida del martes, y con un conteo en incertidumbre hasta último momento, la oposición consiguió habilitar la jornada con 137 diputados y diputadas en sus bancas. El número se alcanzó con legisladores de Unión por la Patria (UxP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), Encuentro Federal, la UCR e Innovación Federal. Las bancas vacías quedaron del lado del PRO y LLA, que bajaron al recinto una vez conformado el quórum para dejar en claro la postura que ya traían desde la discusión en comisiones con un dictamen de minoría con limitaciones a la publicidad más livianas que las del proyecto finalmente aprobado. Un esquema similar de votos opositores es el que, luego de más de ocho horas de debate, le dio media sanción al dictamen de mayoría, aprobado con 139 votos a favor, 59 abstenciones y 36 en contra. LLA votó en contra, mientras que el PRO y el sector radical de Rodrigo De Loredo se abstuvieron, defendiendo el dictamen de minoría.

Al tomar la palabra, el diputado de UxP Rogelio Iparraguirre se refirió primero a los intereses escondidos detrás de la decisión oficialista de obstaculizar el quórum al señalar que «en un tema como este eligen callar los que les da vergüenza defender los intereses de otros». Mónica Frade (CC), presidenta del plenario que debatió el proyecto, agregó en el mismo sentido que «los intereses que estamos tocando son los de los zares de casinos con que operan acá las empresas extranjeras y por los que muchos diputados y diputadas dudaban de dar quórum».

Aunque compartían varios puntos, los dos dictámenes tenían un punto diferencial en el eje sustancial de los proyectos: las limitaciones a la publicidad. Mientras que el proyecto aprobado estipula una prohibición taxativa para todos los medios, el del oficialismo y el PRO tenía una redacción más laxa al hablar de prohibición en medios de difusión o comunicación, sin especificar sobre las redes sociales, el rol de los influencers o las instituciones deportivas.

El proyecto de «Ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea» aprobado ahora en Diputados estipula en cambio la prohibición de publicidad directa o indirecta de «juegos de azar y de apuestas en línea» en plataformas y redes sociales, tecnologías de la información, comunicación audiovisual, publicidad exterior, cartelería en la vía pública y en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro.

Suma, además, la prohibición de auspicios de casas de apuestas en el ámbito deportivo, como por ejemplo en camisetas de fútbol, estadios u otras instalaciones, un punto especialmente sensible si se tiene en cuenta que buena parte de los clubes de primera división, incluyendo a Boca y a River, tienen hoy a diversas casas de apuestas como sponsor principal o secundario. Eso sin contar a las propias competiciones: el torneo actual de la AFA lleva el nombre de una plataforma de apuestas.

La inclusión de los influencers en el proyecto aparece justificada por las muchas causas judiciales que fueron creciendo en los últimos meses contra «creadores de contenidos» vinculados a la promoción de sitios de apuestas ilegales a modo de «captadores». El texto del proyecto prohíbe la publicidad de influencers e incluye en el mismo nivel a «testimonios de deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública o personajes de ficción». También se busca crear un «registro de autoexclusión» en el que los usuarios con situaciones problemáticas o sus familias podrán anotarse para pedir que las plataformas den de baja sus accesos a la web.

En su discurso, Iparraguirre apuntó que la discusión no debe limitarse sólo a un proyecto para niños, niñas y adolescentes sino que es un problema de la sociedad en general: «Si excluimos a los adultos del problema vamos a estar obturando la discusión de un problema que hay que verlo en contexto histórico», sostuvo. El diputado calificó a ese contexto como uno signado por el «deterioro en las condiciones de vida y con un mundo del trabajo que va perdiendo su lugar como medio para el desarrollo». «En este mundo emergen estas nuevas tecnologías y economías de plataformas que necesitan captar nuestros datos, mercantilizando toda nuestra experiencia de vida», advirtió.

La encargada de defender en el recinto el dictamen de minoría fue la diputada PRO Silvina Giudici, que ya lo había hecho en comisiones en una exposición que terminó en escándalo cuando le gritó «hijo de puta» a Maximiliano Ferraro, que la acusó de ser permeable «al lobby de Codere y Angelici». Ahora, Giudici repitió el argumento de que el dictamen opositor es demasiado reglamentarista y aseguró que las plataformas se deben «combatir» con «mecanismos dispuestos en la regulación ya existente». Rechazó, por ejemplo, la inclusión de la figura del influencer «porque no está tipificada en ningún ámbito de nuestro país», y aseguró que debería fomentarse el «control parental» por parte de las familias en las casas.

Por el oficialismo tomó la palabra Lilia Lemoine, que se quejó de que el proyecto aprobado busca «que el Estado intervenga en las decisiones personales de los individuos»: «Es verdad, las apuestas hacen plata, y sí, es un negocio, pero con el mismo principio de censura y regulación, ¿qué es lo siguiente? ¿prohibir las redes sociales?», se preguntó extrañamente la diputada, que prosiguió: «La publicidad masiva genera cierta tendencia a que adolescentes y niños sean condicionados, por eso no estamos de acuerdo con la ideología de genero en la ESI, así que ustedes nos están diciendo que están de acuerdo con la publicidad en algunos casos y en otros no».

También Bertie Benegas Lynch se lamentó de que «nos transformemos en emperadores de coliseo y terminamos regulando absolutamente todo, en contra de la vida, la libertad y la igualdad ante la ley». «Mussolini estaría fascinado», arriesgó. En paralelo a la sesión, en su exposición en el Senado, el jefe de Gabinete Guillermo Francos dejaba su rechazo retórico al juego online: «El juego es un cáncer, suprimiría los casinos y el juego online», decía en contraposición con el voto del oficialismo, al tiempo que aseguraba desconocer que Javier Ordoñez, el recientemente designado secretario de Niñez, fue CEO de la empresa Codere.

El proyecto establece la prohibición de ingreso de menores de 18 años a las páginas. En rigor, los sitios ya deberían tener restringido el ingreso de niños, niñas y adolescentes, pero las barreras son laxas y no están asociadas a mecanismos de verificación. En este sentido, el proyecto aprobado estipula que las plataformas deberán incorporar tecnología biométrica con reconocimiento facial para la validación de la edad asociada con los datos del Renaper. La misma tecnología deberá ser utilizada para el uso de billeteras virtuales, mientras que también se prevé la prohibición de los llamados «bonos de bienvenida» con los que las plataformas buscan atraer a los y las usuarias a sus primeras apuestas.

Tras el paso por Diputados, el camino del proyecto se torna ahora algo más impredecible. El fin del período de sesiones ordinarias está a la vuelta de la esquina y el rechazo del oficialismo al texto aprobado descarta que el tema pueda ser incorporado en el llamado a sesiones extraordinarias, si es que el Ejecutivo finalmente confirma ese llamado. Así, el tratamiento en el Senado quedaría recién para el año que viene.