Inundación trágica en La Plata: Provincia y Municipio deberán pagar por las «omisiones» a la hora de prevenir

Una sentencia de esta semana atribuyó responsabilidad compartida a ambos Estados por las fallas en prevención y respuesta ante el temporal. Las tres hijas de Orlando Logiurato, una de las al menos 89 víctimas fatales, recibirán una indemnización de 36 millones de pesos más intereses.


La jueza María Fernanda Bisio, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de La Plata, condenó a la Provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata por la muerte de Orlando Ricardo Logiurato, quien falleció durante la inundación del 2 de abril de 2013. En el fallo, firmado el 17 de noviembre, consideró acreditado que las omisiones de ambos Estados en materia de infraestructura, mantenimiento, planificación urbana y gestión del riesgo contribuyeron a agravar las consecuencias de las lluvias extraordinarias.

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Foto NA: AGLAPLATAzzzz

La resolución no desconoce la magnitud excepcional del fenómeno meteorológico. De acuerdo con el informe del Departamento de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, durante las 24 horas de aquel día se registraron 392 milímetros de lluvia y, entre las 16.25 y las 19.25, cayeron 303,80 milímetros. Fue el peor episodio del que se tenía registro desde 1909.

Sin embargo, para la magistrada, la excepcionalidad de las precipitaciones no alcanzaba para explicar por sí sola la dimensión de la tragedia. En uno de los pasajes centrales de la sentencia sostuvo que “la catástrofe consecuente no lo es en absoluto y sólo se explica por la desidia de las autoridades frente a las advertencias generadas por inundaciones previas en la Ciudad de La Plata frente a lluvias de menor magnitud”.

El expediente corresponde a la demanda presentada por las hijas de Logiurato: Nélida Beatriz, Romina Luján y María Soledad Logiurato Cali. El hombre tenía 62 años y, según reconstruyó la sentencia a partir de lo relatado por sus familiares, alrededor de las 18 del 2 de abril intentaba regresar a su domicilio cuando la cantidad de agua acumulada le impidió continuar. Con el agua a la altura de la cintura, buscó llegar hasta la casa de su madre, ubicada a una cuadra, en calle 35 entre 24 y 25. En determinado momento perdieron contacto con él.

Al día siguiente, sus hijas llegaron hasta la zona de 23 y 34, donde se encontraban los Bomberos. Allí les indicaron que debían dirigirse a la Morgue para reconocer el cuerpo. No pudieron verlo y la identificación se realizó mediante fotografías. El acta de defunción estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión.

La sentencia reconoce a Logiurato como una de las víctimas fatales de la inundación. En ese punto, el fallo menciona el listado de 52 víctimas difundido por el Poder Ejecutivo provincial y reconocido formalmente en una sentencia judicial firme de 2014. Esa referencia corresponde al registro incorporado al expediente; la cifra de al menos 89 víctimas fatales fue la que circuló públicamente al dimensionar el saldo de la inundación.

Las responsabilidades de la Provincia y el Municipio

Uno de los ejes del análisis judicial fue determinar qué obligaciones concretas tenía cada uno de los Estados demandados. La Provincia y el Municipio habían intentado trasladarse mutuamente la responsabilidad por las deficiencias de la infraestructura hidráulica y la falta de mantenimiento.

Bisio explicó que la Ley 10.106 establece la competencia provincial en materia de estudios, planificación, ejecución y financiación de obras hidráulicas, incluidos los desagües pluviales urbanos. A su vez, la Ley 8553 transfirió a la Municipalidad de La Plata las obras de desagüe existentes dentro del distrito y le asignó expresamente las tareas de limpieza, desobstrucción y mantenimiento.

También señaló las obligaciones municipales en materia de planificación urbana y territorial, establecidas por el Decreto-Ley 8912/77, que coloca en el nivel local la responsabilidad primaria sobre el ordenamiento territorial y el uso del suelo.

A partir de ese marco normativo, la jueza concluyó que la Provincia debía hacerse cargo del diseño, la planificación y la construcción de la infraestructura hidráulica, mientras que el Municipio tenía a su cargo el mantenimiento de los conductos existentes y la planificación urbana. Consideró que el incumplimiento de esos deberes configuró una omisión antijurídica.

La magistrada también puso el foco en los antecedentes de inundaciones anteriores, particularmente las de 2002 y 2008. Según el informe de la UNLP incorporado a la causa, esos episodios ya habían advertido sobre el riesgo hídrico de la región y la necesidad de contar con una gestión integral para afrontar eventos de esa naturaleza.

La falta de alertas y una respuesta tardía

El fallo recuperó las conclusiones del estudio universitario sobre las causas y consecuencias de la inundación. Allí se identificaron, además de la magnitud de la tormenta y la ocupación urbana de zonas próximas a los cauces, la inexistencia de una gestión integral del riesgo como un factor determinante en la falta de acciones preventivas y de respuesta durante la emergencia.

Entre las falencias señaladas se mencionó que no se había emitido una alerta meteorológica por tormentas severas antes de que se registraran precipitaciones cercanas a los 300 milímetros en tres horas. También se describió que, una vez que se advirtió la magnitud del fenómeno, las acciones desplegadas a nivel local fueron “tardías, caóticas e insuficientes” y que faltó articulación entre los distintos organismos responsables.

La sentencia también analizó una simulación matemática sobre el funcionamiento del sistema de drenaje de la cuenca del Arroyo del Gato. El estudio estimó que, aun si se hubieran ejecutado todas las obras proyectadas y las existentes hubieran funcionado en condiciones óptimas, la superficie inundada se habría reducido un 10% y la altura del agua unos 30 centímetros.

Ese dato llevó a la jueza a reconocer que las obras hidráulicas, por sí solas, no habrían evitado una inundación de semejante magnitud. Pero aclaró que eso no eliminaba la responsabilidad estatal: el mantenimiento de los desagües, la planificación urbana y, especialmente, las medidas de prevención y alerta habrían permitido reducir los daños.

En ese sentido, consideró que un sistema de alerta temprana podría haber disuadido a la población de salir de sus casas o, al menos, advertido sobre la necesidad de ubicarse en lugares elevados.

Responsabilidad compartida e indemnización

Al analizar el vínculo entre las omisiones estatales y la muerte de Logiurato, Bisio admitió parcialmente el argumento de las demandadas sobre el carácter extraordinario de las lluvias. Por ese motivo, reconoció una eximente de responsabilidad del 30% atribuible al caso fortuito.

El 70% restante quedó a cargo de los dos Estados. La jueza distribuyó esa responsabilidad en partes iguales: 50% para la Provincia de Buenos Aires y 50% para la Municipalidad de La Plata. Explicó que, ante la falta de estudios científicos que permitieran establecer cuánto había incidido individualmente cada incumplimiento, correspondía que ambas jurisdicciones afrontaran el costo de la indemnización en la misma proporción.

En cuanto a los daños reclamados, la sentencia reconoció el daño moral sufrido por las tres hijas de Logiurato y fijó una reparación de 12 millones de pesos para cada una, lo que representa un capital total de 36 millones de pesos. La magistrada aclaró que esos montos ya contemplan la reducción del 30% por la excepcionalidad de las lluvias.

En cambio, rechazó el reclamo por pérdida de chance o ayuda económica futura, al considerar que no se habían aportado pruebas suficientes sobre los ingresos del hombre ni sobre una eventual asistencia económica a sus hijas, que al momento de su muerte eran adultas. También descartó el reconocimiento de un daño biológico autónomo y de gastos por tratamientos psicológicos, debido a que las pericias no acreditaron una incapacidad permanente ni indicaron la necesidad de esas terapias.

Sobre el capital indemnizatorio se aplicará un interés puro del 6% anual desde el hecho lesivo, que la sentencia sitúa el 3 de abril de 2013, hasta el dictado del fallo. A partir de allí y hasta el efectivo pago, se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo a 30 días.

La suma resultante deberá abonarse dentro de los 60 días posteriores a que quede firme la liquidación. Las costas del proceso también fueron distribuidas entre las demandadas en partes iguales.

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