Un diputado quiere eliminar la afiliación forzosa al IOMA
En la actualidad, el diputado provincial del Frente Renovador , quiere reformar esta normativa, y permitir la “libre afiliación” de los empleados de la administración pública bonaerense.
Mediante un proyecto de ley, el legislador propuso una reforma a la ley que rige al IOMA, y permita la “libre elección de obra social” a los empleados estatales bonaerenses. La medida incluye a quienes trabajan en el ámbito provincial y en los 135 municipios, que por el momento se mantienen cautivos en la entidad. Para esto, Monfasani pretende reformar el régimen de afiliación forzosa para garantizar a los empleados públicos el “derecho de libre elección” de su obra social, compatibilizando con “los derechos y beneficios consagrados en la legislación vigente a nivel nacional”.
La iniciativa legislativa pretende incorporar un articulado al texto de la vigente ley 6.323 que regula el funcionamiento de la obra social, el cual asegura a los afiliados activos “el derecho de libre elección de su obra social y/o contratación de prestatarios privados de servicios relacionados al cuidado de la salud. Esto sería posible a través de una decisión individual y escrita de quienes pretendan realizar la opción, regulando pormenorizadamente, las condiciones y pautas de su ejercicio”, agrega el proyecto.
En los fundamentos de la iniciativa se resalta que “la regulación del ejercicio de libre elección del sistema de seguro social en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se gesta no solo en una intención de consagración legal de nuevos derechos y garantías”. Y explica que también funciona “como una medida frente a la situación de emergencia institucional y financiera que presenta hoy día el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, particularmente acentuando en las deficiencias que padece su sistema prestacional”.
Al respecto, el diputado Monfasani explicó que “el sistema provincial de salud se encuentra en emergencia y los agentes que lo integran presentan dificultades que repercuten en sus beneficiarios, tanto en la accesibilidad a los servicios de salud como en la calidad de las prestaciones que aquellos reciben”. El representante del massismo remarcó “que la gravosa situación institucional que atraviesa el IOMA, irremediablemente nos obliga a idear desde la Cámara Baja Bonaerense, medidas institucionales que permitan remediar los perjuicios ocasionados a los afiliados, evitando daños mayores a futuro”.
“Desde el Bloque Frente Renovador estamos convencidos que la consagración del derecho de libre elección de obra social se constituye en una de ellas, pues posibilitará a los beneficiarios del sistema instituido por ley 6.982 escapar a una condición de sujeción obligatoria en relación a un organismo deficitario, que hoy día se encuentra imposibilitado para funcionar plenamente”, sostuvo.
Sin embargo, la apertura de este régimen puede terminar con una masiva salida de estatales a otras obras sociales, debido a las falencias en la atención que existen hoy en el IOMA. Pero el proyecto de Monfasani busca hacer de esta amenaza una fortaleza, ya que con “la pretendida reforma se intenta generar una mayor competitividad entre las obras sociales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y por tanto, un sistema competitivo dentro de un marco de genuina libertad para los beneficiarios”, afirma los fundamentos de la ley.
“Sin duda, estimamos que una pérdida de beneficiarios redundará en una mayor eficiencia en la prestación de los servicios, obligando a sus responsables a modificar las políticas actuales y prestaciones de servicios para la captación de nuevos afiliados”, concluyó el diputado.
Haciendo un poco de historia, la desregulación de la seguridad social producida a fines de los años 90 generó entre otras cuestiones que los trabajadores pudieran migrar de obra social si así lo querían, incluso pasando sus aportes a una prepaga. Esta medida excluyó a las entidades estatales, en especial a las más grandes como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). De esta forma, se mantuvo en el padrón a los estatales de todas las ramas, a los empleados de las comunas y a los policías de manera obligatoria dentro de la atención, con el pretexto de evitar “fugas masivas”.
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