Opinión | La Universidad Argentina a 70 años de la ley de gratuidad

Opinión / Carlos Verucchi / En Línea Noticias Twitter: @carlos_verucchi [email protected]

Cobijo de las vanguardias, formadoras de clases dirigentes, impulsoras de cambios sociales, opositoras a gobiernos autoritarios, escuelas donde se ensayan los valores democráticos, las universidades han tenido un rol indisolublemente ligado al crecimiento o al atraso de las naciones. Conservan la capacidad de observar los hechos desde una perspectiva atemporal, aisladas de las urgencias y la inmediatez de lo cotidiano, con licencia para ensayar soluciones alternativas a los problemas del entorno con el que conviven, para confrontar estrategias, comparar explicaciones. Un ámbito donde se fomenta el debate y la discusión.

Sin escapar a las características generales, pero más afectadas por los vaivenes de nuestra historia, las universidades argentinas han recorrido un sinuoso camino de marchas y contramarchas a lo largo del tiempo. El presente las encuentra debatiéndose en torno a viejas disyuntivas, intentando acoplarse armoniosamente a los mecanismos del crecimiento, pujando por retornar a sus tiempos de esplendor.

Como ocurre con muchas instituciones, la historia de nuestra Universidad se inicia en tiempos de la colonia. En el siglo XVI el Reino de España comenzó a fundar universidades en sus dominios de ultramar con el fin de alcanzar la unidad religiosa, garantizar una férrea vinculación con la corona y formar a los futuros burócratas que deberían ocuparse de la administración. En aquellos años se creó la Universidad de Chuquisaca (en la actual Sucre), donde se formarían Castelli, Monteagudo, Moreno y muchos otros criollos que tuvieron participación activa en tiempos de la independencia. En el territorio actual de nuestro país se creó en 1622 la Universidad de Córdoba. Ambas fueron administradas por la orden de los Jesuitas hasta su expulsión de todos los dominios del Reino de España en 1767. A partir de entonces el gobierno de la Universidad de Córdoba fue ejercido alternativamente por la orden de los franciscanos y por el clero secular. La formación que se impartía a los estudiantes era medievalista, basada en la escolástica, completamente contraria a la ilustración que ganaba terreno en Europa.

Después de la Revolución de Mayo la Universidad de Córdoba sirvió a los intereses del gobierno patrio. Hubo un intento fallido de trasladarla a Buenos Aires y más tarde, durante las guerras civiles, pasó a manos del Gobernador de Córdoba. Volvió a nacionalizarse después de Caseros y con la ley Avellaneda, en 1885, alcanzó la autonomía.

En 1821, entretanto, se creó la Universidad de Buenos Aires. Así, lentamente, la educación superior fue dejando de lado el modelo escolástico impuesto por las órdenes religiosas para adoptar un modelo napoleónico, en el que la Universidad se convertía en una herramienta indispensable para la instauración del sistema republicano y para el desarrollo de las naciones. Más tarde se crearon las universidades de La Plata, El Litoral y Tucumán.

En 1918 se produjo una revuelta entre los estudiantes de la Universidad de Córdoba que culminó sentando las bases de un nuevo modelo universitario, imitado luego en muchos otros países de Latinoamérica. La protesta se fundaba en el hecho de que muchas cátedras se hallaban sumamente desactualizadas en sus contenidos temáticos, los cargos docentes eran impuestos arbitrariamente por los rectores y el ingreso a la Universidad estaba limitado a ciertos sectores sociales. El nuevo modelo, basado en la reforma de 1918, impuso el ingreso irrestricto de los estudiantes, la designación de profesores por concurso público, la participación de los estudiantes y graduados en el gobierno universitario y la obligación, por parte de las universidades, de difundir abiertamente los conocimientos y adoptar un fuerte compromiso social. A partir de aquella reforma, el país atrajo a importantes investigadores de todo el mundo y consolidó un sistema científico que, entre muchos otros logros, derivó en la obtención de tres premios Nobel en ciencias, mérito totalmente inédito para un país subdesarrollado.

Sin embargo, los pilares fundamentales de la Reforma Universitaria no siempre estuvieron garantizados. En distintas oportunidades, a lo largo de este siglo que ha transcurrido desde 1918, las bases de la reforma debieron resistir embates de todo tipo. Durante estos días se cumplen 70 años de una ley que logró consolidar aún más el espíritu de los jóvenes del 18. En 1949 se promulgaba una ley que le confería al ingreso universitario un carácter gratuito y, de tal modo, se daba un paso más hacia una universidad inclusiva y abierta.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la historia de las universidades argentinas estuvo signada por constantes avances y retrocesos. Cada golpe de estado implicaba la intervención de los claustros, con la consecuente purga de profesores y cambios sustanciales en los programas de estudio. Poco antes del golpe de estado del 76, cuando sectores de derecha se habían impuesto dentro del gobierno peronista de Isabel Perón, se produjo un hecho curioso que atrajo la atención de la prensa de todo el mundo y refleja, de algún modo, el tenor del despropósito que afectaba al país por aquel entonces: el sacerdote Raúl Sánchez Abelanda, interventor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, recorría las aulas exorcizando los malos espíritus de Marx, Freud y Piaget.

Los años de democracia permitieron la consolidación de aquel modelo universitario reformista. Tal consolidación, ha permitido que en los claustros universitarios se comenzaran a plantear otros debates en relación al rol de la universidad pública. Uno de estos debates tiene relación con uno de los  objetivos fundamentales del sistema universitario, esto es: su rol como creador de conocimiento. Argentina, como todo país subdesarrollado, se encuentra, tecnológicamente hablando, en una posición desventajosa respecto de los países industrializados. Como consecuencia de esto, muchos de los problemas que surgen en nuestro país ya han sido resueltos en los países más adelantados, en los que actualmente se presentan problemas de otra índole. El dilema, entonces,  sería el siguiente: ¿deben nuestros investigadores abocarse a la resolución de los problemas que afronta el sector productivo nacional actualmente, o deben tratar de resolver los problemas que se presentan en el mundo industrializado? La primera de las alternativas pondría a los centros de investigación al servicio del crecimiento nacional pero, al mismo tiempo, alejaría a los investigadores de las fronteras del conocimiento y los empujaría a un nivel inferior o secundario desde el punto de vista científico. El país, por otro lado, quedaría en tal caso sometido a los países más adelantados, dependiendo aún más de ellos. La segunda de las alternativas permitiría disponer de un sistema científico y tecnológico de primer nivel, capaz de lograr contribuciones originales, aunque, por otro lado, alejaría a las universidades y a sus investigadores de los problemas que afrontan los medios productivos de nuestro entorno.

Brasil y Chile son dos ejemplos cercanos de la aplicación de una y otra estrategia. En el caso de Brasil, la Universidad se ha colocado a la par del sistema productivo y ha contribuido fuertemente al crecimiento de los últimos años. En el caso de Chile, país con una industria muy poco desarrollada, las universidades intentan ganarse un espacio en el contexto científico mundial y de ese modo sus investigadores han alcanzado niveles de excelencia en varias áreas. Ambas estrategias se han mostrado efectivas en estos casos, aunque, las condiciones en las que fueron aplicadas difieren fundamentalmente de las que se presentan en Argentina (un país que tradicionalmente ha sido el más industrializado de América Latina y con un sistema universitario de vanguardia en la región).

Pero más allá de políticas o estrategias, resulta absolutamente claro que sin una educación superior consolidada, las posibilidades de crecimiento y de justicia social son sumamente escasas. Sarmiento ya lo advertía desde su visionaria genialidad y amenazaba a los poderosos de su época: “¿No queréis educar a los niños por caridad? ¡Pues hacedlo por miedo, por precaución, por egoísmo! ¡Movéos, el tiempo urge; mañana será tarde! Vuestros palacios son demasiado suntuosos al lado de barrios demasiado humildes. El abismo que media entre el palacio y el rancho, lo llenan las revoluciones con escombros y con sangre. Pero os indicaré otro sistema de nivelarlo: la escuela” (extraído de La Tragedia Educativa, Guillermo Jaim Etcheverry, 1999). Detrás de su evidente pragmatismo, la frase esconde una verdad que muchos países ya han comprendido. Bastaría cambiar niños por jóvenes y escuela por universidad y quedaría inmediatamente adecuada a nuestros tiempos.

Se avecinan tiempos en los que el rol de la Universidad será cada vez más protagónico. De su despertar depende en buena medida nuestro futuro como nación. Las virtudes derivadas de la Reforma Universitaria de 1918 aún le confieren al sistema gran capacidad para ajustarse automáticamente a los tiempos que corren.

El futuro de la economía del país depende, en buena medida, de la inversión que el Estado dirija hacia la investigación. Investigación que mayoritariamente se lleva adelante en las universidades públicas. Los países del mundo con mayor crecimiento sostenido de su PBI son, justamente, aquellos que más invirtieron en el sistema científico.

El modelo de país que se impuso en las últimas elecciones nacionales está basado fuertemente en la apuesta por el desarrollo industrial. No hay desarrollo industrial sostenido sin un aparato de ciencia y técnica consolidado. Los experimentos recientes de la empresa INVAP son la prueba fehaciente del círculo virtuoso que puede recorrerse cuando el conocimiento se pone al servicio de la producción.

¡Argentinos! A la universidades.

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