Opinión / Un femicidio es un femicidio: las palabras y su poder
La siguiente opinión está avalada por: Programa de investigaciones comunicacionales y sociales de la ciudad Intermedia (PROINCOMSCI); Núcleo regional de estudios socioculturales (NURES); Estudios de comunicación, cultura y géneros (ECCyGE); Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM); Estudios sobre sociedad, acceso a derechos y cárceles (ESADyC); Programa de economía social, solidaria y popular (PESSyP); Programa de Educación en Contextos de Encierro (PECE), Estudios Socioculturales del conflicto (GESC); Cátedra libre: sexualidades, género y Derechos Humanos (CLISGEDEH); Grupo de Trabajo Interdisciplinario CheSida (CHESIDA). Facultad de Ciencias Sociales/UNICEN.
Con las palabras hacemos cosas. Entre esas cosas pensamos, creamos universos imaginarios y nos hacemos ideas sobre las sociedades y las personas. Nos preguntamos ¿cuáles serán las ideas que quedarán en torno de la vida de Sofía Vicente? ¿Qué leerá de estos hechos la sociedad, su familia, sus allegades, sus amigues y, a futuro, su hijite? Resulta fuera de toda prescripción la emisión de juicios de valor en torno de su vida privada e íntima. Es de peor magnitud cuando las alocuciones provienen del ámbito del Poder Judicial y cuando alguna funcionaria, extralimitándose en sus funciones, confunde una causa judicial con un juicio de valor sobre la persona; resulta inadmisible en el estado de derecho. Es inadmisible, además, porque se trata de las voces “autorizadas” para opinar sobre lo sucedido, de las voces que resultan “creíbles” para una gran porción de la ciudadanía.
Los innecesarios juicios de valor vinculados a prácticas consideradas “no permitidas” para las mujeres empeoran la situación: confianzuda o no, dada o no, ir de bares sola o no, no hacen a la cuestión de fondo: un femicidio es un femicidio sin importar otras condiciones y cualidades de las personas. Se suma
a esto los innecesarios comentarios en torno de las cuestiones de salud/enfermedad por las que transitan las personas; además, entendemos que los y las funcionarios/as deben custodiar la información recabada no solamente a los efectos de esclarecer la verdad de lo sucedido sino, y fundamentalmente, para preservar el honor de la víctima.
Las alocuciones hechas son de gravedad porque contribuyen a la construcción de lo que llamamos la “mala víctima”. No es oportuno hablar en referencia a la víctima: sus gustos, sus prácticas y sus relaciones sociales. No corresponde culpabilizar a la víctima porque en términos discursivos opaca la violencia machista y patriarcal que opera de fondo. Tanto en el femicidio como en las inoportunas declaraciones vertidas sobre el mismo.
Una reforma integral con perspectiva de género en el poder judicial permitiría un discurso
adecuado en los y las funcionarios/as, sobre todo en aquelles que representan los intereses del
pueblo y la víctima.
Esperamos que la investigación aborde todas las aristas a fin del esclarecimiento que no puede
quedar velado por prejuicios. Justicia por Sofía Vicente.
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