Otro tarifazo eléctrico y el polémico uso de la cuota capital
Socios a la hora de las pérdidas. Coopelectric esquivó el congelamiento tarifario vigente en la provincia de Buenos Aires y anunció que las boletas de luz llegarán desde enero con una suba de entre el 20% y 30% según los rangos de consumo.
Para aplicar el tarifazo y regatear la medida proteccionista del gobierno de Axel Kicillof-rige desde 2019 en defensa de los usuarios-, sus directivos reflotaron el uso de la polémica “Cuota Capital” o “Cuota de contribución por acciones”. Esa herramienta, a la que la entidad suele echar mano en contextos desfavorables, se ampara en la norma que regula el funcionamiento de las Cooperativas (Ley N° 20.337).
La disposición, parte de la premisa de considerar como “socio accionista” a cada titular de un medidor y contempla su buena predisposición a realizar eventuales aportes, con el fin de paliar desequilibrios financieros. Esa voluntad, estaría representada en las decisiones del Consejo de Administración, a través de las facultades que le otorga la Asamblea General de Delegados.
Sin embargo, es una definición por demás discutida. Así lo graficó la ex diputada nacional, Liliana Schwindt, cuando recordó que “existe una resolución de OCEBA- organismo de control- por la cual nos declara que no somos accionistas sino usuarios y que cualquier cobro por fuera del servicio debe ser informado y justificado”. ¿Somos usuarios o socios? Es el punto central de toda la discusión.
Sin dejar de prestar atención a esta importante distinción, sería una ingenuidad desconocer el impacto negativo de un congelamiento tarifario para las finanzas de una institución que brinda servicios. Mucho menos, en un contexto de creciente inflación que eleva los costos de funcionamiento (agudizado por la baja de los niveles de cobrabilidad producto de la pandemia). De acuerdo a lo explicado por la Cooperativa, “sólo el 33% de lo recaudado por las facturas corresponde a Coopelectric” y esa suma se destina al “pago de salarios, mantenimiento, compra de materiales e insumos y planes de inversión”.
Es un punto que debe ser revisado por las autoridades. Pero esa situación, no debe hacernos olvidar el duro golpe a la comunidad ocasionado por los sistemáticos tarifazos que aplicó el gobierno de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019. Allí, fueron beneficiadas (como nunca antes) las prestadoras eléctricas, en desmedro del bolsillo de los consumidores (pese al atenuante de la tarifa social).
En ese sentido, cabe recordar que Olavarría fue epicentro de aquellos debates, como sede de una de las audiencias públicas para la discusión de los cuadros tarifarios. El encuentro, realizado en 2017, contó con valiosos aportes de actores de la comunidad que denunciaron el carácter desmedido de los incrementos solicitados por las distribuidoras. Sin embargo, sus conclusiones no fueron vinculantes. Se trató de una puesta en escena que intentó legitimar, como simulacro de participación, una decisión política tomada de antemano por el gobierno de Cambiemos.
Si la situación actual implica un esfuerzo para la empresa prestataria, el sacrificio es aún mayor para los consumidores: No solo porque ya hicieron frente a esos incrementos estratosféricos y aún esperan las inversiones prometidas que mejoren la calidad del servicio, sino porque pelean, desde hace años, contra una batalla mucho más angustiante: la pérdida sistemática de su poder adquisitivo.
Y sin embargo, la salida rápida de Coopelectric fue trasladar el problema a los “socios” en lugar de encontrar mecanismos de negociación con el Gobierno, a través de la asociación nacional de prestadoras a la que se encuentra adherida. Un aumento “preventivo” que gambetea una resolución oficial, bajo la promesa de ser un “concepto que resultará eliminado de las facturas cuando las tarifas reconozcan los costos de prestación”. ¿Se imaginan si cada concesionario podría decidir por su cuenta los incrementos que considera oportunos ante la falta de autorización del Estado? No perdamos de vista algo: hablamos de servicios públicos.
A partir de esa introducción, realizada con el objetivo de brindar una opinión (desde el campo de la Comunicación) que ayude al lector a problematizar y enriquecer su mirada sobre un asunto de interés público, surgen al menos dos dimensiones de análisis. 1) ¿Se puede aplicar la cuota capital tal como fue anunciada? 2) En caso de tener sustento legal, ¿el accionar cuenta con la legitimidad social de los usuarios?
Respecto a la primera situación, desde el Organismo de Control de la Energía Eléctrica en la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) anticiparon que la medida, tal como fue anunciada, no cumplió con al menos dos requisitos.
Por un lado, señalaron que su implementación requiere de “una autorización previa” del ente regulador, algo que al momento de su divulgación no había sido solicitada a sus responsables. Por otro, advirtieron que rige un impedimento para aplicar un “concepto ajeno” de forma integrada al cobro de la energía.
En ese sentido, subrayaron que la Ley 11.769 establece en su aparatado del artículo 78 que “podrán incluirse en las facturas, conceptos ajenos a la prestación del servicio público, cuando tal procedimiento hubiera sido expresa e individualmente autorizado por el usuario y aprobado por el Organismo de Control y siempre que se permita el pago por separado de los importes debidos exclusivamente a la prestación del suministro eléctrico”. En limpio: se necesita una autorización del OCEBA, aval de los usuarios y debe existir la posibilidad de pagar este extra por separado. Además, aparece otro dato no menor: lo recaudado únicamente estará destinado a obras de inversión.
Durante la semana, se conoció que el gobierno bonaerense dispuso de mecanismos de compensación para hacer frente al congelamiento. A través del Boletín Oficial, se reglamentó la asignación de un subsidio de 2.800 millones de pesos a las distribuidoras municipales del servicio de energía eléctrica. En el caso de Coopelectric, está previsto el pago de unos 96 millones de pesos en tres cuotas (entre diciembre y enero).
Desde el Oceba, también se mencionó que el gobierno nacional habilitó un régimen especial para que las distribuidoras regularicen sus deudas con la mayorista CAMMESA, a partir de un “régimen excepcional de créditos y de facilidades de pago”.
Lo legal y la legitimidad social
Volvamos al segundo interrogante de nuestra presentación: En caso de tener sustento legal ¿el accionar cuenta con la legitimidad social de los usuarios?
A lo largo de los años, los distintos administradores de Coopelectric apelaron a aquel espíritu del cooperativismo de los tiempos fundacionales. En los discursos de sus líderes, escuchamos sobre el rol social de la institución que la distinguía de las empresas privadas con fines de lucro.
Son valores inherentes a la identidad institucional del cooperativismo y siempre serán un factor de peso. Pero está claro que su función social comenzó a mutar con el tiempo. Las viejas cooperativas eléctricas de los pueblos, se transformaron en empresas oferentes de “multiservicios” (se expandieron a otros nichos de mercado y asumieron mayores riesgos). En el caso de Olavarría, la cooperativa también controla el servicio de agua y obras sanitarias, los servicios sociales de inhumación, sepelio y cremación, brinda telefonía e internet y posee un Centro de Estudios Universitarios para cursadas a distancia.
Desde mediados de los 90’, la entidad es conducida por la denominada “Lista Amarilla”, un grupo político referenciado en el ex diputado provincial Mario Cura. En ese recorrido, sus dirigentes tendieron alianzas con los gobiernos municipales de turno. No se trata de una institución más de la sociedad civil: Coopelectric es un actor político y hay que entenderlo como tal.
En la actualidad, el curismo se reagrupó en el Peronismo Republicano y es socio político del intendente Ezequiel Galli en el Concejo Deliberante. A la banca lograda por Nicolás Marinangeli, desde 2019, se sumó la de Miriam Mosescu, tras las últimas elecciones legislativas. El puesto municipal en el Consejo de Administración es ocupado por una persona de confianza del Jefe Comunal: la ex jueza de Faltas y actual directora de Habilitaciones del municipio, María Celia Alem (vocal). Recientemente, el Intendente designó como delegado municipal a Férmin Ferreira, ex concejal, quien reemplazó a Carlos Coscia, cuando este emigró al HCD.
¿Qué controles puede hacer un Municipio si debe monitorear a uno de sus socios políticos? Entre los ejemplos denunciados por la oposición, se encuentra aquel recordado tarifazo de un 97% en el servicio del agua aprobado en el Concejo Deliberante (diciembre del 2020).
Al denominado cuerpo de delegados, también se sumó recientemente el ex intendente de Olavarría, José Eseverri, tras su alejamiento de la política y su incursión como empresario. Durante algunos pasajes de su gestión como alcalde, también había acordado con el curismo. Ese entendimiento, permitió la integración de la ex concejala Silly Cura al bloque oficialista entre el 2013 y el 2015.
Este nivel de injerencia en los asuntos políticos de la ciudad, despertó la desconfianza de amplios sectores de la comunidad. A esa situación, hay que agregar la pocas posibilidades que tuvieron los titulares de los medidores de elegir a las autoridades a través de las urnas, con escasas experiencias en las últimas dos décadas.
La Lista Amarilla podrá esgrimir que cumplió con las condiciones estatutarias y preelectorales o decir que convocó a referentes institucionales para mostrar pluralidad en su nómina de delegados. Y que, en todo caso, la imposibilidad de ir a los comicios se debe a las propias debilidades en los armados de las agrupaciones opositoras que intentaron disputarle la conducción de la entidad. Seguramente sean motivos suficientes para saldar la situación en términos legales (aunque sus rivales aleguen que hubo trabas y maniobras que dificultaron la competencia democrática).
Pero es innegable que para muchos olavarrienses, la imposibilidad de elegir a las autoridades de Coopelectric, mediante una contienda electoral, deja la sensación de que los destinos de la entidad “se cocinan” puertas adentro y que ese rol de “socio” es ilusorio.
Si a eso sumamos las quejas vecinales ante la calidad de las prestaciones, la falta de información pública sobre las finanzas de la cooperativa y los sueldos del personal jerárquico (atarlo a la aprobación de un balance es de nuevo zanjar la discusión desde la dimensión legal) o las dudas acerca de la voluntad del Estado municipal en controlar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos de concesión, la idea de “accionista” resulta apática y lejana.
Hablar de “socios” sin abordar esa dimensión comunitaria, provoca distancia y carece de posibilidades simbólicas de identificación. Ante ese escenario, la conducción institucional tienen dos caminos: seguir defendiéndose desde la legalidad para conservar el poder o trabajar en reconstruir lazos legitimidad social mediante el diálogo y la promoción de espacios de participación real de los consumidores de sus servicios.
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