Confirman la condena contra una olavarriense acusada de vender cocaína en su casa del barrio Coronel Dorrego


La Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó el recurso presentado por la defensa de una olavarriense y confirmó la pena de cuatro años y dos meses de prisión. La investigación incluyó vigilancias policiales, movimientos compatibles con la venta de drogas desde una ventana y un allanamiento en el que secuestraron cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento.

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La condena había sido dictada por el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Azul, en el marco de un juicio abreviado, por los delitos de comercialización y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.

Los hechos fueron ubicados entre el 13 de junio y el 12 de julio de 2023 en una vivienda de Dorrego 605, esquina 13, en el barrio Coronel Dorrego de Olavarría.

La defensa oficial cuestionó la acreditación de las maniobras de comercialización y sostuvo que las observaciones policiales no permitían determinar que los intercambios registrados correspondieran a ventas de estupefacientes. También planteó que no se había identificado a los supuestos compradores ni realizado pruebas sobre las sustancias que habrían sido entregadas durante esos movimientos. En ese sentido, pidió que la conducta fuera considerada una tenencia para consumo personal y solicitó la absolución.

El juez Ricardo Borinsky, cuyo voto fue acompañado por Víctor Horacio Violini, consideró que los planteos no lograban desvirtuar las pruebas reunidas durante la investigación.

Según se reconstruyó en la sentencia, las tareas de vigilancia comenzaron después de que personal policial recibiera información sobre la presunta venta de drogas en la vivienda. Durante distintos procedimientos de observación, los efectivos registraron movimientos reiterados de personas que se acercaban a una ventana de la propiedad, intercambiaban objetos de pequeñas dimensiones y se retiraban a los pocos minutos.

Uno de los primeros registros mencionados corresponde al 14 de junio de 2023. Una subteniente observó cómo un hombre que circulaba en bicicleta se acercó a la ventana, recibió un objeto pequeño y lo guardó en el bolsillo de su campera. Poco después, otras personas llegaron en motocicleta y repitieron movimientos similares.

Al día siguiente se registraron nuevas maniobras. También el 22 de junio, cuando los investigadores observaron intercambios en los que algunas personas entregaban elementos que parecían ser dinero y luego recibían pequeños objetos a través de la misma abertura.

Para los jueces, esas observaciones no podían analizarse de manera aislada, sino en conjunto con los resultados del allanamiento realizado el 12 de julio de 2023.

La diligencia se llevó adelante en la vivienda de Dorrego 605. Al ingresar, los efectivos observaron que la mujer intentó descartar una sustancia en la bacha de la cocina. Una maniobra similar realizó un hombre que se encontraba con ella en la vivienda.

Durante el procedimiento también fue identificado un joven de 17 años que esperaba junto a la ventana. Según consta en la sentencia, el adolescente manifestó que había concurrido a la vivienda para comprar una bolsita de cocaína y que había entregado mil pesos, en dos billetes de 500.

Los policías secuestraron cocaína, además de otras sustancias que habían sido arrojadas en la bacha de la cocina.

También encontraron 136.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares y recortes de nylon utilizados habitualmente para el fraccionamiento de estupefacientes.

Las pericias químicas determinaron que las muestras analizadas correspondían a cocaína y que, por su concentración, permitían obtener distintas cantidades de dosis umbrales. En uno de los casos se estableció que podían obtenerse 61,6 dosis; en otro, 53,9; y en el restante, 67,5.

A partir de esos elementos, Casación consideró que los movimientos observados durante las vigilancias, el testimonio del joven que reconoció haber concurrido a comprar droga y los elementos secuestrados durante el allanamiento conformaban un conjunto probatorio suficiente para respaldar la condena.

“Los hallazgos efectuados en la vivienda, elementos utilizados comúnmente para el fraccionamiento, teléfonos celulares y ciento treinta y seis mil pesos ($136.000) en billetes de baja denominación, además de la droga descripta, resulta compatible con el tráfico de sustancias ilícitas al menudeo”, sostuvo Borinsky.

El magistrado también descartó que la droga estuviera destinada al consumo personal de la acusada y consideró que la investigación policial había permitido acreditar una actividad de comercialización sostenida durante el período investigado.

La defensa también había solicitado que la situación de la mujer fuera analizada con perspectiva de género, al señalar su situación económica y su condición de mujer privada de la libertad bajo una medida morigeradora de la coerción. Sin embargo, Casación entendió que ese planteo no demostraba que hubiera existido una situación de desigualdad por razones de género ni que se hubieran vulnerado sus derechos y garantías.

Finalmente, la Sala III resolvió rechazar el recurso de casación y confirmar la condena de cuatro años y dos meses de prisión impuesta por el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Azul.

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