Piden explicaciones sobre el ILE al Fiscal General de Azul

Quienes solicitaron información aseguran que «integrantes del Ministerio Público de Azul fueron grabados durante una capacitación en la que se manifestaron en contra de la interrupción legal del embarazo y brindaron información contraria a los estándares nacionales e internacionales.»

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) realizó un pedido de información pública al Fiscal General de Azul, Dr. Marcelo Alberto Sobrino, para solicitar se expida sobre el criterio que posee el Ministerio Público a su cargo respecto de la aplicación del fallo “F., A. L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos de interrupción legal del embarazo (ILE) que llegan a conocimiento de las Unidades Fiscales de la ciudad.

El equipo jurídico de ELA formalizó la petición ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul donde se solicita al Dr. Sobrino que aclare las manifestaciones realizadas en una charla destinada a profesionales de la salud en un hospital de la zona en diciembre de 2018.

El Fiscal asistió a la actividad junto a otro integrante del Ministerio Público a su cargo y realizó una serie de afirmaciones que resultan contrarias tanto a los estándares internacionales como nacionales existentes en materia de salud sexual y reproductiva.

En particular, se refirieron a la inaplicabilidad del fallo “F., A. L.” en los casos que llegan a conocimiento del Ministerio Público de Azul, utilizando un criterio de interpretación restrictivo de las causales de aborto que vulnera, también, principios básicos del Estado de Derecho como los principios de legalidad, reserva y pro persona.

Estas afirmaciones confunden a la ciudadanía, alejan a las mujeres y adolescentes de los servicios de salud e infunden temor en los equipos profesionales cuya misión es informar, acompañar y garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo los casos de ILE.

En el fallo “F., A. L.” la Corte Suprema dictaminó en contra de ciertas prácticas contrarias a la ley consistentes en judicializar, entorpecer y/o demorar el acceso a los abortos legales. Asimismo, interpretó el alcance del derecho a acceder a una ILE establecido en el artículo 86 del Código Penal y exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar protocolos de atención de acceso a ILE a fin de remover todas las barreras administrativas o fácticas que encuentran las niñas, adolescentes y mujeres que buscan que su derecho sea garantizado.

Sin embargo, aún persisten prácticas que obstaculizan el acceso al aborto, como la criminalización de quienes intentan ejercer este derecho bajo argumentos basados en una interpretación restrictiva de las causales incompatibles con los estándares de la Corte

Suprema. Estas acciones vulneran principios constitucionales y estándares internacionales afianzados por diversos organismos internacionales de derechos humanos y pueden resultar en graves consecuencias para la salud y la vida de niñas, adolescentes y mujeres. En particular, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General Nº 22 relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva sostuvo que la penalización del aborto o las leyes restrictivas al respecto constituyen un ejemplo de “leyes, políticas y prácticas que socavan la autonomía y el derecho a la igualdad y la no discriminación en el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva”.

Por ello, resulta necesario aclarar la situación frente al peligro de que las afirmaciones hechas por miembros del Ministerio Público pudieran constituir amenazas de uso abusivo de la autoridad fiscal sobre profesionales de la salud que cumplen con los deberes establecidos por la Corte Suprema en el fallo “F., A. L.”. Es esta probabilidad de un actuar ilegal en la política criminal sostenida por el Ministerio Público Fiscal de Azul la que justifica el pedido de explicaciones hacia el Fiscal General de la ciudad.

“La noticia de una nueva muerte por un aborto clandestino en la provincia de Buenos Aires muestra la necesidad de que las mujeres, en todas las circunstancias, puedan sentir confianza en el sistema de salud y acceder a la información veraz, completa y actualizada, así como a la atención en los casos en que se trata de una ILE”, sostuvo Zoe Verón, a cargo del área Jurídica de ELA. “Para ello, es imprescindible que todos los organismos del Estado, incluyendo el Ministerio Público, actúen de manera articulada respetando los estándares internacionales de derechos humanos”.

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