El Municipio, el Club El Fortín y otras entidades condenados por un accidente que dejó parapléjico a un piloto de Speedway


Ph: Archivo – La Nueva

El Municipio de Olavarría, el Club Social y Deportivo El Fortín, la Federación Bonaerense de Motociclismo (FEBOM), la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (COPAM) y el presidente de la entidad bonaerense, Cristóbal Antonio Mulet, fueron responsabilizados por el accidente que sufrió el piloto Matías Hernán López durante una competencia de Speedway disputada en Olavarría en octubre de 2015.

El fallo consideró que las condiciones deficientes de la pista y las fallas en los controles previos a la carrera tuvieron incidencia en el siniestro que dejó al deportista de Carhué con una paraplejia permanente.

El juez atribuyó un 70% de responsabilidad a los demandados y el 30% restante al propio piloto, por haber aceptado competir pese a conocer las condiciones del circuito.

La sentencia fue dictada el 12 de noviembre por el juez Pablo Gabriel Quaranta, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul, en el expediente iniciado por López y sus familiares. La demanda había sido promovida contra FEBOM, El Fortín, la Municipalidad de Olavarría, la Provincia de Buenos Aires a través de la COPAM, la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) y Mulet.

El accidente ocurrió el 4 de octubre de 2015, durante la sexta fecha del Campeonato Argentino de Speedway, categoría 500 cc, que se desarrolló en el circuito del Club El Fortín. López tenía entonces 25 años y sufrió lesiones gravísimas que derivaron en una paraplejia irreversible. La pericia médica determinó una incapacidad física del 80%, además de otras secuelas que afectan de manera permanente su vida cotidiana.

El pronunciamiento hizo lugar parcialmente a la pretensión indemnizatoria y estableció que el Municipio, la COPAM y Mulet responden de manera concurrente con FEBOM y el Club El Fortín, estos dos últimos alcanzados por una obligación solidaria entre sí. En cambio, el juez aceptó la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por CAMOD, al considerar que no se acreditó que esa Confederación hubiera intervenido en la organización o fiscalización de aquella competencia.

Los pozos, los conos y una carrera que no se suspendió

Uno de los aspectos centrales del fallo es la reconstrucción de las condiciones de la pista y de lo que ocurrió antes de la largada. Para analizar la mecánica del accidente, Quaranta valoró una pericia de ingeniería, testimonios incorporados de una investigación penal y declaraciones producidas durante el proceso contencioso administrativo.

El ingeniero Cirilo Espain examinó el video de la competencia. En las imágenes observó que López circulaba detrás de otra motocicleta y que, al tomar una curva, la rueda trasera de una de las motos levantaba una importante cantidad de tierra. El especialista consideró probable que ese movimiento se hubiera producido por la presencia de un pozo, lo que habría provocado una pérdida momentánea del control. Al recuperarlo, la moto de López cambió de dirección e impactó contra la que circulaba delante. Sin embargo, aclaró que el video no permitía determinar por sí mismo el estado de la pista.

La existencia de pozos quedó acreditada a partir de los testimonios. En la causa penal declararon corredores y personas que presenciaron el accidente y describieron el mal estado del circuito, la presencia de conos colocados para advertir sobre los desniveles y las caídas que se habían producido antes de la serie en la que se accidentó López.

Uno de los testimonios incorporados señaló que el piloto tomó el pozo que estaba señalizado, la moto se levantó y terminó impactando contra otro corredor. Otra declaración sostuvo que la serie había sido largada previamente tres o cuatro veces porque otros pilotos se habían caído en el mismo sector. También hubo testimonios que describieron la pista como húmeda por las lluvias de los días anteriores.

El juez consideró acreditado que, antes de comenzar la competencia, se realizaba un reconocimiento del circuito por parte de los comisarios deportivos, las autoridades fiscalizadoras y los propios corredores. También tuvo por probado que existieron advertencias de los pilotos sobre las condiciones de la pista y que hubo un diálogo con el presidente de FEBOM, Cristóbal Mulet.

La señalización de los pozos con conos fue uno de los elementos que el magistrado ponderó para establecer que las irregularidades eran conocidas antes de la carrera. No se trataba, según el razonamiento del fallo, de un desperfecto que hubiera aparecido de manera imprevista durante la competencia.

Para dimensionar la importancia de esas condiciones, la sentencia incorporó las características técnicas de las motocicletas de la categoría. Según la pericia, las máquinas tienen motores de 500 centímetros cúbicos, funcionan con metanol, no poseen frenos ni caja de cambios y pueden superar los 140 kilómetros por hora. Al momento de tomar una curva, la fricción de las ruedas con la superficie resulta fundamental para mantener el control, por lo que el ingeniero sostuvo que las condiciones de la pista debían ser óptimas.

El juez diferenció así los riesgos propios de una competencia de Speedway de aquellos que se incrementan por fallas en la organización y en las condiciones de seguridad. Consideró que una actividad deportiva de alto riesgo no habilita a quienes la organizan y fiscalizan a desentenderse de los peligros adicionales que pueden generar las deficiencias del escenario.

Por qué fueron responsabilizados el Municipio, la COPAM y el Club El Fortín

La Municipalidad de Olavarría había planteado que no tenía responsabilidad en el control deportivo ni en la seguridad de la pista. Sostuvo que su intervención se limitaba a la habilitación municipal del circuito, mientras que la fiscalización de las competencias y las condiciones de seguridad correspondían a los organismos provinciales.

Para respaldar esa postura, acompañó los antecedentes administrativos del predio. El circuito había sido habilitado en 2013 mediante el Decreto 928, luego de una inspección de la COPAM. En marzo de 2015, el Club El Fortín solicitó la renovación de esa habilitación y presentó notas de la Comisión Provincial y de FEBOM en las que se indicaba que el escenario se encontraba apto y encuadrado en las normas vigentes. Sobre esa documentación, el Municipio dictó el Decreto 526, del 13 de marzo de 2015, que renovó la habilitación del circuito, condicionada al cumplimiento de las normas aplicables y a las autorizaciones de los organismos deportivos para cada competencia.

La comuna también señaló que, respecto de la fecha del 4 de octubre, su intervención había consistido en declarar de interés municipal el evento y otorgar un subsidio para la contratación de baños químicos destinados al público.

Sin embargo, Quaranta entendió que esa explicación no alcanzaba para excluir la responsabilidad municipal. Para ello tomó en cuenta el artículo 27, inciso 16, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que asigna a los municipios facultades en materia de habilitación y funcionamiento de espectáculos públicos y contempla la prevención de riesgos para la seguridad física de quienes participan o concurren.

El juez señaló que la habilitación general del circuito no reemplazaba la conformidad municipal que debía existir para cada evento. En ese sentido, consideró que el Municipio debía al menos advertir a los organizadores sobre la exigencia de obtener la autorización correspondiente o impedir la realización de la competencia sin ese permiso y el control requerido.

Un punto determinante fue que no existía una autorización municipal específica para la carrera del 4 de octubre de 2015. El Decreto 526 había habilitado el circuito, pero no constituía por sí mismo la autorización particular para esa fecha. Para el magistrado, el hecho de que el Municipio hubiera condicionado la habilitación al cumplimiento de las normas provinciales y nacionales no lo relevaba de sus propias obligaciones de control y seguridad.

En cuanto a la COPAM, el fallo recordó que la Ley 12.391 le asigna funciones específicas: ordenar y disponer los aspectos de seguridad de los espectáculos, fiscalizar el desarrollo de la actividad deportiva y habilitar autódromos, circuitos y pistas. También establece la obligación de designar una subcomisión de control para dictar medidas y verificar el cumplimiento de las normas.

La Comisión había autorizado la competencia mediante el Acta 451, del 30 de septiembre de 2015, luego de recibir la documentación presentada por FEBOM para la fecha que se realizaría en El Fortín. Pero el juez consideró que esa autorización no agotaba sus responsabilidades. Entendió que, ante una pista húmeda, con pozos y con sectores señalizados mediante conos, la COPAM debía adoptar medidas para preservar la integridad de los corredores. Para Quaranta, la decisión razonable en esas circunstancias era suspender la carrera.

El Club El Fortín también fue responsabilizado. El juez consideró acreditado que era organizador de la competencia y propietario del circuito en el que se produjo el accidente. Además de su participación en el espectáculo deportivo, le atribuyó responsabilidad por las condiciones materiales de la pista, donde se comprobó la existencia de pozos que tuvieron intervención causal en el siniestro.

Durante el proceso, el Club había sostenido que solamente había cedido las instalaciones mediante un acuerdo de alquiler verbal y que la organización y fiscalización de la competencia correspondían a otras entidades. Sin embargo, no presentó documentación que respaldara esa supuesta locación. La sentencia lo consideró responsable tanto por su condición de entidad participante y organizadora del espectáculo como por su carácter de propietario de la pista, en los términos de los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial.

La responsabilidad de FEBOM y de su presidente

La Federación Bonaerense de Motociclismo había negado ser organizadora o fiscalizadora de la competencia. También sostuvo que no era propietaria ni guardiana del circuito y que los pilotos conocían los riesgos propios de la actividad.

Pero el juez encontró elementos que acreditaban su intervención. Entre ellos, el Acta 451 de la COPAM, que identificaba a FEBOM como la federación encargada de fiscalizar la fecha de Speedway en El Fortín, y el estatuto de la entidad.

Ese estatuto establece entre sus objetivos promover, difundir y organizar el motociclismo en la provincia, fijar las normas para autorizar competencias y campeonatos, organizar certámenes y patrocinar y fiscalizar las pruebas deportivas. También contempla entre sus recursos el 10% de las competencias correspondientes a los campeonatos bonaerenses y los ingresos por publicidad y televisación.

Para Quaranta, esos elementos demostraron que FEBOM no era una entidad ajena al desarrollo del espectáculo, sino que había ejercido funciones de organización y fiscalización. Por eso la consideró alcanzada por el artículo 51 de la Ley 23.184, que establece la responsabilidad solidaria de las entidades participantes de un espectáculo deportivo por los daños y perjuicios que se generen en ese marco.

La sentencia también analizó la actuación individual de Cristóbal Antonio Mulet, entonces presidente de FEBOM. El juez entendió que su responsabilidad no surgía solamente de representar a la Federación, sino de su propia conducta antes y durante el desarrollo de la competencia.

Al declarar en el expediente, Mulet reconoció que los comisarios técnicos, deportivos y delegados fiscalizadores realizaban un control de la pista antes de la largada. Según valoró el magistrado, esos responsables no advirtieron las malas condiciones o, en caso de haberlas advertido, minimizaron sus riesgos y se limitaron a colocar conos para señalizar los pozos.

El fallo destacó que Mulet tenía la facultad de suspender preventivamente la carrera, pero no lo hizo antes del accidente. La competencia fue suspendida después de que López sufriera la caída. Para el juez, el presidente de FEBOM no actuó con la diligencia que exigían las circunstancias, especialmente por las características de las motocicletas y el riesgo que implicaba correr en una pista en esas condiciones.

En el expediente también se mencionó una investigación penal iniciada a partir de una denuncia de López contra Mulet por lesiones culposas. Allí se recibieron declaraciones testimoniales, varias de las cuales fueron valoradas en este juicio, pero no se avanzó hacia una imputación. El juez señaló que esa circunstancia no impedía dictar sentencia en el proceso civil y administrativo.

El 30% de responsabilidad que el fallo atribuyó al piloto

La sentencia también hizo lugar parcialmente a uno de los argumentos planteados por los demandados: la asunción del riesgo por parte del propio López.

El juez tuvo en cuenta que el piloto conocía las características de la categoría, participaba de competencias desde años anteriores y había realizado el reconocimiento de la pista antes de la largada. También consideró acreditado que sabía de la existencia de pozos y que estos habían sido señalizados con conos.

En ese punto, el magistrado sostuvo que López aceptó no solamente los riesgos propios de la práctica deportiva, sino también riesgos adicionales vinculados con las condiciones inadecuadas del circuito. Consideró que su decisión de competir, pese a conocer esas circunstancias, tuvo incidencia causal en el resultado.

Sin embargo, aclaró que la decisión de los corredores de recorrer la pista y verificar sus condiciones no trasladaba a ellos las obligaciones de seguridad que correspondían a los organizadores y a los organismos fiscalizadores. Tampoco consideró que la aceptación del riesgo por parte del piloto eliminara la responsabilidad de quienes debían decidir si la competencia podía desarrollarse.

Por eso concluyó que la conducta de López no interrumpió completamente el nexo causal, sino que contribuyó en un 30% a la producción del daño. El 70% restante fue atribuido a los demandados.

Las secuelas y la indemnización

La pericia médica realizada por Glenda Belén Raymundo estableció que López padece una paraplejia de miembros inferiores, con lesión entre los niveles T7 y L2, que representa una incapacidad del 80%. A esa secuela se suman una disfunción sexual masculina y una vejiga neurogénica sin control urinario, por lo que necesita utilizar una sonda vesical de manera permanente. La especialista señaló que las secuelas son irreversibles y que no existe, hasta el momento de la evaluación, un tratamiento que permita mejorarlas.

El fallo también valoró una pericia psiquiátrica que describió las consecuencias psicológicas del accidente: trastorno de angustia, episodios de ansiedad, estrés postraumático crónico, alteraciones del sueño, recuerdos recurrentes del hecho y un profundo impacto en sus relaciones personales y familiares. La especialista estimó una incapacidad psíquica del 25% y recomendó tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico prolongado.

Para calcular la indemnización por incapacidad física, el juez tomó en cuenta que López tenía 25 años al momento del accidente y proyectó el período de actividad económicamente útil hasta los 75 años. Como no se acreditaron ingresos ciertos, utilizó como referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al dictarse la sentencia, elevado a 1,25 veces su valor. Aplicó una fórmula de capitalización y luego incrementó el resultado un 2% por la afectación de la vida personal, familiar, social y deportiva. De ese cálculo surgió una indemnización de $83.350.106,09 por incapacidad física.

En cambio, rechazó el reclamo por pérdida de chance. Aunque reconoció la trayectoria deportiva de López y que las secuelas le impiden volver a competir, entendió que no se acreditó que obtuviera ingresos por el Speedway ni que tuviera una oportunidad económica concreta frustrada por el accidente. En particular, señaló que no se aportaron elementos que respaldaran la supuesta propuesta para competir en Europa: no se identificó quién la había formulado, en qué momento, bajo qué condiciones ni para qué equipo o competencia.

Por los gastos médicos y materiales, el juez reconoció $15.000.000. Para establecer ese monto tuvo en cuenta los tratamientos realizados en el exterior con células madre, los pasajes aéreos y traslados, la rehabilitación, los insumos médicos, la necesidad permanente de sondas y las modificaciones que debieron realizarse en la vivienda para permitir la circulación en silla de ruedas. Entre esas obras se mencionaron la construcción de una rampa, el ensanchamiento de puertas y la adaptación del baño y de otros ambientes.

También consideró que parte de los gastos de los tratamientos realizados en Países Bajos durante septiembre y diciembre de 2017 fueron afrontados mediante la ayuda solidaria de vecinos y de la comunidad de Carhué, que organizó actividades para colaborar con la recuperación del piloto. La sentencia valoró, además, la cobertura médica brindada inicialmente por SEMID y las autorizaciones de IOMA para la provisión de sondas.

Por el tratamiento psicoterapéutico, el fallo reconoció 84 sesiones individuales, cuyo valor deberá establecerse al momento de la liquidación, de acuerdo con el arancel mínimo sugerido por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.

En concepto de daño moral, fijó una reparación equivalente a U$S 5.000 para Matías López, U$S 1.000 para cada uno de sus progenitores y U$S 2.000 para su hija. Para reconocer el perjuicio de los familiares, el juez ponderó el impacto del accidente, el acompañamiento durante los tratamientos, las adaptaciones que debieron realizar en la vivienda y las consecuencias que tuvo la situación en el vínculo familiar. La sentencia también dejó establecido que el crédito reconocido a la madre del piloto, Mariela Rosana Maier, quien falleció durante el proceso, se transmite a sus sucesores universales.

La condena dispone que los demandados deberán abonar el 70% de los rubros indemnizatorios reconocidos, con los intereses establecidos para cada uno. Para la incapacidad física, los gastos médicos y el tratamiento psicoterapéutico, el fallo fijó una tasa pura del 6% anual desde la fecha del accidente hasta la liquidación y, desde entonces, la tasa que pague el Banco Provincia para depósitos a 30 días, conforme la doctrina judicial citada en la resolución. Para el daño moral, estableció que la conversión de los montos expresados en dólares a pesos se realizará al momento de la liquidación, tomando como referencia la cotización oficial tipo vendedor del Banco Nación.

El plazo de pago establecido es de 60 días desde que quede firme la liquidación correspondiente. La sentencia impuso las costas de acuerdo con los vencimientos parciales y mutuos y reconoció que la parte actora cuenta con el beneficio de litigar sin gastos otorgado en noviembre de 2022.

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