Opinión | Coopelectric: Indefensos como usuarios y como socios cooperativos

Escribe: Luis Cavalli

La actual conducción de Coopelectric ha solicitado al HCD  que autorice un aumento de la tarifa por el servicio de agua y cloacas y, paralelamente, ha incorporado una “cuota accionaria variable según el consumo de agua” a los socios cooperativos, lo que implica un aumento encubierto de la tarifa.

Estas dos medidas son inoportunas, inadecuadas, inconvenientes, coactivas, injustas e irracionales por el contexto. Son consecuencia de la gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica de la actual dirigencia de la entidad cooperativa. Con el agregado   alarmante que existe el peligro cierto que la situación financiera crítica de Coopelectric pueda ahondarse, causando perjuicios serios a la economía local. Crisis que es explicitada públicamente por sus directivos.

Como situación  lamentable  e inquietante  es que los usuarios y socios cooperativos de Coopelectric nos encontramos indefensos frente estas medidas, porque nada podemos hacer. La audiencia pública de marzo es un simulacro previo a una decisión ya tomada y que certificará el HCD aplicando la mayoría automática que tiene la alianza PRO-Coopelectric en ese poder municipal.

La cuota accionaria nueva es inevitable y no podemos oponernos con ningún mecanismo porque  es decisión que  toma una conducción de la cooperativa  que no tiene control interno  ni externo, ni participación real en las decisiones de sus socios cooperativos.

Aumento inoportuno, injusto e irracional

El aumento de la tarifa es inoportuno, injusto e irracional  porque se hace en un contexto económico y social en emergencia y crisis,  donde ha sido determinante para la sociedad y para la actividad productiva, el aumento desmedido y desproporcionado de las tarifas de los servicios públicos, en especial las de energía,  desde el año 2016.   La expresión de esta situación está en la recientemente sancionada Ley 27.541 que declaró “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. En su Artículo 5 faculta al “Poder Ejecutivo nacional a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020”.

Como Coopelectric en su faz de concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento no se encuentra dentro de la jurisdicción nacional, sino local, elude esta ley nacional. Bajo el entendimiento de que en Olavarría no se dan las circunstancias que impulsaron la sanción de la norma nacional, solicita un aumento de tarifa e incorpora un ítem nuevo para aumentar la tarifa de su servicio. 

Aumentos y situación actual

Es permisible aclarar acá que a la cooperativa le fue adjudicada la concesión del servicio de agua y cloacas por su solvencia, derivada de sus otras operaciones cuyo núcleo es el servicio de electricidad. Es decir que cuando se analiza el servicio de agua y cloacas debe estudiarse el conjunto de actividades de la institución cooperativa, ya que forma parte de las premisas por las que tiene la concesión.

Sorprende la inconsistencia entre las dificultades manifiestas por las que atraviesa Coopelectric y que fundamentan estos pedidos de aumento de tarifa, con los números objetivos desde 2016 a la fecha.

Los números crudos describen una situación objetiva  que no se condice con lo que manifiestan los directivos de la entidad. Los datos revelados por los entes oficiales, y los análisis de las instituciones especializadas y las universidades que abordaron el tema constatan esto: Desde el año 2016 a la fecha el aumento de la electricidad fue de 3600% en promedio en el país y en la Provincia de Buenos Aires  más del 4500%.  La política de esos cuatro años fue para que esos aumentos fueran ganancias para las empresas y con ello  mejoraran el servicio. Efectivamente las empresas de energía eléctrica mostraron enormes ganancias en este tiempo. 

Si consideramos que la inflación fue de 158 %y el aumento de los salarios fue de alrededor de 125% desde 2016 a la fecha, la diferencia entre los porcentajes de aumento de las tarifas con los aumentos de los costos da un enorme resultado positivo para la empresa.

 Sin embargo,  Coopelectric se encuentra en situación crítica. ¿Qué pasó entonces?

Los usuarios indefensos

Los  usuarios estamos condenados e indefensos ante las medidas de Coopelectric.  Como afirma Aristóteles, la única verdad es la realidad, y solo analizando la realidad tal cuál es, por difícil que sea,  podemos transformarla, como bien dice Peter Ducker, ícono del managment. La realidad es que la audiencia pública de marzo es un simulacro de debate que no conduce a nada en este caso. ¿Por qué? Porque la audiencia no es vinculante y la decisión final la tiene el HCD. Lo que ahí se diga no tiene efecto vinculante, con lo cual con cualquier liviano y confuso argumento se justifica el aumento y pasa al Concejo Deliberante, quién decide autorizarlo  o no.  Pero como Coopelectric es socio político del Intendente PRO, cuya alianza gobierna hoy la ciudad y tienen mayoría automática en el HCD, el aumento es un mero trámite de certificación. Como dato obvio y evidente es que el Concejal de Juntos por el Cambio,  Marinangelli, es Consejero de Coopelectric, con licencia. Los usuarios indefensos en esta otra instancia.

Sin control efectivo externo

En la década del noventa cuando se realizó el proceso de privatizaciones a través de la Ley de Reforma del Estado 23.696 y decreto de Desregulación 2284/91 se crearon, para fiscalización, control, y regulación  los llamados entes reguladores.  El sistema no funcionó como sus creadores preveían. Mientras que el ENARGAS y la CNC tiene alcance nacional, el ETOSS (agua y saneamiento) y el ENRE (Electricidad)  sólo cubren una pequeña porción del territorio con su jurisdicción pues el primero tiene influencia sobre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y el segundo cubre el área de lo que fue Segba regulando a las empresas Edenor, Edesur y Edelap. En el resto del país el servicio de agua potable y saneamiento por un lado, y el de electricidad por el otro han generado sus propios  y débiles entes de control con jurisdicción local.

¿Quién controla a Coopelectric? 

El  ente de regulación y control de agua y saneamiento, el  Organismo de Control de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (OCABA), que bajo la gobernación anterior fue bajado de categoría y puesto bajo la jurisdicción de la Autoridad del Agua, organismo provincial debilitado creado por ley 12.257 como consecuencia de los llamados Principios Rectores de Política Hídrica de 2003,  es un organismo débil lejano. El OCABA no tiene sede Olavarría, lo que es desmotivante para el reclamo del usuario, por el esfuerzo y el costo de viajar o comunicarse. En el caso de la tarifa en discusión, estamos aún más desprotegidos, ya que  el ámbito jurisdiccional es la Municipalidad de Olavarría,  con lo cual, con solo cumplirse los requisitos formales, esto es, audiencia pública y ordenanza del Concejo Deliberante, no hay reclamo ni oposición posible.

La cuota accionaria variable según el consumo de agua

La denominada “cuota accionaria variable según el consumo de agua” es un aumento encubierto de la tarifa. Este aumento es consecuencia y constancia de una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, desgastada por muchos años de conducir la cooperativa sin control ni oposición. Esto deriva en que puedan tomar medidas sin debate previo , ni fiscalización última. El síndico forma parte de la lista Amarilla de Mario Cura, el jefe real de Coopelectric, que gobierna la institución hace más de veinte años. Solo tuvieron lista opositora en dos oportunidades. No tienen oposición en  la Asamblea de Delegados, que son todos de la misma Lista Amarilla y no son representativos de los socios cooperativos.

Esta cuota resulta de decisiones tomadas sin participación efectiva del usuario ni del socio cooperativo, que solo recibe la decisión final. Es clara no solo la falta de participación del socio cooperativo sino de la información fehaciente que debe tener. No hay transparencia de los actos. No se hacen públicos los números de la administración de la institución. Es la propia Constitución Nacional en su artículo 42, que dieron rango constitucional a los derechos del usuario y consumidor, la que establece el mecanismo idóneo para que los usuarios puedan   ser partícipes de la defensa de sus derechos y  contar con “información adecuada y veraz”.  Lo adecuado  sería que tengamos a la vista  la totalidad de cargos directivos, sus remuneraciones, costos operativos e inversiones realizados en los últimos 4 años. Y por veraz, ni más ni menos que la apertura de todos los  libros contables, con la claridad suficiente, por el mismo período, porque en realidad es a sus propios  socios cooperativos  a los que someten a engaño, por desconocimiento de lo que se hizo en realidad. Los datos de Coopelectric  no se publican con transparencia  como debiera ser, y resultan  casi inaccesibles para  sus socios cooperativos.

Mientras no se contemple este mecanismo de publicidad no se podrá alegar la “justicia” a los incrementos y por tanto devienen en inconstitucionales, por violación de la “protección de los intereses económicos” de los usuarios  del art. 42 de la Constitución Nacional.

El organismo de control de las cooperativas, el INAES, también es un organismo lejano, poca accesible al reclamo cotidiano, lo que también desmotiva al reclamante.

Conclusión

Este breve análisis demuestra que los usuarios y socios cooperativos de Coopelectric nos encontramos indefensos frente  a las decisiones que toma la conducción de consejeros en connivencia con los gerentes y estamos indefensos, sin mecanismos institucionales internos, ni con instancias institucionales externas para hacer valer nuestros derechos.

La audiencia pública de marzo es un simulacro previo a una decisión ya tomada y que certificará el HCD por la mayoría automática que tiene la alianza PRO-Coopelectric.

La cuota accionaria nueva es inevitable y no podemos oponernos con ningún mecanismo porque  es decisión que se toma, lo hace la conducción de la cooperativa  sin control interno  ni externo, ni participación real en las decisiones de los socios cooperativos.

Solo tenemos el camino de esperar las próximas  elecciones de agosto para recuperar Coopelectric para nosotros los socios, sanearla y sacarla de las dificultades a las que se ha llegado. Solo así podremos tener una cooperativa que logre una gestión eficiente, eficaz y económica  con  la mejora continua de la calidad de los servicios que presta, con enfoque en el beneficio del usuario y el cobro de tarifas justas y razonables a toda la comunidad.