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¿Qué paso que fracasó el desalojo de la Toma de Barrio Lourdes?

Luis Molina

Una insólita situación se registró en la mañana de este lunes en la toma de terrenos del barrio Lourdes que generó un un importante movimiento de personas para llevar adelante un desalojo que no fue.

Desde temprano los vecinos que son parte de la toma habían advertido mayor presencia policial en el lugar y el rumor de desalojo era cada vez más fuerte aunque finalmente no se concretó y tampoco, este mediodía, hay certezas de cuándo se podría llevar adelante.

El desalojo había sido solicitado por el Fiscal Piñeiro quien al frente de la UFI N° 10 está dirigiendo la causa judicial en marcha desde que se inició la toma. En un principio el pedido del Fiscal había sido avalado aunque a última hora del domingo se recibió una apelación a la medida.

En Línea Noticias a través de distintos voceros pudo confirmar que la Defensora Oficial, doctora Soledad Kelly interpuso una apelación al desalojo solicitando, nuevamente, la aplicación del protocolo que exige la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Dicha apelación fue aceptada por el doctor Carlos Villamarín, aunque «los desencuentros» en la comunicación provocaron el despliegue de numerosas personas para hacer efectiva la medida.

Fue así que, desconociendo esta situación, la Policía Bonaerense había desplegado efectivos en el predio incluyendo agentes provenientes de la zona al tiempo que funcionarios de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 se encontraban a la espera del operativo en la sede del Poder Judicial local acompañados por funcionarios municipales.

Por otro lado, también en una dependencia municipal cercana al predio, se habían movilizado integrantes del equipo de salud municipal y el Servicio Local.

Todo el operativo fue en vano dado que la orden judicial no avalaba el desalojo.

Ahora el Fiscal de la causa podrá recurrir la decisión del Juez de Garantías haciendo una presentación ante la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Penal con asiento en Azul lo que hace imposible saber cuándo y en qué condiciones se llevará adelante el desalojo de los terrenos fiscales ocupados de manera ilegal.

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