Rosario y la rebelión: contrastes bonaerenses


Por Andrés Lavaselli

Axel Kicillof se montó en un tema ultra sensible, el avance narco en Rosario, para hacer explícita su estrategia de diferenciación de la Casa Rosada, además de visibilizar un entramado político transversal que acerca a gobernadores de la oposición: en este caso a él mismo con el santafesino Maximiliano Pullaro. Mientras, deja pasar un aliento a la rebelión fiscal de productores rurales de la provincia, que nace muy cerca del presidente Javier Milei pero que en provincia leen como una operación interna para imponerle una agenda rupturista.

Kicillof y Pullaro acordaron el viernes ocho por la mañana la colaboración que DIB relató el martes siguiente por la noche: patrulleros, ayuda logística, inteligencia, eventualmente efectivos del grupo UTOI para Rosario. El santafesino, antes de responder con presiones sobre qué necesitaba el ofrecimiento que en medio de la crisis con cuatro muertos en Rosario le había formulado su par bonaerense, pidió esperar para ver qué le enviaba Nación. Dato político revelador: en el interín le pidió una cuestión central a Patricia Bullrich: no entorpecer el trato –primero en su tipo- entre pares. La ministra Nacional terminó subida a último momento a un memorándum que fue finalmente tripartito.

Ambos gobernadores aceptan que la ayuda no va a desarticular por si sola el complejísimo, multimillonario y ramificado negocio que está en la base de la violencia que azota al sur de Santa Fe, con centro en Rosario. Pero 1) En la coyuntura lleva alivio: Pullaro por caso compró 1000 móviles al asumir, pero las automotrices demoran su entrega porque el gobierno no libera los dólares necesarios (teléfono para compañeros de gabinete de Bullrich) 2) Es una señal política: el gobernador santafesino y Kicillof integran un grupo informal generacionalmente afín que confluye de hecho en posiciones que no prescinden del Estado ni descreen de la política como herramienta de transformación y los llevan a coordinar posiciones ante algunas iniciativas presidenciales, aunque tengan mil matices, posiciones e ideologías diversas. Aquí se ha descripto varias veces ese entramado, que integran también el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio. El entendimiento del viernes pasado adquiere contra este fondo, otro significado.

La corrupción en la policía de Santa Fe y la infiltración de sectores enteros de la Justicia, incluso federal (más allá de leyes, no hay más de 15 condenas por lavado en 40 años de democracia), la desarticulación social en los barrios del gran Rosario, el desmadre en los puertos privados de compañías exportadoras o en los concesionados sobre el Paraná, por donde entra el sobrante del gran negocio de venta de estupefacientes que arranca en Paraguay, son aspectos de una trama compleja que no se va a desmadejar con controles policiales. Mucho menos si sobre eso se monta un endurecimiento de las condiciones de detención en los paneles pero a la vez se combina la medida con la inútil, amateur canchereada de difundir una foto de los reclusos a lo “Bukele” sin tener el poder de impedir las consecuencias: la unificación operativa de más de 40 grupos narcos de la ciudad. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, puso el dedo en la llaga de otro costado candente: pidió precisiones sobre el convenio entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros de Ejército de EE.UU. para que controlen la hidrovía. Es un modelo que comenzó el Paraguay y lleva a la práctica un viejo anhelo del Comando Sur: la aplicación de la doctrina de Seguridad Continental que implica quebrar el pacto democrático fundamental de no intervención de las FFAA en asuntos de seguridad interior y avanzar en una internacionalización del Paraná que excede la guerra a las drogas.

“De lo que se trata, en términos operativos, es de minimizar las explosiones en la provincia: cuánto falta para que aparezcan muertos en el Conurbano directamente vinculados con Rosario”, se preguntan en el entorno de Kicillof. Con tres muertos por día en la provincia víctimas de delitos, saben que el reproche por ayudar a Santa Fe en vez de concentrarse en lo “propio” está a la vuelta de la esquina. Pero creen que deben anticiparse a un derrame de sangre contra el que quieren empezar a actuar ya. San Nicolás y su puerto, y ese corredor norte de la Ruta 9 están desde hace tiempo en la mira, como se contó acá en enero.

Contra ese fondo, que dio pie a contactos concretos entre un gobernador radical y Kicillof pero sin que la Rosada quede del todo fuera, se debate con tensión otro eje de las relaciones federales: el financiamiento. En un escenario que cargó de fragilidades al oficailismo tras la derrota de Milei en Senadores por el DNU, hizo ruido la irrupción del diputado José Luis Espert para alentar una rebelión fiscal con potencial para enturbiar conversaciones. Habitual vocero de sectores del agro –del que forma parte como productor y para el que prestó servicios-, el presidente de la comisión de Presupuesto, tan cercano a Milei que acaba de sumarse a LLA, dijo que no hay que pagar el Inmobiliario Rural porque es desmedido y el gobierno no entrega nada a cambio. Hay 2138 partidas sobre 300 mil -0,71%- que superan el 200% de incremento (menor que la inflación) en un esquema que aprobó la Legislatura con respaldo del radicalismo, y un programa de reparación de caminos rurales que avanzó no lo necesario pero mucho más que en el anterior mandato.

Por esos contrastes el Gobierno lee la arremetida como un intento de imponer una agenda de confrontación total con Kicillof que Milei, que también escucha a Guillermo Francos, no termina de comprar. El Presidente necesita avanzar con la nueva Ley Bases y hacer pasar una reversión de Ganancias que implica que miles de trabajadores con sueldos relativamente altos ($1.300.000 brutos) volverían a pagar. Son muchos más que el octubre, pero eso no parece  desvelar a Espert. Mientras, en Diputados hay consenso para avanzar con el proyecto de ley Kirchner-Kicillof para restablecer el FONID, uno de los fondos retraídos por Nación. El Presidente podría esperar y reintroducir el monto en la negociación general con las provincias, con lo que pondría en un brete a los gobernadores. Pero por ahora nadie sabe si la ve. (DIB) AL

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