Segunda entrega: La fundación y secesión de Olavarría del Azul

En el marco del aniversario de la ciudad de Olavarría, mostramos una investigación del Cr. Adolfo Hipólito Santa María que muestra documentos inéditos previos a la fundación de la ciudad.

En la primera entrega repasamos desde la primera noticia regional de estas tierras que la conocemos como consecuencia de la expedición llevada a cabo en septiembre de 1741.

SEGUNDA ENTREGA

En conocimiento Álvaro Barros del informe producido por el Departamento Topográfico, que proponía otro lugar para la formación del pueblo, se dirigió al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Dr. Nicolás Avellaneda, el 30 de mayo de 1868, y explicó la situación:

“El Pueblo (Tapalqué Nuevo) sobre las puntas del Tapalqué se ha intentado formar en el año 55 (1855), y fue abandonado a consecuencia de los acontecimientos que el Ejército de la Frontera, sufrió en aquella época”; “(…) y hoy puedo asegurar a VE. que el Pueblo está levantado; consta de diez manzanas de cien varas, divididas en cuatro solares cada una; todos poblados y cercados importando algunos de ellos solo en población, más de treinta mil pesos, con establecimientos de negocio de más de doscientos mil pesos de capital. Los fundadores del pueblo de Olavarría han sido pobres Vivanderos del campamento, que exponiendo sus personas y sus escasos capitales, han adelantado allí, donde creyeron adquirir una propiedad para seguir vendiendo sus efectos a la tropa.

El Perdido dista seis leguas del Campamento, y no hay vecindario suficiente para consumir los efectos de una pobre taberna” (…) “El Pueblo hoy levantado en las nacientes del arroyo Tapalqué, solo pide al Gobierno de la Provincia el área de tierra en que descansan sus cimientos, y quince mil pesos para costear su mensura; el exceso de gastos lo costearán sus pobladores”. “Lo único que puede oponerse a la consumación de esta obra casi realizada, son tal vez mezquinos intereses particulares que se oponen”, -se refería Barros a que el Departamento Topográfico fundaba su disposición en que los campos habían sido destinados para estancias de Azul-. Por eso, seguidamente esgrime: “Es más importante para la campaña un Pueblo, que diez suertes de Estancias;…”

Los propietarios de los lotes -cuatro por manzana- eran: Vicente Bahía, Juana Silva, Santiago Tejeda, Alejandro Tejeda, Teodoro Díaz Gómez, Cecilio Sayavedra, Adolfo Puebla, Francisco Arias, José Taborda, Tadeo Frogon, Lorenzo Unzuaga, Juan Quinteros, José Soria, José Escarpellini, Gerónimo Gartlan, Bernardo Peres, Javier Corvalan, Jorge Green, Enrique Eastruan, Geronima Mendoza, León Le Monier, Anastacio Silva, Joaquín Pourtalé, Álvaro Barros (2 lotes), Javier Calderón, Arminda Anchorena, N. Chamorro, Manuel Fernández, Pedro Lasser, Luis López, Delfino Pintos, Alejandro Amaya, Emilio Costas, Norverto (sic)Quiroga, José M. Vila, Juan Giles y José María Triaca. 

En la respuesta de Álvaro Barros se confirma que el Departamento Topográfico tomaba en cuenta la oposición de algunos pobladores de Azul o de la Corporación de Azul, quienes temían que la fundación de un pueblo -donde él quería-, cercenaría tierras destinadas a suertes de estancias.     

El 30 de junio de 1868, una nota del Departamento Topográfico al Ejecutivo en respuesta a la queja de Álvaro Barros por el informe del 17 de junio de 1868, decía: “El Departamento dijo en su informe anterior que no verá otro inconveniente que el que pusieran las suertes del Azul, el que se salvaría fácilmente ubicando el Pueblo en el terreno siguiente  (se refiere al Perdido)” (…) “Esto es lo que ha pasado; sin que hayan mediado intereses mezquinos que le ocurre suponer al comandante Barros” (…) “V. E. puede, pues, resolver si esas suertes del Azul, no medidas hasta hoy, pero si reclamadas por los pobladores son un obstáculo para la fundación de un nuevo Pueblo, a cuyo fin podría oír con preferencia el parecer del señor Fiscal del Estado.”.

La ley Nº 179 del 16 de octubre de 1857, había resuelto cuestiones de dominio de tierras fiscales. El Art. 2º decía: El Gobierno otorgará título de propiedad hasta una suerte de estancia por persona de los pobladores de frontera a quienes se les prometió por decreto de 19 de setiembre de 1829.

El decreto de 1829 en su Art. 1º establecía: Los vecinos de la campaña, hijos de provincia, y los avecindados en ella, naturales de la República, que quieran establecerse en la nueva línea de Frontera en el arroyo Azul y campos fronterizos de la pertenencia del Estado, recibirán en propiedad una suerte de estancia de la extensión de media legua de frente y legua y media de fondo. Por su parte, el Art. 2º establecía las condiciones para acceder al beneficio.

La divergencia -en cuanto a la ubicación del nuevo pueblo a fundarse- parece que no afectaba las relaciones entre los pueblos vecinos, porque meses después, los pobladores de ambos lugares se unieron en defensa del campamento, elevando al Gobierno sendas notas para que se deje sin efecto el traslado de la Comandancia y de casi la totalidad de la fuerza militar instalada a la laguna Blanca Grande, considerando que el retiro de las fuerzas dejaría por completo abandonado el incipiente pueblo de Olavarría, y por consiguiente expuesto los dos pueblos a ser atacados por los indios.

El 23 de julio de 1868 el Ejecutivo provincial ratificó el decreto fundacional de Olavarría del 25 de noviembre, dejando de lado el informe del Departamento Topográfico del 17 de junio. Aceptó el lugar propuesto por Álvaro Barros y resolvió nombrar al ingeniero Juan F. Czetz para el trazado. Además, la redacción del decreto en el art.4, confirma nuestra presunción de las presiones ejercidas por los beneficiarios de suertes de estancias para que sean tenidos en cuenta.

Decreto del 23 de julio de 1868

Visto lo expuesto por el Comandante Don Álvaro Barros, lo informado por el Departamento de Ingenieros en 17 de junio ppdo. y atendiendo a que el pueblo proyectado en las nacientes del arroyo Tapalqué, se encuentra a diez leguas del Azul en la línea de frontera, en el cual debe procurarse  la mayor cercanía posible de los centros de población, como garantía de su  defensa, y considerando, por otra parte, que existen en el paraje indicado por aquel jefe, diez manzanas poblada y divididas en solares: Por estas razones el Gobierno resuelve: ART. 1º. Queda subsiguiente lo dispuesto por los artículos 1º y 3º del decreto del 25 de Noviembre de 1867, que obra en este expediente relativo a la formación de un nuevo pueblo en las puertas del arroyo Tapalqué con el nombre de Olavarría. ART. 2º. Nómbrese para levantar la traza de dicho pueblo al ingeniero D. Juan F. Cetz propuesto últimamente al efecto del reemplazo del agrimensor D. Juan Coquet debiendo dejar a salvo, en lo posible, las suertes de los pobladores del Azul. ART.3. Se acuerda la suma de quince mil pesos moneda corriente, que se solicitan para agradar a los gastos que demande aquella operación. ART.4. Los propietarios cuyas suertes fueran comprendidas en la traza mencionada podrán entablar reclamo ante el Gobierno. ART. 5. Comuníquese a quien corresponda, publíquese e insértese en el Registro Oficial

                                   Adolfo Alsina                       Juan Miguel Núñez      

 De acuerdo al informe presentado por Czetz, el 30 de julio se inició la mensura; el trazado comprendía 96 manzanas de 86,6 metros de lado, incluyendo el campamento, y un espacio libre de cuatro manzanas reservado para los edificios públicos y la plaza central. Se contempló también la necesidad de obtener una simetría conveniente, para desaparecer las irregularidades que engendraba el curso del arroyo.

“La presencia del agrimensor (en Olavarría), fue aprovechada también para proyectar la construcción de una iglesia. El 30 de octubre elevó Barros el proyecto de Czetz, que fue aprobado el 29 de enero de 1869, con previas modificaciones por el Departamento Topográfico para darle mayor amplitud. Inmediatamente se llamó a licitación (para la construcción de una iglesia), pero pasaron varios años antes de que se iniciase la construcción” (14). 

Finalmente, la mensura fue desaprobada por el Departamento Topográfico, por no haberse respetado la distribución de chacras y quintas que establecía el decreto del 1 de septiembre de 1862, y se le ordenó que la rectificase a su costa. Pero la orden no pudo ser cumplida por el coronel de ingenieros Juan Czetz, porque al año siguiente, por encargo del ministro de Guerra y Marina, el coronel Martín de Gainza, estuvo ocupado en un proyecto de rectificación de los puntos estratégicos de la frontera.   El informe presentado por Czetz al gobierno para delinear la nueva frontera, aconsejaba el traslado de la Comandancia situada en Olavarría al fuerte de la laguna Blanca Grande.

Durante su desempeño como comandante de la Frontera Sud las desinteligencias de Barros con el Gobierno nacional y el provincial se fueron agravando. A tal punto que, el 20 de mayo de 1869, el ministro Gainza le comunicó su separación del cargo y su reemplazo por el coronel Francisco Borges. A su llegada, Barros había llamado la atención al gobierno del mal estado de las fuerzas en la Frontera Sud, de la falta de pago de los sueldos a los soldados y de las irregularidades que cometían en la frontera los comerciantes. Él dice: “Me recibí del mando de esta frontera, cuya entrega me hizo el coronel Machado (…) y se verificó (el inventario), resultando que solo existían 365 caballos y figuraban 800; y 339 soldados figurando cerca de 900 la última revista.”

“En cumplimiento de mi deber y dejando a salvo mi responsabilidad, envié al Gobierno los inventarios y recibos” (…) “Dos meses después el Comisario D. Federico Oromí fue a pagar dos meses atrasados a la guarnición y resultó un sobrante de 325.000 pesos. procedente de las plazas supuestas que antes figuraban, y que fueron devueltas al tesoro” (15).

Se quejaba Barros que el sistema de proveedurías establecido, los comerciantes inescrupulosos y la falta de controles autorizaban fraudes de todo género, situación que llevó a los indios a cometer robos para lucrar con sus frutos.

“A fines de 1868, a raíz de algunos escándalos producidos en el pueblo (Azul) con motivo de continuos robos de hacienda que realizaban indios amigos, dando origen a un comercio delictuoso en que se encontraban complicados comerciantes y autoridades, elevó un informe con graves imputaciones, afirmando con tal motivo que sus empeños para terminar con este tráfico delictuoso habían inducido a muchas personas para gestionar su reemplazo por otro jefe que pudieran entenderse” (16).

Los considerandos de su relevo le fueron explicados por el ministro de gobierno de la Provincia Martín de Gainza, mediante una carta donde le informó que la medida adoptada no había tenido otro objeto que la movilidad de los jefes en destinos militares.

Sobre su remoción de la Frontera Sud, expresa Álvaro Barros: “La causa manifestada era un pretexto fútil, puesto que había jefes de la frontera que tenían dos veces más tiempo de permanencia en sus puestos y no han sido hasta la fecha removidos. Teniendo necesidad manifiesta de ocurrir a una invención para destituir a un jefe, sin menoscabo de su nombre, etc.” (17).

La razón de la medida, asume Barros, fue dictada por la actitud que él mismo tomó cuando reclamó por los veintiséis sueldos adeudados a los soldados, porque el comisario se presentó a pagar solo los haberes de dos sueldos, y porque el Gobierno había considerado que el haber apoyado un reclamo colectivo de los oficiales contra las prescripciones de las ordenanzas militares debía considerarse un acto de rebelión consentido. 

Como se ve, Álvaro Barros resultaba un hombre molesto para quienes traficaban y comercializaban con el Ejército y con los indios. La presión ejercida para su destitución debió haber sido muy fuerte. Con su separación perdió nuestra frontera un militar honrado y digno, y Olavarría a un impulsor de su progreso.

A finales de 1869 ya estaba emplazada la Comandancia en el fuerte de la laguna Blanca Grande, a las órdenes de Borges. Ese hecho, como ya mencionamos, fue motivo de intranquilidad para los pobladores del naciente pueblo de Olavarría.

El pueblo pudo conservar para garantizar su seguridad una guarnición de 40 hombres al mando del capitán de guardias nacionales Lucio Florinda. A quien, como veremos más adelante, Álvaro Barros en su libro colmará de conceptos elogiosos por su actuación en defensa del incipiente pueblo de Olavarría.

El traslado de la Comandancia postergó la rectificación de la mensura del pueblo y produjo la desintegración de la Comisión Municipal, quedando como única autoridad civil el alcalde, pues el juez de paz residía en Azul.

 Mientras tantos había inseguridad e intranquilidad en la Frontera Sur. Los pobladores del Azul y sus alrededores se quejaban ante las autoridades por el incremento de robos de ganado llevados a cabo por grupos de indios que respondían a distintos jefes.   Para tratar de solucionar el problema se acordó invitar a todos los caciques y capitanejos, para que de común acuerdo eligieran a un jefe único que pudiera ejercer un mejor control y contención de todos los integrantes de la tribu. En la reunión acordaron elegir como jefe principal al cacique Cipriano Catriel, y como segundo jefe al cacique Calfuquir. 

  Para dejar constancia se firmaron dos convenios de cooperación, los días 9 y 15 de octubre de 1870.

  En representación de la Provincia, el comandante de la Frontera Sur, coronel Francisco De Elía, y por la tribu el cacique Cipriano Catriel.

  Algunas de sus cláusulas son las siguientes:

1º. De conformidad general acordaron los caciques y capitanejos, que se hallaban presentes, nombrar como su jefe principal al cacique Cipriano Catriel. Manifestando todos hallarse conforme; y que los indios que se encontraban independientes a su mando, en lo sucesivo se someterían a la autoridad de dicho cacique, y el que así no lo hiciere no sólo se consideraría rebelde, sino enemigo del Gobierno de la Nación.

2º. Por aclamación general y de acuerdo todos los caciques y capitanejos nombraron como su segundo jefe, al cacique Calfuquir; poniéndolo en ese momento en posesión de su cargo.

3º. Se estipuló de común acuerdo y con la aprobación de todos los Caciques presentes, quienes se prestaron muy gustosos a cooperar a la defensa y resguardo de la frontera, quienes prestarán toda clase de auxilios que esté a su alcance al Jefe de ella cuando los necesite; reconociéndolo como representante del Gobierno Nacional, como también prestarle su cooperación en cualquier eventualidad, pidiendo a su vez el Cacique Catriel al infrascrito su influencia moral y material para someter a aquellos Caciques que con alguna parte de indios desaprobasen conocer que cuenta con la protección del Gobierno, que tienen que obedecerle y respetarle y poder también capturar Capitanejos e indios que desde algún tiempo anterior han estado causando graves perjuicios en los intereses fronterizos, como así mismo para repeler cualquier invasión exterior.

4º. Convinieron también que el Cacique Catriel investirá la autoridad de Cacique principal de todos los indios (por corresponderle el derecho de reinado) desde el fallecimiento del padre Juan Catriel; habiendo sido reconocido siempre por tal, a excepción de Manuel Grande, Ramón López, Cachul y Chipitruz, que anteriormente han pertenecido a Calfucurá, pero desde esta fecha quedan bajo las inmediatas órdenes de Catriel, como todos los demás. Y que en cualquier ocurrencia debe entenderse directamente con el Comandante General de frontera, prohibiendo a todos los Caciques hacerlo parcialmente.

5º. De común acuerdo quedó establecido que todos los ladrones capturados serían sometidos a prisión y castigarles según el grado de culpabilidad que se le hallase a cada uno, como también la entrega de todos los desertores que se encontrasen amparados en los toldos de algunos Caciques y Capitanejos.

7º. Que toda vez que la autoridad civil necesitase la cooperación del cacique Catriel a cualquier objeto de servicio se la prestaría inmediatamente muy gustoso; como igualmente si de algún robo sabía la autoridad perpetrado por algún indio, se lo denunciará; que en el acto haría aprehender al autor y lo entregaría al Juez de Paz (que estaba presente) para que le diera el castigo que le corresponda.

“Que en cumplimiento de lo que significan los artículos anteriores se hace seriamente responsable el cacique principal Cipriano Catriel, para la autoridad que representa el infrascripto, contando para esto con el apoyo de sus caciques y capitanejos”.

 En Azul, el 15 de octubre de 1870

“1º. Los indios se comprometen a desarmarse quedando en poder del cacique Catriel las lanzas para armar la indiada cuando el jefe de la frontera lo crea conveniente.

“2º. En caso de invasión las indiadas amigas operarán en conjunto con las fuerzas de la frontera bajo las órdenes del jefe de la frontera.

  Poco después, los caciques Chipitruz, Manuel Grande y Calfuquir, descontentos con el cacique Cipriano Catriel, por demorarles la entrega de sueldos y raciones, se sublevan. Y el 3 de mayo de 1871 se enfrentan en Laguna de Burgos (cerca de Azul) a las fuerzas al mando de Celestino Muñoz y Matias Miñana, que contaban con el apoyo de Catriel y sus lanzas.   Derrotados y dispersados, la consecuencia para los caciques sería la muerte en la acción del cacique Calfuquir, y el despojo de sus haciendas y sus familias llevadas a los toldos de Catriel. Los caciques Chipitruz y Manuel Grande, junto a algunos integrantes de sus tribus, se presentaron ante el jefe de la Frontera Oeste, coronel Boerr, solicitando

protección, siendo en el lugar tomados prisioneros.  El coronel De Elía los acusó de rebelión, y el Gobierno de la Provincia dispuso que los caciques Chipitruz y Manuel Grande, junto algunos a sus partidarios, fueran internados en la isla Martín García. El combate de Laguna de Burgos, considerada por algunos una maniobra de Cipriano Catriel y el coronel Francisco De Elía, desataría una invasión del cacique Calfulcurá. Comenzaría en Bahía Blanca en junio y agosto y se extendería al año siguiente por 25 de mayo, Alvear y 9 de julio. 

 El 5 de marzo de 1872, Calfucurá responde a lo que él considera una injusticia presentándose en 25 de Mayo, en la zona de La Verde, donde vivía con su tribu el cacique Raninqueo; Calfucurá hace que levante sus toldos y lo lleva con él.

  Por esta acción le escribe una carta al coronel Boerr, encargado de la frontera oeste: 

La Verde, 5 de marzo de 1872.

 «Señor coronel:

«Hoy le participo que el día 5 vine a sorprender al caci­que mayor D. Andrés Raninqueo con toda la indiada, así es que me vine con seis mil indios a vengarme por la gran picardía que hicieron con Manuel Grande y Chipitrús y demás capita­nes; en fin, de muchas picardías que han hecho con los solda­dos de Manuel Grande y creo le mandase hacer lo mismo á Raninqueo, y por ese motivo hoy me llevo al cacique Raninqueo porque ustedes no lo vuelvan a hacer con él; así es que por su fuerte no me asomaré y no haré ningún daño en su parte porque somos amigos. No se nos ofrece otra cosa y sólo le pido se aplaca como Gefe lo saluda este su atento servidor. (18)

JUAN CALFUCURA.  

  Organizada la represión, el jefe de la frontera general Rivas avanzó desde Azul al frente de las fuerzas de las fronteras Sur y Costa Sur, en protección del coronel Boerr, que se encontraba en el fortín San Carlos. Y el 8 de marzo de 1872, se produciría un acontecimiento que cambiaría la situación de la frontera. El cacique Juan Calfulcura, que regresaba a sus tolderías de la zona de Carhué llevando una gran cantidad de vacunos, yeguarizos y unos cuantos cautivos, producto de los malones realizados en la Provincia, al pasar por las inmediaciones del fortín San Carlos, fue interceptado por las fuerzas comandadas por Ignacio Rivas, Juan Carlos Boerr y Francisco Leyría, con el apoyo de 800 lanceros de las tribu de Catriel y Coliqueo. 

 El combate, al que se le conoce de San Carlos, terminó con una gran derrota para Calfucurá y sus segundos Reuque Curá, Namuncurá y Epumer Rosas, y marcó el inicio de la decadencia de la llamada Confederación Indígena, y el afianzamiento de la conquista de la frontera. Calfucurá murió al año siguiente, en sus tolderías de Chiloé (oeste de Salinas Grandes), el 4 de junio de 1873. El cacique Calfulcurá, en carta a Mitre, le contaría de cómo fue su llegada a nuestro país, y su origen de esta forma: 

 En 1868, durante la Presidencia de Sarmiento, cuando éste amenazaba ocupar la isla Choele-Choel, Calfucurá le escribe a Álvaro Barros.

   Mi querido señor y compadre:

  Los dos somos amigos y no me he de olvidar nunca que usted fue el padrino de mis hijos cuando estaban presos y les dio la libertad; pero tengo un sentimiento en usted porque no me ha avisado por este parte, de la población que han hecho de Choele-Choel, pues me dicen que ya han lleudo las fuerzas y que vienen a hacer­me la guerra, pero yo también he mandado mi comisión para donde mi hermano Reuquecurá, para que me mande gente y fuerzas, pero si se retiran de Choele-Choel no habrá nada y estaremos bien, pero espero en usted me conteste y me diga de asuntos de los señores míos y jefes y del señor Gobierno.

 Juan Calfucurá.

   El testamento político de Calfulcurá (Piedra azul) que legaba a sus herederos, fue: «no abandonar Carhué a la huinca».  Su hijo Namuncurá (Pie de piedra) asumiría el mando de la tribu.  

  El informe del combate de San Carlos que Ignacio Rivas envió al gobierno, decía: 

  Los invasores han dejado en el campo del combate más de 200 muertos, entre los que ha sido reconocido un cuñado de Calfucurá y otros capitanejos, y en el crecido número de heridos que llevan, dicen los cautivos haber visto a un hijo de Calfucurá gravemente herido en el vientre.

  Nuestras pérdidas consisten en 4 muertos y 2 heridos, siendo uno de estos el Ayudante del Coronel Ocampos, Capitán D. Manuel Gómez; y de los indios amigos 30 muertos y 14 heridos, contándose entre los últimos 2 capitanejos» (…..) «El Cacique General Cipriano Catriel, que en ningún momento desmintió su valor indomable, ni la fibra que caracteriza la raza indígena, se ha hecho merecedor, no solo por esas condiciones sino también porque a la vista del enemigo para darme una prueba evidente de su firmeza, me pidió que pusiera a sus órdenes una escolta de cristianos para fusilar a todos los indios que co­bardemente dieran la espalda al enemigo y accedí sin trepidar a su pedido dándole mi propia escolta mandada por el Teniente D. Juan Farias..” (19).

  En la Frontera Sud, los indios de Catriel, a más del servicio que les está encomendado, prestan el de escoltar a los guardias nacionales que hacen descubiertas y guarnecen fortines para evitar deserciones, decía el ministro de Guerra coronel Gainza en un mensaje al Congreso

  Anteriormente comentábamos que el traslado de la Comandancia a la laguna Blanca Grande había tenido el rechazo de los pobladores, por el temor de que las estancias y el nuevo pueblo de Olavarría quedaran a merced de los indios. La difícil situación por la que debieron atravesar los vecinos que los unió en defensa del pueblo, el hecho de no tener una comisión municipal y que la residencia de las principales autoridades civiles y militares residieran en Azul haciendo ineficaz la solución de los problemas, hizo que el 15 de abril de 1872, con la firma de veinticinco vecinos, presentaran un petitorio para elevar al Poder Ejecutivo solicitando que Olavarría fuese declarado cabeza de partido. 

  Del petitorio de los vecinos tomamos conocimiento por una comunicación de fecha 5 de diciembre de 1872, donde se le informa al Juez de Paz del Azul, lo resuelto por el Gobierno. En la misma comunicación se le pone al tanto de la queja de los pobladores, por haberles prohibido la Municipalidad del Azul la compra de cueros a los indios.      

 «De acuerdo con lo informado por la Municipalidad del Azul, y aconsejado por la Sociedad Rural, el Gobierno resuelve : 1-Se cumpla lo dispuesto por la Municipalidad del Azul, respecto del comercio de frutos en Olavarría, mientras no quede establecida en aquel pueblo una subdelegación de la comisaria del Azul, y se adquiera la certidumbre de que el comercio de frutos en aquel pueblo se efectuará legalmente observándose la prescripciones legales que son exigidas en la comisaria de Azul, hágase saber a los solicitantes, librándose oficio al Juez de Paz del Azul, para que proponga el subdelegado y el número de hombres que necesite. 

 Seguramente, para el pequeño pueblo de Olavarría, la compra de cueros a los indios le significaba un importante ingreso a los pobladores, pero el comercio de cueros no estando sujeto a controles como dice el informe, se prestaba a las irregularidades que había denunciado Álvaro Barros. 

  El doctor D. Adolfo Alsina, siendo gobernador de Buenos Aires, interesado en mejorar la situación de la campaña, hallándose en el Azul reunió a las personas más acomodadas del pueblo aquél para escuchar opiniones respecto al modo de conseguir aquel objetivo.

 Todos convenían en que los indios amigos arruinaban la campaña con sus robos y cada uno emitió sus ideas más o menos prácticas. Unos proponían la expulsión, otro aumento de la fuerza policial; en fin, alguno repitió lo que los mismos indios dicen siempre que se les acusa de ladrones: Si los pulperos no nos comprasen los cueros, nosotros no robaríamos. Impídase, pues, la compra de los frutos robados y cesarán los robos.   En honor de aquel pueblo diré que algunos apoyaron esta idea, que fue combatida por otros, y en el curso de la discusión un comerciante dijo al Gobernador: Señor, si se prohíbe totalmente   la compra de cueros a los indios, el comercio del Azul se arruina. (23).  

 La ley Nº 441, del 18 de julio de 1865, había establecido la división territorial de los partidos al exterior del Salado y los 27 partidos en que había quedado dividida la provincia. El artículo segundo determinaba los límites de cada partido. En los apartados 20 y 21 del artículo 2º, los deslindes de los partidos de Azul y Tapalqué. Un tramo del arroyo homónimo fijaba el límite de los dos partidos. El 31 de agosto de 1865, por un decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se realiza la primera demarcación administrativa del partido de Azul; estableciendo, que rumbo al Sud-Oeste comprendía Sierras Bayas, San Jacinto y las puntas del arroyo Tapalqué y sus adyacentes. Esta demarcación de límites del partido de Azul traería como consecuencia, que las tierras donde poco después se fundaría el pueblo de Olavarría pertenecían al partido de Azul. 

 Un hecho de trascendencia sucedería en el pueblo de Olavarría, a casi cinco años de aquel decreto que establecía la formación de un nuevo pueblo en “las puntas del Arroyo Tapalqué”, los pobladores se levantarían en armas contra la autoridad, por considerar abusiva una sanción establecida en contra de uno de sus vecinos.

 La máxima autoridad del lugar era el teniente alcalde, por aquel entonces Manuel Fernández, natural de España, que había reemplazado a Eulalio Aguilar, autor de una sanción pecuniaria contra el vecino Cecilio Chamorro, por considerar que éste último había incurrido en el delito de apropiarse de más tierras que las que le correspondía. La sanción impuesta por el alcalde Aguilar consistía en la suma de doscientos pesos moneda corriente, un importe muy elevado para aquella época. 

 El teniente alcalde Manuel Fernández debía hacer cumplir aquella sanción, pero Chamorro, después de consultar la opinión de sus vecinos, se negó a abonar la multa.     Ante la negativa, el teniente alcalde mandó a detener al infractor y lo envió al lugar que oficiaba de prisión, sin custodia ni comida, según dirían luego sus vecinos.

 La autoridad no era del agrado de los pobladores, se lo acusaba a Fernández de ser prepotente y maleducado, y por su excesivo consumo de alcohol, encontrarse repetidas veces en estado de beodez.

 Los vecinos consideraron injusta la medida y decidieron alzarse en armas contra el funcionario al que acusaban de arbitrario. El 5 de agosto de 1872 se reunieron en la plaza, y armados de carabinas y armas cortas se dirigieron a donde se encontraba el alcalde Fernández para interpelarlo.

 El acontecimiento de ese día fue narrado en un acta que los vecinos dejaron como constancia, sabedores de los riesgos de la decisión tomada.

 El acta, que transcribimos, nos muestra un pueblo unido y decidido en defensa de sus vecinos, y el liderazgo del capitán Lucio Florinda, que venía ejerciendo desde la fundación del pueblo de Olavarría. 

  El acta dice:

  En la plaza de Olavarría, a los cinco días del mes de agosto de mil ochocientos setenta y dos, los vecinos de este pueblo,  dispusimos reunirnos en masa para protestar del modo más solemne que hubiera, ante las leyes  y contra los avances de una autoridad de contrabando,  que sin ley ni conciencia trataba de avasallar a un humilde vecino y atento solo a un papelucho que dice que el alcalde de este punto apercibe a Don Cecilio Chamarro, le reduce a prisión sin custodia ni comida, y este ciudadano en desesperación recurre al pueblo pidiendo su concurso para salvarse de la cruel situación.  En vista de lo expuesto, y considerando que en los pequeños centros de población depende todo de la mutua protección de los habitantes, hemos creído un deber y en cumplimiento de esto,  pasamos a la casa del señor Fernández (español de nación) y alcalde según documento que original se adjunta por su originalidad, con el fin determinado de hacerle presente la circunstancias que ocurría, y hacerle el servicio de indicarle el proceder que debía observar en la cuestión del vecino Chamorro, sobre la orden de  despoblación  en la chacra que ha poblado, pues que ni el señor Fernández ni el señor alcalde que lo autorizó, han tenido ni tienen conocimiento de la delineación y amojonamiento de este pueblo, del cual solo Don Lucio Florinda no solo como uno de los fundadores sino como encargado del Presidente de la Comisión  que fundó este pueblo,  podrá  dilucidar próximamente cualquier cuestión que se solicitase sobre las tierras de este partido. Llegados los firmantes a la casa del señor Moya, donde se encontraba el señor Fernández, Don Lucio Florinda presidiendo el vecindario de este pueblo, pidió al señor Fernández se prestase a escuchar la justa reclamación que se le hacía en pro del vecino damnificad, el señor Fernández, usando el descomedido estilo y  groseras  maneras que caracterizaba al gallego más estúpido que por desgracia `pudo producir la España, no solo se mostró con la indiferencia de un salvaje, sino que con palabras poco comedidas, pretendió desprestigiar a un vecindario que le honraba con su concurrencia, fue entonces que indignados  con tan inesperado proceder lo obligamos a dar satisfacción al pueblo que con tanta justicia le apercibía. Su contestación fue que era teniente alcalde de este punto y que no tenía que dar satisfacción a nadie de sus actos. Requeridos nuevamente por la comisión, que nombró el pueblo, compuesta de los vecinos: Don Felipe Churusca, Don Pedro Caro y Don Manuel Llanos, los cuales le obligaron a que justificase su legalidad de su empleo, presentó a estos señores el anexado documento, al cual el pueblo contestó que no le reconocía por las razones siguientes: 1) Porque un extranjero no puede ejercer puesto público en este país. 2) Porque en años anteriores no soportando la informalidad de un empleado, como el que nos ocupa, obligó la necesidad a aceptarlo y sus resultados fueron tan funestos, que fue necesario destituirlo, prefiriendo quedar librados a nuestros propios recursos ante que representados por una autoridad que más dañaba la moral y el buen servicio público, que corresponder a la confianza que el pueblo depositaba en él.  Siendo su vida pública y privada conocida por este vecindario, así como la enajenación mental producida por él.

Nos decidimos unánimemente a desconocer no solo la autoridad, sino también la del que tan cándidamente pudo autorizarlo.  

  Destituido por los vecinos el teniente alcalde Fernández, sería sustituido por el alcalde Mariano R. Velazco, quien tendría la orden de solucionar el conflicto.

  De lo acontecido en el pueblo y las medidas por él tomadas,  informaría al juez de paz de Azul, en los siguientes términos:   El alcalde sustituto de este pueblo da cuenta a Ud, que habiendo sabido que el teniente alcalde Don Manuel Fernández había puesto preso a Don Cecilio Chamorro, por no querer pagar la multa de 200 pesos M/N que había impuesto el alcalde Eulalio Aguilar, y entonces Don Lucio Florinda se puso a la cabeza de catorce hombres, todos armados de revólveres y fusiles a bayoneta, a que él ordenaba  y que mandaba más que las autoridades y que se frustraba con las autoridades del pueblo y las de Azul e igualmente en toda la partida. A las siete de la noche le ordené al teniente alcalde que se armara con los tres soldados de la policía para ir a aprender a Florinda, lo que desobedeció, y en el acto llamó a los vecinos que viniesen armados con fusiles a bayoneta calada, y que no era sujeto ningún alcalde de prenderlo a él. Entonces fui yo en persona a decirle que marchase y contestó que ni marchaba y que me mandara a mudar y que él estaba dispuesto a quedar muerto en la plaza con la gente que lo acompañaba, que son los siguientes: Juna Quinteros, Felipe Churusca y hermano, Manuel Llanos, Francisco Arocena y Don Lucio Florinda a la cabeza de dicha gente…”.   

 Finalmente, Lucio Florinda se entregaría y sería enviado a prisión por orden del juez de paz de Azul José Botana. Después de las declaraciones de varios testigos participantes del hecho, y de pasar un breve tiempo en prisión, Lucio Florinda obtendría la libertad mediante el pago de una fianza que fue abonada por Martínez Acheverry. A Cecilio Chamorro le fue restituido su inmueble y el arbitrario alcalde Fernández fue destituido. 

  La situación de no tener una Comisión Municipal en el pueblo de Olavarría se mantuvo hasta el 3 de octubre de 1873, cuando el Ejecutivo provincial a solicitud del Juez de Paz designó una nueva Comisión Municipal, compuesta por el Juez de Paz y los señores Matías Miñana y Celestino Muñoz, con la presidencia del general Ignacio Rivas, como comandante militar. 

“La Comisión Municipal últimamente nombrada residía en el Azul, causa por la cual no podía cumplir su cometido a satisfacción de los pobladores de Olavarría, quienes, en enero del año siguiente, se dirigieron al Ministro de Gobierno, solicitando la creación del Partido y rectificación de la mensura. Sesenta vecinos firmaron la solicitud, en la cual se manifestaba el estado del pueblo, que contaba ya con cuarenta casas particulares y doce de comercio con un capital de 2.000.000 pesos” (24). El 6 de enero de 1874 los pobladores presentarían la solicitud, y el Gobierno ni siquiera les envío una respuesta.  

Mientras tanto, la mayor aspiración de los pobladores de una mensura definitiva continuaba sin resolverse; la espera llevaba ya siete años.

  Pero sería en este año cuando Olavarría daría un importante paso en sus aspiraciones de convertirse en cabecera de partido, conseguiría que la Corporación del Azul aprobara el pedido de los vecinos de Olavarría de segregarse, para conformar uno nuevo.   Desconocemos, si este cambio de los vecinos de elevar la solicitud a la Corporación del Azul en lugar de al gobierno, como lo venían haciendo, fue por indicación de alguna autoridad provincial. Quizás, lograr la aprobación de los azuleños, era la condición previa exigida por el Gobierno de la Provincia.  

  El 13 de abril de 1874, en una reunión de municipales de la Corporación del Azul, el municipal Belisario Zapata solicita se trate el pedido de los vecinos de Olavarría sobre la creación de un nuevo partido segregándose del Azul; creemos, que de su acertada propuesta de como nombrar a los integrantes de la comisión, que debían resolver la cuestión planteada, Olavarría conseguiría la secesión.

 Pero antes debían rechazar la propuesta del municipal Luciani, que, de haber tenido éxito, muy posiblemente no se hubiera aprobado lo solicitado por los vecinos de Olavarría; la votación sobre la cuestión se decidió por tres votos a dos, quedando entonces constituida la comisión de acuerdo a la propuesta de Zapata.