Buscan endurecer las sanciones contra la caza furtiva en los campos bonaerenses
La Legislatura bonaerense analiza incorporar nuevas sanciones al Código Rural para combatir el ingreso de grupos de cazadores a establecimientos privados sin autorización. La propuesta contempla multas de hasta 30.000 unidades fijas, decomisos de armas, perros y vehículos e inhabilitaciones de hasta 15 años. El tratamiento del proyecto original fue postergado para avanzar con una reforma integral de la normativa vigente.
La iniciativa fue presentada por el diputado de la Coalición Cívica Luciano Bugallo, con el acompañamiento del presidente del bloque, Andrés De Leo. El proyecto, identificado como expediente D-2534/26-27, apunta a sancionar las incursiones de grupos que ingresan a campos privados con armas de fuego, perros y vehículos para perseguir o capturar animales silvestres.
La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados resolvió postergar su tratamiento. La intención es que las principales disposiciones de la propuesta sean incorporadas a una modificación del Código Rural bonaerense, en lugar de avanzar con una ley independiente.
El régimen de sanciones propuesto contempla multas de entre 1.000 y 20.000 unidades fijas para distintas contravenciones contra la seguridad rural y sanciones adicionales de entre 5.000 y 30.000 unidades fijas para quienes ingresen sin autorización a establecimientos privados con fines de caza.
El texto también establece agravantes del 50% cuando intervengan tres o más personas, se utilicen vehículos, la actividad se desarrolle durante la noche, existan antecedentes o se afecten áreas protegidas.
Entre las medidas previstas figuran la inhabilitación por diez años para obtener permisos de caza y una inhabilitación especial de quince años para los casos de ingreso ilegal a campos privados. También se propone el decomiso de perros, armas, cuchillos, herramientas y animales capturados, además del secuestro preventivo de los vehículos utilizados.
Otro punto es la creación de un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. En el caso de los perros decomisados, el proyecto establece controles veterinarios y su puesta a disposición de refugios y asociaciones protectoras, con posibilidad de incorporarlos a programas de adopción responsable.
La propuesta busca reforzar herramientas que ya existen en la legislación provincial. El artículo 273 del Código Rural bonaerense, establecido por el Decreto-Ley 10.081/83, prohíbe la formación de cuadrillas de caza, la caza nocturna y determinadas modalidades consideradas especialmente dañinas.
Sin embargo, los fundamentos del proyecto advierten que esas restricciones no alcanzan para frenar las incursiones de grupos organizados que ingresan a establecimientos agropecuarios sin autorización, en ocasiones con perros galgos, armas y vehículos.
La iniciativa también recoge las advertencias del Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que manifestó su preocupación por los episodios registrados en distintos puntos de la provincia y los riesgos que representan para productores, trabajadores y familias que viven en establecimientos rurales.
