Comisaría Primera: Para la APDH la muerte de Gonzalo Tamame «constituye un gravísimo atentado a los derechos humanos fundamentales»
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Olavarría (APDH) expresó su «más enérgico repudio» ante la muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame, el hombre aprehendido luego de un presunto hecho de violencia de género que apareció muerto en un calabozo de la Comisaría Primera.
La APDH dejó en claro que la muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame se produjo «mientras se encontraba bajo custodia del Estado.»
La APDH sostuvo, «este hecho, que ha conmocionado a la comunidad local, constituye un gravísimo atentado a los derechos humanos fundamentales, y debe ser investigado de forma urgente, transparente e imparcial, garantizando el pleno acceso a la verdad para su familia y para la sociedad toda.» En este sentido, desde la APDH se recordó que «toda persona detenida se encuentra bajo la responsabilidad directa del Estado, y debe ser protegida en su integridad física y psíquica, sin excepción.»
La APDH agregó en el comunicado, «nos solidarizamos con la familia de Gonzalo Tamame en este momento de dolor, y nos sumamos a su reclamo por justicia y esclarecimiento inmediato de los hechos. Seguiremos exigiendo que se garanticen los derechos y libertades de todas las personas, en todos los ámbitos, y particularmente en aquellos donde el Estado ejerce control y poder coercitivo.»
Repudio a la represión y a la detención de dirigentes
En el mismo comunicado, la APDH repudió «la represión policial ejercida durante la movilización del día Jueves 24 frente a la Seccional Primera, en la que se detuvo arbitrariamente a Agustín Mestralet y Lautaro Méndez, en un intento por criminalizar la protesta social y acallar las voces que reclaman justicia.«
En este pudo desde la APDH exigieron la «inmediata liberación, el cese de toda persecución judicial y el respeto irrestricto a las garantías constitucionales.»
Desde APDH Olavarría sostienen que: «la violencia institucional no puede ser naturalizada, la protesta social es un derecho, no un delito, el Estado es responsable por las condiciones de detención y debe responder por cualquier violación de derechos humanos en contextos de encierro.»
