Con un bocinazo, ADUNCE rechaza el veto a la Ley de Financiamiento Universitario
Imágenes Mauricio Latorre
En el marco de un ruidoso «bocinazo» en la ciudad, la titular del sindicato ADUNCE, Ludmila Adad, expresó su contundente rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza, que se replicó en distintas universidades del país, busca visibilizar el descontento de la comunidad educativa ante una decisión que, según Adad, pone en riesgo el futuro de las universidades públicas.
«Esto es una de las medidas que anunciamos: si hay veto, hay paro, y si hay veto, hay marcha», declaró la referente gremial, confirmando que la movilización es parte de un plan de lucha más amplio. Adad explicó que, a pesar de que la decisión presidencial era esperable, existía la esperanza de que no se concretara, «debido a que logramos dar vuelta el veto a la ley de discapacidad».
«Una ley que nos va a permitir seguir funcionando»
Adad enfatizó la importancia crucial de la ley vetada para el sostenimiento de la educación superior. «Es una ley que nos va a permitir seguir funcionando, una ley que nos va a devolver la posibilidad de continuar con las políticas universitarias de desarrollo, de investigación, de vinculación con la comunidad de bienestar», sostuvo.
Además, la titular de ADUNCE destacó el rol de la ley para el apoyo a los estudiantes: «Nos va a seguir permitiendo poder acompañar a esos estudiantes con bajos recursos o con recursos nulos en la formación, en la obtención de su título, en su inserción laboral».
La gran marcha federal
El «bocinazo» de hoy es un preludio de una acción de mayor envergadura. «Hoy estamos presentes, ustedes pueden escuchar la bocina, es enorme el apoyo», afirmó Adad, invitando a la ciudadanía a sumarse a la lucha.
Finalmente, la dirigente convocó a la «gran marcha federal que se realizará el 17 de septiembre cuando los diputados traten el veto a esta ley». La movilización busca ejercer presión sobre el Congreso para que se revierta la decisión del Poder Ejecutivo y se garantice el presupuesto necesario para el normal funcionamiento de las universidades nacionales.
