Confirmaron una condena de ocho años de prisión para un hombre acusado de abusar de su sobrina en Olavarría

La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso presentado por la defensa de un hombre condenado por abuso sexual con acceso carnal contra su sobrina, quien era menor de edad al momento de los hechos.
Los jueces consideraron que las pruebas reunidas respaldaban la acusación y descartaron que se hubiera vulnerado el derecho de defensa.
La resolución confirmó la condena a ocho años de prisión que había impuesto el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Azul, en el marco de un juicio abreviado. El hombre fue considerado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal por un hecho ocurrido en Olavarría entre el 19 y el 21 de febrero de 2022.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada al fallo, los abusos ocurrieron en el interior de un auto propiedad del acusado, en un sector descampado de la ciudad. La víctima había quedado sola con su tío después de que ambos trasladaran a otras personas y se separaran del resto del grupo.
La defensa oficial, a cargo del doctor Marcelo N. A. Domínguez, había solicitado la nulidad de la acusación y de la sentencia al considerar que no se habían precisado suficientemente la fecha, los horarios y el lugar del hecho. Sostuvo que esa falta de precisión afectaba las posibilidades de ejercer una defensa efectiva.
También cuestionó la valoración de las pruebas, particularmente el testimonio de la víctima, los informes médicos y psicológicos y las declaraciones de otros testigos. Finalmente, reclamó que se redujera la pena al mínimo legal.
La jueza María Florencia Budiño, cuyo voto fue acompañado por el magistrado Fernando Luis María Mancini, consideró que los planteos no tenían sustento suficiente para modificar lo resuelto en primera instancia.
Sobre la supuesta indeterminación temporal, la magistrada señaló que la defensa no había explicado concretamente qué estrategia había quedado impedida de desarrollar ni qué prueba no había podido aportar. Además, destacó que el fallo había delimitado el período en el que ocurrió el episodio, el vehículo en el que tuvo lugar y el sector de Olavarría donde se produjo.
“La genérica invocación de haber sido afectado el derecho de defensa no suple la exigencia de que la parte interesada indique el perjuicio concreto que se habría derivado del acto censurado”, sostuvo Budiño.
En relación con las pruebas, Casación consideró que el relato de la víctima, realizado mediante Cámara Gesell, había sido respaldado por otros elementos incorporados a la causa.
Entre ellos mencionó las declaraciones de la madre, el padre y una tía de la joven, quienes dieron cuenta de las circunstancias en las que conocieron lo sucedido y de los cambios que observaron en su comportamiento.
La sentencia también analizó el informe psicológico elaborado por el licenciado Juan Martín Arias, que registró sentimientos de culpa, dificultades para dormir, angustia e ideas de muerte. Asimismo, incorporó las conclusiones del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, que había advertido un importante cuadro de angustia.
En cuanto al informe médico, los jueces señalaron que se habían constatado desgarros vaginales cicatrizados y lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo. La resolución también destacó que, en las distintas intervenciones profesionales, la joven había mantenido su relato e identificado a su tío como autor del abuso.
Para fundamentar la valoración de este tipo de testimonios, el fallo citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recordó que, por las características de los delitos contra la integridad sexual, suelen producirse en ámbitos sin presencia de otras personas.
“La declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”, señaló la resolución al recuperar uno de los criterios establecidos por el tribunal internacional.
Por último, Casación rechazó el cuestionamiento al monto de la pena. Indicó que los ocho años de prisión habían sido acordados por las partes durante el procedimiento abreviado y que la sentencia de primera instancia había respetado ese acuerdo, con la valoración de las circunstancias del hecho y la ausencia de antecedentes penales.
De esta manera, la Sala II resolvió declarar formalmente admisible el recurso de la defensa, pero rechazarlo en todos sus planteos y mantener la condena de ocho años de prisión, sin imponer costas en esa instancia.
