Corresur admitió el grave deterioro de la RN N° 3 entre Cacharí y Azul y se despegó de la gestión anterior
La nueva concesionaria de la Ruta Nacional N° 3 reconoció el mal estado del tramo comprendido entre Cacharí y la intersección con la Ruta Provincial 60, donde describió una calzada “muy deteriorada”, baches abiertos, numerosas deformaciones, banquinas descalzadas y una señalización horizontal “prácticamente borrada”.
El diagnóstico surge de una presentación realizada por Rutas Sur Atlántico S.A. (Corresur) ante la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de la medida cautelar dictada por la Justicia Federal a partir de la demanda iniciada por el Municipio de Azul por el estado de la Ruta Nacional N° 3.
En Línea accedió al documento que la concesionaria incorporó al expediente judicial que tramita ante el juez federal de Azul, Martín Bava, donde Corresur también dejó expresamente aclarado que no es continuadora jurídica ni societaria de Corredores Viales y que no reconoce responsabilidades por las condiciones de la ruta anteriores al 1° de julio, fecha en la que tomó posesión de la concesión.
La descripción del estado de la traza aparece luego de una recorrida realizada por la empresa sobre los 50 kilómetros comprendidos entre los km 244 y 294, sector que incluye a Cacharí y se extiende hasta la intersección con la RP 60.
En ese informe, Corresur fue categórica: “El estado en general es malo”.
A continuación, detalló que la superficie de rodamiento se encuentra “muy deteriorada”, con “algunos baches abiertos” y “muchas deformaciones”. También señaló que las banquinas se encuentran descalzadas casi en la totalidad de su longitud, mientras que la señalización horizontal está “prácticamente borrada”.
La empresa indicó además que el sector se corresponde con “algún tipo de obra sin finalizar”, ya que encontró cartelería que advierte sobre esa situación.
La causa iniciada por el Municipio de Azul
El estado de la Ruta Nacional N° 3 fue llevado a la Justicia por la Municipalidad de Azul mediante una demanda contra el Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, y Corredores Viales.
En ese expediente se dictó una medida cautelar que ordenó distintas acciones sobre el tramo cuestionado, vinculadas con la seguridad y las condiciones de transitabilidad.
Sin embargo, durante el desarrollo del proceso judicial se produjo un cambio de concesionario. Corresur asumió la explotación del corredor el 1° de julio de 2026, por lo que la empresa sostiene que no puede atribuírsele el estado en que recibió la ruta.
En su presentación, Rutas Sur Atlántico señala que no es parte de la causa judicial ni reviste el carácter de sujeto pasivo de la sentencia dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
También remarca que es una sociedad distinta e independiente de Corredores Viales S.A. y que la adjudicación de la nueva concesión no implicó una sucesión general ni la asunción de obligaciones o responsabilidades originadas con anterioridad, salvo aquellas que surjan expresamente de la documentación contractual.
Las obras que deberán adelantarse
A pesar de ese deslinde, Corresur manifestó su disposición a colaborar con Vialidad Nacional para cumplir con la medida cautelar mediante el adelanto de inversiones programadas y la readecuación de los frentes de obra actualmente en ejecución.
El plan presentado contempla trabajos de bacheo con mezcla bituminosa, fresado de deformaciones, calce de banquinas y reposición de señalización.
Para el tramo entre los kilómetros 244 y 294, el cronograma establece tareas durante los primeros cuatro meses de ejecución. La primera intervención prevista es la instalación de señalización vertical de advertencia, seguida por trabajos de bacheo, fresado y calce de banquinas.
En total, la empresa proyecta colocar 16 carteles de “Precaución / Calzada deteriorada / Zona de obra” y otros 10 carteles con la advertencia “Atención / Con lluvias disminuya velocidad”.
Corresur advierte por el impacto económico
Pero la presentación contiene otra definición de peso. La nueva concesionaria advierte que cumplir con las tareas ordenadas por la Justicia implica alterar el cronograma de obras, el plan de avance correspondiente al primer año y el esquema financiero que había contemplado al formular su oferta.
Según Corresur, esa modificación genera un impacto económico y financiero que no estaba previsto y que podría encuadrarse en la cláusula contractual denominada “Distorsión del Equilibrio por modificaciones unilaterales del Concedente”.
Por ese motivo, dejó expresa reserva de iniciar el procedimiento previsto en el contrato para reclamar una recomposición de la ecuación económico-financiera de la concesión.
De esta manera, el expediente que comenzó con el reclamo del Municipio de Azul por el deterioro de la Ruta 3 incorpora ahora un nuevo capítulo: la nueva concesionaria reconoce oficialmente las malas condiciones de la traza, se despega de las responsabilidades por el estado previo a su llegada y advierte que adelantar las obras exigidas por la Justicia podría tener consecuencias económicas sobre el contrato.
Un plan de rehabilitación que se extiende durante cinco años
La documentación presentada también permite conocer el esquema original de rehabilitación previsto para el tramo Las Flores-Azul, comprendido entre los kilómetros 189 y 307.
El cronograma contempla obras distribuidas durante los primeros cinco años de concesión: 9 kilómetros/carril durante el primer año, 26 durante el segundo, 30 en el tercero, 30 en el cuarto y 24 en el quinto.
En cuanto al material previsto, se contemplan 4.169 toneladas durante el primer año, 11.465 durante el segundo, 13.028 en el tercero, otras 13.028 en el cuarto y 10.423 en el quinto.
La medida cautelar obliga ahora a reordenar parte de esa planificación para atender de manera anticipada el sector comprendido entre Cacharí y la RP 60, justamente el tramo que la propia concesionaria describió en su presentación como de “estado en general malo”.
