Daireaux: la Justicia confirmó cobros ilegítimos de la tasa vial por falta de servicio y exceso de recaudación


La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó el fallo que había declarado ilegítimo el cobro de la tasa de mantenimiento de la red vial rural en tres parcelas del partido de Daireaux y determinado que, en los ejercicios 2022 y 2023, la recaudación superó los costos del servicio en un 22,95% y un 27,88%, respectivamente.

El pronunciamiento fue firmado a finales del mes de octubre por los jueces Luciano Enrici y Jorge Augusto Saulquin y en las últimas horas En Línea Noticias pudo acceder al mismo.

La representación legal de quienes iniciaron la demanda está encabezada por el doctor Jorge Eduardo Moroni, el mismo abogado representa a Canteras Argentinas en la demanda iniciada en el Fuero Federal con el impuesto a la piedra de Olavarría.

En la demanda se cuestionó el cobro de distintos tributos municipales vinculados con la actividad rural y, en particular, la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial.

En primera instancia, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen había declarado ilegítima la pretensión fiscal respecto de las parcelas 349a, 349b y 343, pertenecientes a Susana De la Serna, durante los años 2022, 2023 y 2024. La decisión se sustentó en que no tenían una salida razonable hacia rutas provinciales asfaltadas. En cambio, rechazó el planteo respecto de las parcelas de Cornejo, El Matico S.A. y SACFIL S.A., porque se había acreditado que contaban con al menos una vía de acceso en condiciones razonables.

Además, el juez de primera instancia había establecido que existía una desproporción entre los recursos y los gastos correspondientes al servicio vial: el 22,95% de la obligación fiscal devengada en 2022 y el 27,88% en 2023. Para 2024 no pudo realizar esa comparación porque no se produjo la pericia contable correspondiente.

La Cámara cuestionó los argumentos del Municipio

Uno de los aspectos centrales de la sentencia de Cámara fue el análisis de la apelación municipal. Enrici sostuvo que el recurso no cumplía con la exigencia legal de contener una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo. Explicó que no alcanza con enumerar supuestos errores: quien apela debe identificar qué parte de la sentencia considera equivocada, demostrar por qué y explicar cuál sería la solución correcta.

En ese sentido, el magistrado advirtió que, aunque el escrito municipal era extenso y estaba organizado en distintos capítulos, sus argumentos se dirigían contra un criterio que el juez de primera instancia no había utilizado.

La Municipalidad había sostenido que el fallo exigía una equivalencia estricta entre lo recaudado por la tasa y el costo del servicio, además de una demostración individualizada de los trabajos realizados en cada camino. Sin embargo, Enrici señaló que la sentencia había establecido expresamente que los ingresos debían guardar una relación razonable con el costo general del servicio, sin exigir una correspondencia matemática entre cada pago y cada tarea.

El juez recordó que el fallo de primera instancia había tomado como referencia la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular el precedente “Esso”, que admite el control judicial cuando se verifica una afectación clara de la razonable equivalencia entre el tributo y el servicio. También había aclarado que no se exigía excelencia en el mantenimiento de toda la red, sino un mínimo de eficacia en la prestación.

«Un recurso que discute un estándar que el fallo no adoptó no critica el fallo», sintetizó Enrici al analizar la apelación municipal.

El camarista también señaló que la comuna no había cuestionado la operación contable que permitió establecer los porcentajes de exceso. No objetó los ingresos devengados por la tasa, la incorporación de los fondos provinciales del Fondo Compensador de la Ley 13.010, los gastos directos informados por el perito ni la estimación de los gastos indirectos, calculados en un 33% de la obligación fiscal devengada. Tampoco presentó un cálculo alternativo ni explicó por qué las diferencias detectadas no configuraban una afectación de la razonable equivalencia.

Otro punto determinante fue la falta de cuestionamiento de la pericia de ingeniería. El juez de primera instancia había calificado ese informe como decisivo para evaluar la prestación del servicio y había basado en sus conclusiones la situación de cada grupo de parcelas. Sin embargo, Enrici remarcó que el Municipio no discutió el recorrido realizado por el experto, la metodología utilizada para clasificar los caminos ni sus conclusiones sobre el estado de la red y las posibilidades de acceso a los campos.

El fallo destacó que la Municipalidad tampoco había cuestionado la conclusión pericial que determinó que las tres parcelas de De la Serna carecían de una salida razonable. Para la Cámara, esa omisión resultó especialmente relevante porque constituía el fundamento fáctico de la declaración de ilegitimidad total del cobro en esos inmuebles.

Enrici también descartó los cuestionamientos municipales sobre la valoración de los testimonios, porque las declaraciones incorporadas al expediente habían sido utilizadas en beneficio de la propia comuna para acreditar que tenía organizada una estructura destinada al mantenimiento de la red vial.

Por esas razones, concluyó que el recurso no contenía una crítica efectiva de los puntos de la sentencia que resultaban adversos al Municipio. «Y allí donde no hay crítica no hay jurisdicción revisora que abrir», expresó el magistrado al proponer que la apelación fuera declarada desierta.

Por qué rechazaron el planteo de los productores

La Cámara también analizó el recurso presentado por los demandantes, que pretendían extender la declaración de ilegitimidad a todas las parcelas y a los ejercicios 2024 y 2025.

En este punto, Enrici explicó que la distinción entre los campos no había sido una interpretación arbitraria del juez de primera instancia, sino que surgía de las respuestas del propio perito ingeniero. El experto había identificado cuáles parcelas tenían una salida razonable hacia la denominada Ruta del Cereal, cuáles podían acceder a la ruta provincial 65 y cuáles no contaban con ninguna alternativa en condiciones adecuadas.

La Cámara destacó que el perito había considerado que una salida razonable requería caminos en estado bueno o muy bueno. Por eso, las parcelas de Cornejo, El Matico S.A. y SACFIL S.A. tenían al menos una vía de acceso que cumplía ese requisito, mientras que las tres de De la Serna requerían transitar por caminos en estado regular o malo.

El juez rechazó también el argumento de que la red vial debía considerarse como una unidad y que las deficiencias de algunos tramos debían invalidar el cobro para todos los contribuyentes. Sostuvo que la existencia de al menos una vía razonable de acceso y salida para cada predio constituía un estándar mínimo de eficacia, compatible con la naturaleza de la tasa.

En ese sentido, señaló que la deficiencia general de la red podía dar lugar a otros reclamos, pero no permitía declarar ilegítimo el tributo para todos los propietarios cuando la prueba había demostrado situaciones diferentes. «No hay trato discriminatorio donde las situaciones de hecho, según la única opinión técnica producida en la causa, son distintas», afirmó.

La Cámara también desestimó el planteo referido al Fondo para Alteo de Caminos. Los productores habían cuestionado que no se registraran gastos ejecutados en ese rubro. Sin embargo, Enrici explicó que ese importe no había sido omitido en el cálculo de primera instancia: al no haberse ejecutado, no se incorporó entre los costos del servicio. Por lo tanto, incluirlo como gasto habría reducido la diferencia entre los ingresos y las erogaciones, y no aumentado el porcentaje de ilegitimidad.

Respecto de 2024, el magistrado señaló que la sentencia sí había resuelto la cuestión vinculada con la prestación efectiva del servicio en las parcelas, pero no había declarado una desproporción entre ingresos y gastos porque no se produjo la pericia contable que permitiera establecerla. «Hay, pues, respuesta jurisdiccional; lo que no hay es la prueba que habría permitido otra», sostuvo.

Finalmente, rechazó la pretensión de extender los efectos del fallo al ejercicio 2025 porque ese período no había sido incluido en la demanda original ni había formado parte de la controversia judicial.

Con esos fundamentos, la Cámara declaró desierto el recurso de la Municipalidad de Daireaux, rechazó la apelación de los productores y confirmó la sentencia de primera instancia en todos los puntos que habían sido cuestionados. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas en el orden causado y la regulación de honorarios quedó diferida.

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