Tensión en el HCD por denuncias de precarización y persecución laboral a empleados municipales
El Concejo Deliberante de Olavarría fue escenario de un intenso y prolongado debate en torno a un proyecto de comunicación que manifestaba una profunda preocupación ante denuncias de precarización, hostigamiento y persecución laboral hacia empleados municipales por razones políticas. La iniciativa, impulsada por bloques de la oposición, ventiló fuertes cruces entre los ediles alineados con la actual gestión de Maximiliano Wesner y los defensores de la administración anterior, además de dejar al descubierto las marcadas diferencias internas dentro del arco opositor.
Acusaciones de hostigamiento y «miedo» en la planta municipal
El encargado de abrir el debate fue el concejal Francisco González (UCR), quien explicó que el proyecto se originó tras constatar situaciones que afectaron a trabajadores que participaron en listas opositoras.
«La situación que atraviesan los empleados municipales de impedir poder expresar su posicionamiento político (…) despierta muchísima preocupación. No pueden estar cumpliendo sus funciones con miedo a publicar algo en redes sociales porque después se los observa, se los señala», afirmó González.
Asimismo, lanzó una dura crítica hacia el gremio local: «Deseamos que el Sindicato de Trabajadores Municipales abandone el rol de vocero del Ejecutivo municipal y salga a defender a sus trabajadores».
En sintonía, el concejal Marcelino Quinteros (PRO) describió un panorama aún más alarmante sobre el día a día en las dependencias locales, asegurando que los empleados relatan vivir bajo un clima de constante vigilancia.
«Tienen un nivel de hostigamiento y de persecución que nunca se ha visto en el municipio. (…) Nos decían mismos empleados que querían sumarse: ‘ahí no, porque andan diciendo en la municipalidad que ponen gente afuera y que le sacan fotos mientras entran’. A ese nivel hemos llegado», relató Quinteros, añadiendo que existen traslados de personal que se aplican con la advertencia explícita de «ahora sí vas a aprender con quién tenés que meterte».
Por su parte, el concejal Marcelo Pethes (Por mas libertad) sumó su adhesión al reclamo al sostener que «la totalidad de la flota municipal no piensan todos iguales que el oficialismo de turno» y lamentó lo que calificó como un «silencio cómplice por parte del sindicato municipal».
La réplica del oficialismo: «cinismo, hipocresía» y el recuerdo de la gestión de Galli
Desde la bancada de Fuerza Patria, la respuesta no se hizo esperar y apuntó directamente a la falta de denuncias formales y a la memoria institucional de los métodos de la gestión saliente.
La concejal Lucia Palacios cruzó los argumentos opositores afirmando que «no se persigue políticamente a nadie» y que, de existir hechos de esa gravedad, debían presentarse de forma seria ante la justicia y no a través de los medios.
«Nunca perseguimos a nadie por pensar distinto o militar en otro espacio. (…) Lamentablemente no dicen lo mismo de la gestión anterior. Durante la gestión anterior hubo destratos por parte del PRO de todo tipo hacia los trabajadores», replicó Palacio, argumentando que los traslados actuales obedecen puramente a una reorganización del recurso humano y a la exigencia de cumplir horarios y tareas.
El jefe del bloque oficialista, Federico Aguilera, elevó el tono de la discusión al tildar el planteo de la oposición como «cínico e hipócrita». Aguilera trajo al recinto el caso de Estela García, una exfuncionaria de la gestión de Ezequiel Galli que denunció públicamente haber sido maltratada y desplazada por negarse a cometer irregularidades inmobiliarias.
«Esta trabajadora lo que está denunciando es que fue echada porque se negó a un acto de inmoralidad, de corrupción. ¿No les pareció grave en aquel entonces? No escuché a ninguno de los bloques que hoy están acá indignados defendiendo su postura», fustigó Aguilera.
Además, el concejal oficialista denunció una «catarata de decretos» firmados por Galli en octubre de 2023, antes de dejar el poder, mediante la cual se pasó a planta permanente y se recategorizó a militantes y funcionarios propios con escasa antigüedad, postergando a trabajadores con más de una década de espera. «Siguen trabajando en la municipalidad, ¿de qué persecución me hablan?», concluyó.
Cruces cruzados y la intervención de Amespil
La concejal Guillermina Amespil recogió el guante y rechazó que se utilicen los errores del pasado para convalidar situaciones del presente. «Justificar la violencia porque el anterior lo hacía… de ahí no se vuelve. Es discutir el largo de la pollerita», recriminó. Amespil defendió el derecho a marcar disidencias desde su rol legislativo: «Nosotros no somos como ustedes, por eso somos oponentes. Cada uno habla del lugar que le toca, de la gente que se acerca y representa».
A su vez, la concejal Adela Casamayor centró sus críticas en las promesas incumplidas de la gestión local en materia de vivienda y salud, exigiendo autocrítica al oficialismo. Esto motivó la intervención directa del presidente del cuerpo, Guillermo Santellán, quien pidió la palabra para aclarar cuestiones técnicas sobre la construcción de viviendas en la ciudad y exigir argumentos con «mayor contenido» dentro del recinto.
Quiebre en la oposición: la aclaración del concejal Lascano
Uno de los puntos más llamativos de la jornada fue la abierta desprolijidad en torno a la difusión del proyecto, que originalmente se presentó en los medios informativos como un frente común de toda la oposición, pero que terminó evidenciando fisuras.
El concejal Lascano (La Libertad Avanza) pidió la palabra para despegarse firmemente de la confección del comunicado y cuestionó el manejo mediático del asunto, tildando el debate de «banal».
«Gracias a Dios somos grandes, tenemos un bloque que es independiente, tiene opinión propia y nadie absolutamente nadie nos va a llevar de la nariz a decir algo que realmente nosotros no formamos parte, desde el inicio en la confección, en el armado y en el diseño. (…) Nunca apareció eso, me enteré por los medios en un flyer de esta situación», disparó Lascano.
A pesar de manifestar su preocupación genuina por el empleo público, Lascano propuso formalmente que el expediente volviera a comisión para citar al director de Personal y a las autoridades legales a fin de revisar la existencia real de sumarios administrativos. Sin embargo, la moción de pase a comisión fue rechazada por la mayoría del cuerpo, contando únicamente con el aval de su propio espacio.
Al cierre, González (UCR) y Aguilera (Fuerza Patria) mantuvieron un último cruce respecto a si el rechazo al proyecto aumentaba el desamparo de los trabajadores o si, por el contrario, la oposición se quedaba sin argumentos al sostener acusaciones basadas únicamente en trascendidos de redes sociales y gacetillas sin sustento normativo.
Finalmente, al someterse a votación general, el proyecto de comunicación fue rechazado por la mayoría del cuerpo deliberativo.
