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Un contador está procesado: lo acusan de haberse quedado con un campo de un cliente

“La Cueva”, un campo que tiene algo más de ochenta hectáreas. Al contador procesado le atribuyen haberse quedado con ese establecimiento rural, que era de uno de sus clientes y está ubicado en cercanías al camino viejo a Tandil.

“La Cueva”, un campo que tiene algo más de ochenta hectáreas. Al contador azuleño procesado le atribuyen haberse quedado con ese establecimiento rural, que era de uno de sus clientes y está ubicado en cercanías al camino viejo a Tandil.

Un juez de Garantías ya avaló la elevación a juicio de la causa y rechazó un pedido de sobreseimiento para el imputado. Pero ambas decisiones han sido recurridas por los abogados del encausado ante la Cámara Penal. Una fiscal, en la Investigación Penal Preparatoria que realizó, encontró elementos que demuestran que el acusado se quedó, al parecer de manera ilegal, con un campo de un cliente. Luego de que el propietario del establecimiento rural falleciera, la denuncia por el caso había sido formulada en junio de 2014 por sus dos nietas, las legítimas herederas por testamento de ese campo.

 

Una investigación penal iniciada en junio de 2014 tiene procesado a un contador azuleño que se llama Héctor Fabián Aulicino, de 45 años de edad.

 

Laura Margaretic, la fiscal titular de la UFI 2 departamental que instruyó ese expediente judicial, lo acusa de haberse quedado con un campo de quien en vida fuera uno de sus clientes, como así también de otras maniobras al parecer fraudulentas cometidas en perjuicio de ese hombre, que había fallecido en abril de 2014 a los 87 años de edad.

Toda esa situación aparentemente irregular comenzó a quedar al descubierto cuando las nietas del fallecido, herederas por testamento de ese establecimiento rural, radicaron una denuncia ante la Justicia.

 

Cuatro años después a iniciada la instrucción, Juan José Suárez -a cargo del Juzgado de Garantías número 3 también con sede en los Tribunales de Azul- ha dado lugar a la elevación a juicio de esa causa penal, situación que de prosperar se traduciría en la realización de un debate en un Juzgado Correccional.

 

En el expediente judicial Aulicino figura acusado de los delitos de defraudaciones reiteradas en concurso ideal con falsificación de documentos públicos.

 

El juez de Garantías que avaló semanas atrás en primera instancia la elevación a juicio de la causa, en ese mismo dictamen rechazó un pedido de sobreseimiento para el contador que habían presentado sus abogados defensores: Carlos Saparrat y Osvaldo Bolpe.

 

Ambos abogados apelaron después ante la Cámara Penal la elevación a juicio del sumario. Y en segunda instancia, han recurrido también la denegatoria al sobreseimiento de su defendido.

 

Sobre ambos pedidos todavía la Cámara no se ha expedido, según confiaron a EL TIEMPO voceros allegados a la causa.

 

El contador Aulicino está en libertad, ya que hasta el momento no ha sido ordenada ninguna medida cautelar para él.

 

El estudio que posee junto con su hermano abogado en la calle Roca de esta ciudad, frente a la Escuela Normal, había sido allanado en junio de 2014, un procedimiento realizado una semana después a que fuera radicada esa denuncia por la que ahora está procesado.

 

Aulicino tuvo que presentarse dos veces a indagatoria en Tribunales ante la fiscal que lo acusa de las ya referidas maniobras de defraudación.

 

El 9 de junio de 2016 había sido citado por primera vez. En aquella ocasión -dijeron voceros judiciales a este diario- declaró, de la misma manera que lo hiciera cuando nuevamente tuvo que comparecer el 3 de mayo del año pasado.

 

En esa segunda oportunidad la acusación para él había sido ampliada, teniendo en cuenta para eso nuevos elementos que en la investigación fue reuniendo la fiscal titular de la UFI 2 del Departamento Judicial local. Pruebas que comprometían aún más a su situación procesal.

 

Al respecto, desde la instrucción se mencionó que en el caso han existido “varias defraudaciones”. Y que esa maniobra ilícita incluyó diferentes instancias a través de las cuales presuntamente el contador fue poco a poco estafando a un cliente que lo consideraba un hombre de su confianza.

 

El mismo con el que, hasta que falleció, el hombre propietario del campo que después apareció en poder de Aulicino y ahora reclaman sus legítimas herederas tenía una estrecha relación. Un vínculo que -según consta en la causa penal a través de dichos de testigos- incluía que en algunas ocasiones el profesional acusado fuera a comer a su casa.

 

Los delitos que en principio le imputan al Contador Público Nacional tienen una escala penal amplia, que va desde uno a los doce años de prisión.

 

“La Cueva”

 

La fiscal Margaretic tuvo por demostrado en esa Investigación Penal Preparatoria que llevó adelante varios hechos cometidos por el contador, los mismos que después el juez de Garantías Suárez ratificó al momento de dar lugar a la elevación a juicio de ese sumario. Una decisión que -tal lo ya mencionado- aún no está confirmada.

 

La funcionaria judicial titular de la UFI 2 sostiene que el 22 de julio de 2010 el contador -escribió en la requisitoria de elevación a juicio que después sería avalada en primera instancia- “indujo a error a quien era por entonces su cliente, Ángel de la Guarda Provenzano”.

 

Al hombre, que en ese entonces tenía 83 años, lo convenció “sobre la rentabilidad de un negocio” y le hizo firmar “un contrato simulado” para comprar un campo.

 

Como supuesta vendedora figuraba otra clienta de Aulicino: una mujer llamada María Adela Gómez Romero. La misma que “desconocía en absoluto tal operación”, según después declararía en la causa, a través de un testimonio donde también afirmó que su firma había sido falsificada.

 

Otro de los hechos que la fiscal Margaretic le atribuye al contador ocurrió el 2 de noviembre de 2011. En esa ocasión, “abusando nuevamente de la confianza en él depositada por el Sr. Ángel de la Guarda Provenzano”, le hizo firmar “un nuevo contrato falso”.

 

A través del mismo, se simulaba que el hombre le cediera al contador los “derechos y acciones” de ese campo que Provenzano creía que le había comprado a Gómez Romero, una operación que en realidad nunca se hizo pero que Aulicino tuvo que aparentar que se hacía para llevar adelante esa supuesta maniobra de defraudación que ahora se le imputa, la cual apuntaba a quedarse con el establecimiento rural de su cliente.

 

Y hubo más. El 26 de octubre de 2010, sostuvo la Fiscal, “el aquí imputado indujo nuevamente a error al Sr. Ángel de la Guarda Provenzano”.

 

Para ese entonces, la avanzada edad de Provenzano y problemas de salud que lo limitaban para ver y oír -un detalle que no es menor en el caso-, favorecieron a criterio de la funcionaria judicial ese presunto accionar delictivo del contador. Y aprovechándose una vez más de la confianza que el hombre tenía en él, Aulicino lo hizo ir a la escribanía de Nicolás Duba.

 

Allí, le hizo suscribir una escritura “por medio de la cual otorgaba poder especial irrevocable en favor del encartado para escriturar a su nombre el campo La Cueva”.

 

Ese campo, ubicado en el Partido de Azul, en cercanías al camino viejo a Tandil y de algo más de ochenta hectáreas de extensión, es el que por testamento el hombre le había dejado como herencia a sus dos nietas.

 

Para ese entonces, a criterio de la Fiscal y del Juez de Garantías, Aulicino ya le había hecho suscribir a Provenzano sobre ese establecimiento rural, “también inmerso en un error respecto a su contenido” -el 30 de abril de 2010- “un contrato de compraventa con el aquí imputado”.

 

En esa fecha la presunta maniobra ilegal de desapoderamiento del campo comenzó a tomar forma.

 

Y volviendo otra vez a lo ocurrido ese 26 de octubre de 2010 en la escribanía, Provenzano creyó que lo que estaba firmando era un poder por la compra -que nunca existió y que él si confió que había hecho- del campo de la familia Gómez Romero. Pero en realidad, lo que estaba firmando sin saber era sobre el establecimiento rural “La Cueva”.

 

De esa forma, sostuvo la Fiscal, el contador se aseguraba de “defraudar a las herederas testamentarias del Sr. Provenzano, Andrea Fernanda y Patricia Álvarez, quienes a la muerte del mismo se verían impedidas de escriturar a su nombre aquel campo, alterando con ello la voluntad real del difunto, cual era dejar dicho campo a sus herederas universales”.

 

El primer testimonio de esa escritura que obtuvo en la escribanía, Aulicino luego la falsificó -según afirma la Fiscal- “para consumir el ardid y engaño desplegado sobre el Sr. Provenzano”. Además, “realizó de la misma dos copias apócrifas en las cuales alteró las referencias catastrales del campo en cuestión y se las entregó al Sr. Provenzano en prueba de la maniobra ilícita desplegada”.

 

Pero no todo terminó allí. Al contador le atribuyen también haber falsificado más documentos.

 

Así, también ha quedado demostrado hasta ahora que en el sistema informático de la AFIP cargó dos declaraciones juradas de impuesto a las ganancias de su cliente Provenzano, correspondientes al período fiscal del año 2010.

 

A través de una de ellas, el hombre tenía que pagar más de 36.000 pesos. Esa declaración Aulicino se la entregó a Provenzano, quien a cambio le dio el dinero para que pagara la deuda en el Banco Nación.

 

Los elementos reunidos en la investigación demuestran que el contador jamás pagó la deuda en el banco, sino que sólo “simuló” hacerlo.

 

A cambio, a Provenzano le entregó “un recibo falso de pago y una constancia de presentación web de la declaración jurada que nunca existió”. También, “otra declaración jurada” que “no arrojaba saldo a pagar y que envió vía web a la AFIP, defraudando así al Sr. Provenzano, quien en el convencimiento de que sus obligaciones tributarias le exigían pagar 36.643,59 pesos, entregó dicho monto a su contador (el Sr. Aulicino), quien lejos de ingresar dicho dinero a las arcas públicas se apoderó del mismo, realizando una declaración jurada falsa ante la autoridad tributaria”.

 

“Algún campito”

 

Elda Donatelli está patrocinando en carácter de Particular Damnificado a las mujeres que Provenzano había declarado como herederas del campo en ese testamento que había confeccionado antes de su deceso.

 

En diálogo con este diario, la abogada olavarriense sostuvo que hasta hoy ambas hermanas -a las que el fallecido consideraba sus “nietas del corazón”– no han podido disponer todavía del establecimiento rural, que de acuerdo a diferentes constataciones que se han hecho continúa en poder del contador que está procesado.

 

Aulicino, en esas indagatorias en las que declaró, había sostenido que el campo se lo compró a Provenzano legalmente, por lo que deslindó responsabilidades en esos ilícitos que todavía le imputan.

 

Después, las pericias psiquiátricas y psicológicas a las que fue sometido revelaron -de acuerdo al informe confeccionado por las profesionales que se entrevistaron con él- que “se ubica como víctima de una falsa denuncia”, asegurando que el fallecido había sido uno de sus primeros clientes, con quien además tenía “un vínculo cercano”.

 

A través de esas pericias, el contador había manifestado también que se sentía “afectado emocionalmente por la mirada social negativa” y preocupado por “su imagen personal y profesional” ante toda esta situación donde figura procesado por un delito de defraudación en perjuicio de uno de sus clientes.

 

La extensa y completa investigación llevada adelante por la fiscal Margaretic incluyó también varias declaraciones testimoniales.

 

Entre esas tantas versiones, está lo afirmado por una ex empleada del estudio jurídico y contable de los hermanos Aulicino.

 

La ex secretaria del contador sostuvo, según se menciona en la causa penal, que le escuchó a Héctor Fabián Aulicino decir en una oportunidad con relación a Provenzano: “El viejo éste está lleno de campo, tengo que ver cómo hago para quedarme con algún campito”.

 

El dato

 

Cuando el escribano Nicolás Duba se enteró de lo sucedido con la escritura confeccionada en su estudio, algo de lo que fuera informado por las nietas del dueño del campo “La Cueva”, denunció a Héctor Fabián Aulicino por haber falsificado ese documento, según consta en la causa penal.

 

Fabian Sotes / Diario El Tiempo.

 

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