Un gallo para Esculapio
El operativo y la sorpresa de los gallos de riña en La Máxima. El invierno se acerca para el ámbito rural y la preocupación se sostiene, aunque hubo buenas noticias. Perlitas de la reinauguración del comité UCR.
Volver a las Fuentes, por Josefina Bargas y Alexis Grierson
Una sorpresa máxima
Un operativo policial que irrumpió en el Bioparque La Máxima llamó la atención, no sólo porque no era esperado sino por la imponente cantidad de efectivos, patrulleros y largos etcéteras. Pero, ¿qué pasó? En un principio, había confusión y no quedaba claro, se había “redondeado” en una intervención judicial por maltrato animal. El trasfondo…era bastante más complejo.
Es que una denuncia de trabajadores del bioparque daba cuenta de la presencia de al menos 30 gallos entrenados para pelear, es decir, los famosos “gallos de riña”. La situación no dejaba de ser insólita: ¿cómo nadie vio, nunca, más de una treintena de gallos en una situación de hacinamiento y aislados para que no ataquen a otro animal?
El trasfondo se complejiza aún más: el Municipio informó, horas después, que la denuncia fue efectivamente realizada por empleados, que implicaba a otros trabajadores del área, y que ciertos cambios y situaciones generaron las condiciones o “garantías” para avanzar en esta situación sin la chance de recibir represalias por la demanda.
¿Hay más trama? Sí. La situación dataría de, al menos, cinco años atrás. Es decir, debemos trasladarnos a la primera gestión de Ezequiel Galli, como mínimo. En ese plazo, se habría instalado el criadero de gallos de riña de forma clandestina. En off un funcionario habló de una década de recurrencia de estos hechos.
Lo más insólito de todo es que absolutamente nadie vio nada: fue una situación que se camufló de diversos modos durante años y expuso algo grave, un bioparque prácticamente a la deriva.
Sumamos más elementos: el año pasado murieron 40 flamencos en circunstancias poco claras, aunque se presume que habrían sido asesinados por perros. ¿Más? También habría denuncias -que tampoco trascendieron- de animales maltratados, incluso de algunos que habrían recibido hasta disparos de arma de fuego.
“Era un sector muy complicado en torno a la gestión de los trabajadores” se indicó por ese entonces, quizás el mismo entonces en el que se desarrollaron todos estos hechos. La desidia era tal que algunos trabajadores se veían imposibilitados de denunciar hechos que sucedían por temor a que haya represalias o no se tomen las garantías suficientes.
Cuando el caso tomó relevancia pública, el secretario general del gremio municipal, José Stuppia, estuvo en las instalaciones y aprovechó para realizar una asamblea y denunciar algunas irregularidades en las condiciones laborales de los empleados del sector. Pero de fondo la situación con los gallos de riña superaba todo, incluso, la propia asamblea de trabajadores.
Desde el Municipio adelantaron que “procederán a realizar las actuaciones administrativas y legales correspondientes de manera interna y se pondrán a disposición de la justicia para colaborar en el esclarecimiento de los hechos”. El viernes a la mañana el despliegue de funcionarios municipales era bastante notable: al menos siete subsecretarios y directores estuvieron en La Máxima para la intervención que encabezó la máxima autoridad del área de Seguridad, Elías Quintas. Acompañó la labor del personal policial, judicial y técnico que trabajó en el sector del criadero de aves.
De todos modos, el tema tiene un final abierto. Más allá de las amenazas de los posibles implicados en el caso, todavía hay varias preguntas que responder, y también un andar judicial que determinará las responsabilidades.
Los caminos rurales piden la hora
“Un daño muy importante” definió el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, el estado de los caminos rurales después de la lluvia y los temporales del mes pasado. De esa manera se presentó el plan de contingencia para el mantenimiento con una inversión de más de 120 millones de pesos para la primera etapa que se ejecuta con personal y maquinaria municipal en una decena de sectores.
“No se trató de anegamientos sino de los aluviones que empezaban a bajar de las zonas altas y que provocaron en los caminos rurales en muchos casos el corte, ha quedado frenada la producción, la llegada de alimentos, el acceso a centros educativos. Fue de una magnitud muy importante” dijo el secretario en una entrevista en Radio Sapiens.
Las obras iniciales fueron “consensuadas” informó la Municipalidad con “las distintas mesas productivas y educativas del sector rural”. Las zonas de los kilómetros 314 y 319 de la ruta 226, Santa Luisa, 16 de Julio y Blanca Chica son algunos de los puntos de este plan de contingencia que se extenderá por unos dos meses. Como reconoció Fariña, la dificultad de acceso a las escuelas para docentes y alumnos es uno de los temas de reclamo y hasta enojo. En base a eso se definieron algunos de los puntos de trabajo. “Hay chicos que no están yendo a las escuelas todos los días porque la combi no puede pasar” le dijo un ruralista a VAF. Por otro lado, este fin de semana nos hicieron llegar fotos y videos de los caminos inundados tomados por docentes que mostraban las condiciones de paso después de las tormentas del 13 y 19 de marzo.
Las lluvias previstas para estos días complican aún más el panorama y en el campo temen que el impacto perjudique el tránsito durante toda la temporada de frío. “Si llegan a llover los más de 50 milímetros que están pronosticados para el domingo y lunes, no va a haber caminos en el invierno” previó el mismo ruralista. Es que el punto de partida ya es complicado: “están detonados” dijo sobre los caminos de la zona en la que vive. Tuvo en cuenta que ya se nota que hay menos horas de sol, lo que reduce las horas de evaporación del agua.
El frío también pide seguridad
El anuncio de la Municipalidad llegó días después de que se concrete un acto en la sede de la Policía Rural: se sumaron ocho efectivos, recién recibidos y con formación específica. Un recurso más que bienvenido para esa fuerza. Wesner y sus funcionarios, las autoridades policiales de las divisiones rurales de la zona y local, más las autoridades de la Sociedad Rural y los Productores Autoconvocados estuvieron allí. ¿Quién invitó a quien? Fue una pregunta que quedó flotando después de que se vieran caras que “los organizadores” no habían invitado.
Y son preguntas que nos hacemos los que lo vemos de afuera. Es que sumemos a esto otro aspecto: llegó un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia. En rigor, casi que semanalmente llegan autoridades provinciales a la ciudad, pero no son anunciados y a los encuentros o actos de los que participan no invitan a los medios locales ni desde la Provincia ni desde el Municipio. Basta de quejas de oficio.
De ese acto surgió una novedad muy importante para el sector rural: se espera la llegada de los drones de patrullaje para “una prueba”. La intención de los ruralistas es que los esos equipos se asignen efectivamente a Olavarría para mantenerlos operativos en el distrito. Como en el tema caminos, la mirada está puesta en el invierno: con la habilitación de la temporada de caza y con la economía en caída, esperan muchas complicaciones en materia de seguridad. Los móviles disponibles para la cobertura de amplias zonas limitan la posibilidad de patrullaje y prevención. Tener drones, que además pueden utilizarse de noche, es una esperanza.
Hay otro aspecto más que se ha señalado desde el sector rural a VAF y que tiene que ver con qué división policial tiene jurisdicción en cuál sector rural y con qué recursos cuentan dependiendo de su jerarquía. Es muy técnico el tema, pero se refieren a que hay zonas a cargo de la Patrulla Rural (que dependen del Comando Zonal Rural) y zonas a cargo de las dependencias de la Jefatura Departamental Olavarría: subcomisarías, destacamentos y puestos de vigilancia. En este segundo caso, los recursos -móviles, combustible, personal- se asignan en función de su jerarquía y no de la superficie que debe cubrir. Y antes que eso, se asignan en base a lo disponible. Para plantearlo muy resumidamente, la intención que han manifestado hace ya algún tiempo es la de pedir que algunas zonas pasen a depender de la policía rural y salgan de la órbita departamental.
Otro tema extra que surgió tras ese acto es que Wesner hizo saber que piensa convocar en breve al Consejo de Seguridad Municipal. La última reunión de ese órgano se hizo en septiembre del año pasado: hace medio año que no se reúne y nunca se hizo en la gestión actual. Es el punto formal de encuentro entre referentes institucionales (barriales o empresariales), autoridades policiales y judiciales coordinadas por el Municipio para dialogar sobre seguridad. Los focos habitualmente son prevención y asignación de recursos.
Hay otros puntos de encuentro, menos formales, aunque igualmente efectivos. A modo de ejemplo citemos la reunión que se hizo el viernes en el Club de Recalde organizada por Productores Autoconvocados. Se destacó la participación de productores y vecinos de esa localidad, de Espigas y de Iturregui. El reclamo fue unánime: un sólo móvil para cubrir el patrullaje de toda esa zona. La respuesta, dicen, fue de compromiso entre las autoridades policiales de distintas fuerzas para combinar recursos a fin de reforzar las recorridas y prevención.
El último tema, y no por eso menos preocupante, es el servicio eléctrico en zonas rurales. La semana dejó también información tras una reunión organizada por la Sociedad Rural para tratar sobre los “reiterados cortes” de luz. La intención era poner cara a cara a los productores rurales y habitantes de las zonas afectadas con los responsables de Coopelectric: “que los usuarios puedan expresar directamente sus reclamos e inquietudes y que los responsables del servicio puedan dar las explicaciones pertinentes”.
La cooperativa respondió con “los pocos recursos” con que cuenta. Los usuarios consideraron que “este es el peor momento del servicio de energía eléctrica rural”. “Hasta 2006 la tarifa alcanzaba para dar un buen servicio, hoy no alcanza ni para pagar los sueldos” dijo el gerente Oscar López que contrastó “las últimas dos tormentas nos costaron 900 millones de pesos y la provincia nos dió solo 80”. Igual hubo anuncio desde Coopelectric: se colocarán “40 medidores en las distintas zonas” para “monitorear la red rural”. Inicialmente se instalarán 10 a modo de prueba. Dos cosas para señalar. Uno: los medidores no impiden los cortes, son para reducir el tiempo de detección de problema y de respuesta. Segundo: los costos. “Si los usuarios pueden invertir en estos medidores gprs nos ayudarían muchísimo” pidió la distribuidora.
Hay otro elemento más para tener en cuenta y que lo señaló la SRO con un lamento. La “pobre concurrencia de usuarios” a la reunión al mismo tiempo que “son muchísimos los reclamos que se leen en grupos de WhatsApp”. ¿Falló la comunicación? ¿Fue un mal día u horario? ¿Hay poca esperanza en obtener respuestas?
Otro tema. Relacionado con este “cara a cara de usuarios – prestadora”: empresas y comercios están recibiendo facturas abultadísimas de electricidad a partir de la suba tarifaria aplicada el mes pasado. ¿Habrá más reuniones de este tipo? Las quejas de los comerciantes y pequeños empresarios ya se escuchan en distintos ámbitos, ¿otras entidades buscarán reuniones con el formato que organizó la SRO?
Otro otro tema. Dijimos que casi que semanalmente llegan autoridades provinciales a Olavarría: para la próxima semana está programado un acto de entrega de escrituras.
Distinto de aquel, pero casi igual
11 años después, el Comité de la UCR volvió a funcionar en su sede de calle 25 de Mayo. Un incendio intencional (en una causa que dormirá en los archivos de la Justicia, lamentablemente) el derrumbe parcial del edificio y la reconstrucción entre cuatro gestiones nacionales -Cristina, Macri, Alberto y Milei-, tres provinciales -Scioli, Vidal, Kicillof- y tres intendentes -Eseverri, Galli, Wesner-. Muchas historias, muchos caminos tomados por la propia UCR, y la vuelta a su casa, en palabras de Belén Vergel.
Una reunión donde la concordia predominó. Incluso en las propias diferencias internas, donde se notó acompañamiento de todos los sectores internos de la UCR, el peronismo aportó las presencias más fuertes, encabezadas por el intendente Maximiliano Wesner que estuvo participando de la totalidad del acto.
Y un evento donde predominaron los legisladores: estuvieron los actuales Alejandra Lordén, Alejandro Cellillo (UCR), Martín Endere (Pro) y los mandato cumplido Mario Cura, César Valicenti y, claro, Ernesto Cladera, un histórico dirigente radical que además fue concejal y funcionario en la gestión Galli.
Además de Endere, por el Pro estuvo Guillermina Amespil, mientras que el peronismo tuvo tres dirigentes más: Federico Aguilera (que además de concejal es presidente del PJ de Olavarría), Guillermo Santellán (Presidente del HCD) y Miguel Santellán, un histórico dirigente peronista y, además, titular del CECO.
El acto fue cargado de emociones y reconocimientos. Nos quedaremos con la política y la concordia que un acto de esta índole suele tener.
Hubo algunas perlitas, como comentarios sobre lo que sucedía revelando la realidad de cada espacio político. “Un acto inspirador, para pensar en reconstruir cosas” se escuchó y un dirigente de tinte amarillo agregó: “tenemos que reconstruir un montón…” entre risas distendidas.
También, con la sorpresa que dejó en muchos la presencia de Wesner, Valicenti, Aguilera y Guillermo y Miguel Santellán. Algunos ocupan los principales cargos institucionales que tiene Olavarría hoy -además de pertenecer al peronismo- y fue valorado en reiteradas ocasiones.
El propio Franco Cominotto -quien fue el último orador casi al grito de ¡que hable, que hable!- dijo que con Wesner y el peronismo local “estamos unidos para un gran debate: la ciudad que queremos, la provincia que queremos y el país que queremos”.
Eso mostró una buena -y sostenida- relación que tienen no sólo Cominotto y Wesner, sino con todo el peronismo local. La presencia de Mario Cura ratificó el amplio diálogo que mantienen desde hace más de un año y que muchas veces los encuentra más que alejarlos.
El espacio radical es amplio. Tan amplio, que a veces se juzga al peronismo pero el radicalismo pelea de igual a igual. Y en este tipo de actos se vio justamente a sectores muy distanciados de la actual gestión boina blanca, e incluso a dirigentes reconocidos con el radicalismo pero alejados del espacio, como Leandro Lanceta, hoy presidente de El Fortín.
Marcelo Spina, Fabián Irassar, Franco Illescas, Gaspar Verna -muchos referenciados en Lordén- entre otros, fueron los disidentes presentes. Celeste Arouxet y Guillermo Lascano, quienes formaron parte del radicalismo y hoy están de lleno en La Libertad Avanza, no se los esperaba ni tampoco asistieron.
Un lindo gesto para con la política, tan bastardeada en los últimos tiempos. Y un hito para el radicalismo local, que vio nacer -de nuevo- su comité de calle 25 de mayo, un patrimonio para la política local.
Cortitas
Sesión del Concejo. Hubo muchísimos temas en tratamiento. La modalidad adoptada por el oficialismo es tratar de presentar un avance de respuesta a los pedidos de informe de la oposición. En ese marco se informó en la sesión -y se subrayó por prensa municipal al día siguiente- que hay 48 casos de dengue detectados que podrían ser autóctonos. Claro que hubo “discusión” por los roles de los municipios y de la nación en materia de prevención. Además, hubo cruces por temas nacionales: Unión por la Patria insistió en pedir que se retomen las obras públicas paradas.
Protesta de docentes universitarios. El miércoles y jueves hubo manifestaciones en las sedes de Unicen locales impulsadas por Conadu para reclamar mejoras salariales y presupuesto para las universidades nacionales. Docentes y no docentes encabezaron estas actividades de reclamo.
Elecciones institucionales. Hubo elecciones en distintas instituciones locales con renovación de autoridades. En la Sociedad Rural Daniel Ayçaguer pasó de vice a presidente. En el Parque Industrial, Germán Block reemplazó a Jorge Sobarzo. En el Club Estudiantes -que lo contamos la semana pasada- se impuso la lista oficialista: Incaugarat retuvo la presidencia.
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