Vacunación compulsiva a dos niños: Rechazan revisar el archivo de una denuncia contra funcionarios
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó el recurso presentado por la abogada Mónica Graciela Miracola y confirmó la decisión de no habilitar una revisión judicial del archivo de la investigación penal contra funcionarios judiciales, sanitarios y organismos de protección de derechos que intervinieron en el caso de los dos niños de Olavarría.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó el recurso presentado por la abogada Mónica Graciela Miracola y confirmó la decisión de no habilitar una revisión judicial del archivo de la investigación penal contra funcionarios judiciales, sanitarios y organismos de protección de derechos que intervinieron en el caso de los dos niños de Olavarría que se encuentran sometidos a una medida de abrigo y cuyo caso trascendió por una orden de vacunación compulsiva.

La resolución fue dictada por los jueces Damián Pedro Cini, Carlos Paulino Pagliere y Gustavo Agustín Echevarría. El tribunal confirmó el pronunciamiento del juez de Garantías N.º 2, Carlos Eduardo Villamarín, quien había declarado improcedente el pedido de control jurisdiccional sobre la decisión del Ministerio Público Fiscal.
La denuncia penal cuestionaba las actuaciones de funcionarios de los juzgados de Familia, integrantes de los Servicios Local y Zonal de Protección de Derechos y autoridades sanitarias municipales. Entre los hechos señalados se encontraban las decisiones vinculadas con la vacunación de los niños, las medidas de abrigo y las intervenciones médicas posteriores.
La investigación había sido desestimada el 14 de julio de 2026 por el fiscal Ignacio Calonje. Posteriormente, el 10 de septiembre, el fiscal general confirmó el archivo al considerar que no se había acreditado la comisión de delitos por parte de los funcionarios denunciados. En su dictamen sostuvo que los cuestionamientos sobre las medidas de protección, la atención sanitaria y las decisiones adoptadas respecto de los niños debían ser examinados en el expediente que tramita ante el Juzgado de Familia N.º 2 de Olavarría.
La defensa cuestionó esa decisión y solicitó que se reabriera la investigación. También denunció una presunta actuación coordinada entre organismos de Olavarría, Tandil y Azul, pidió que la causa fuera trasladada a una fiscalía de otro Departamento Judicial y reclamó peritajes médicos independientes en los hospitales Garrahan o Ludovica.
Entre los elementos que, según la presentación, no habían sido investigados adecuadamente, mencionó síntomas posteriores a la vacunación, una internación, marcas en las manos de uno de los niños, un presunto déficit ponderal y cuestionamientos a los registros médicos utilizados para fundamentar la interrupción de la lactancia materna.
Sin embargo, el camarista Carlos Pagliere consideró que la decisión fiscal estaba suficientemente fundamentada y que no se advertía arbitrariedad que justificara la intervención judicial. Señaló que el procedimiento de revisión dentro del Ministerio Público Fiscal se había cumplido y que la defensa no había demostrado la existencia de un defecto que habilitara el control jurisdiccional solicitado.
Los hechos nuevos y la continuidad de la investigación
Otro de los puntos examinados fue una presentación realizada el 1 de octubre, en la que la defensa denunció un nuevo episodio relacionado con uno de los niños y solicitó pericias y su derivación a un centro de alta complejidad.
Sobre este planteo, la Cámara entendió que correspondía su evaluación por parte de la fiscalía interviniente. También rechazó el pedido de trasladar la investigación a otro Departamento Judicial y sostuvo que no existía una decisión definitiva sobre esos nuevos acontecimientos, por tratarse de hechos diferentes de los que habían motivado el archivo original.
El fallo aclaró que el archivo fiscal no impide que la investigación pueda reabrirse ante la aparición de nuevos elementos.
Finalmente, los tres camaristas resolvieron rechazar por improcedente el recurso de apelación y confirmar la decisión del juez de Garantías N.º 2 de Olavarría.
