Comenzó el segundo juicio al exintendente de Azul José Inza por delitos ambientales
El ex jefe comunal llegó a la instancia oral y pública junto con otros funcionarios del que supo ser su gabinete.

Una nota del diario El Tiempo
El exintendente de Azul José Manuel Inza comenzó a ser juzgado este jueves por dos causas penales relacionadas con presuntos delitos ambientales durante su gestión al frente del Municipio, entre 2011 y 2015. También están acusados dos exfuncionarios de su gobierno: Héctor Ricardo Bolpe y Federico Saldaño. La primera audiencia estuvo marcada por planteos de nulidad de las defensas, que fueron rechazados por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Azul.
El debate se desarrolla en el Palacio de Justicia de Azul y reúne dos investigaciones diferentes. Una está vinculada con la contaminación del predio de disposición final de residuos EcoAzul y tiene como acusados a Inza y al exsecretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Héctor Bolpe. La otra apunta a la acumulación de residuos patogénicos en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos y en el Centro de Atención Primaria de la Salud N.º 6, por la que también está imputado el exsecretario de Gobierno Federico Saldaño.
La fiscal Laura Margaretic lleva adelante la acusación en ambos expedientes. En el caso de EcoAzul, Inza y Bolpe están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la imputación, ambos habrían omitido adoptar las medidas necesarias para sanear el predio, pese a conocer la situación de emergencia ambiental que presentaba y las distintas intimaciones que había recibido el Gobierno municipal, tanto desde el entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) como de otros actores sociales.
La falta de intervención estatal habría agravado la contaminación del suelo, del manto freático y de las aguas subterráneas, con el consecuente riesgo para el ambiente y la salud pública.
La primera jornada del juicio estuvo dedicada exclusivamente a esta investigación. Entre los primeros testigos convocados por la Fiscalía declaró Rubén Rodríguez, dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA), quien había advertido públicamente sobre las condiciones ambientales de EcoAzul.
Años atrás, Rodríguez había hablado de esa situación en una entrevista publicada por el diario El Tiempo. Aquella publicación se convirtió en uno de los elementos que dieron origen a la investigación penal que ahora tiene a Inza y Bolpe sentados en el banquillo de los acusados.
El debate incluyó testimonios presenciales y declaraciones realizadas de manera remota. La extensa jornada inicial se prolongó durante varias horas y se extendió hasta la tarde.
La causa por los residuos patogénicos
El segundo expediente que integra el juicio tiene como acusados a Inza y Saldaño por una presunta infracción a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. La investigación se originó por la acumulación de desechos patogénicos registrada a fines de 2015 en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos y en el CAPS N.º 6.
De acuerdo con la acusación, la falta de pago del servicio contratado para retirar esos residuos provocó que permanecieran durante varias semanas en ambos establecimientos sanitarios. La situación habría generado un riesgo para la salud de trabajadores, pacientes y vecinos.
En esta investigación también figuraba como acusado Gonzalo Mariano Añaños, titular de la empresa que tenía a su cargo la recolección de los residuos patogénicos. Sin embargo, en diciembre del año pasado obtuvo una suspensión de juicio a prueba después de ofrecer el pago de un millón de pesos, que sería destinado a la Cooperadora del Hospital Pintos o al CAPS N.º 6, ubicado en el barrio Del Carmen, sobre calle Rauch.
Como esta segunda causa todavía no había comenzado a tratarse durante la audiencia inicial, el abogado Julio Vélez, defensor de Saldaño, anunció que se retiraría de la sala. Argumentó que su presencia no resultaba necesaria mientras el debate estuviera circunscripto a los hechos relacionados con EcoAzul. El Tribunal avaló esa decisión y Saldaño también dejó la sala junto con su abogado después de la declaración de Rodríguez.
Las defensas intentaron suspender el juicio
Una de las principales incidencias de la jornada se produjo al comienzo del debate, cuando las defensas particulares de Bolpe y Saldaño solicitaron la nulidad y suspensión del proceso.
El planteo fue presentado por María Fernanda Giménez y Julio Vélez, respectivamente, a partir de la modalidad de participación de una de las integrantes del Tribunal. La jueza Cecilia Desiata sigue las audiencias de manera remota desde Olavarría, mientras que los otros dos magistrados participan presencialmente.
Los abogados sostuvieron que esa conformación afectaba los principios de inmediación y deliberación y, por lo tanto, las garantías procesales de sus defendidos. La presentación obligó a interrumpir el comienzo de la recepción de testimonios mientras los jueces deliberaban.
Finalmente, el Tribunal rechazó el pedido. Está integrado por Carlos Pocorena, juez correccional de Tandil que preside el debate, Martín Viceconte y Cecilia Desiata.
Tras la resolución, Giménez y Vélez dejaron planteada su protesta y anticiparon que formularían reserva del caso federal.
La participación remota también alcanza al propio Inza, quien sigue el juicio por cuestiones de salud. Su defensa está a cargo de la abogada olavarriense Elda Donatelli, que permanece presencialmente en la sala de audiencias.
El planteo por las fotografías de Inza
Otra de las discusiones que debieron resolver los jueces estuvo relacionada con las imágenes del exintendente durante el juicio.

La situación se produjo cuando el fotógrafo del diario El Tiempo comenzó a tomar fotografías de la pantalla en la que Inza aparecía siguiendo la audiencia de manera remota. En ese momento, Donatelli manifestó su oposición a que su defendido fuera retratado y planteó el derecho a la imagen, además de señalar que el exmandatario no quería ser fotografiado durante este segundo proceso judicial.
La abogada también hizo referencia a que Inza ya había sido condenado años atrás por irregularidades económicas y administrativas cometidas durante su gestión municipal.
El planteo motivó una nueva deliberación privada del Tribunal, que finalmente resolvió rechazarlo. Los magistrados consideraron que no correspondía impedir las fotografías por tratarse de un proceso judicial sobre una cuestión de interés público.
La segunda jornada del debate está prevista para el martes de la próxima semana. Según las estimaciones realizadas durante el inicio del juicio, los alegatos de las partes podrían desarrollarse el próximo 30 de noviembre.
