Fallo clave: el Estado debe intervenir ante situaciones de extrema vulnerabilidad
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ratificó un fallo que obliga al Estado provincial a garantizar una prestación mensual a una mujer en situación de indigencia. El máximo tribunal bonaerense rechazó un recurso de la Fiscalía de Estado y confirmó que el Estado debe intervenir de forma concreta cuando están en riesgo las condiciones mínimas de subsistencia.
La decisión se centra en la obligación estatal ante cuadros de extrema vulnerabilidad, con especial énfasis en casos que involucran a menores y personas con discapacidad. Los magistrados sostuvieron que la intervención judicial no invade competencias de otros poderes, sino que busca garantizar derechos fundamentales ante omisiones de la administración pública.
En su voto, el juez Sergio Gabriel Torres señaló que la respuesta de la justicia no excede su marco de participación cuando existe una «evidencia incuestionable de una omisión material de la Administración». De este modo, se desestimó el argumento oficial que planteaba una supuesta intromisión indebida en el diseño de las políticas públicas.
Por su parte, el juez Daniel Fernando Soria remarcó que la Provincia no acreditó haber brindado una cobertura adecuada a través de los mecanismos existentes. Soria subrayó que no corresponde dejar a la demandante «librada al desamparo» y que la falta de respuesta estatal no puede ser trasladada a los ciudadanos en condiciones críticas.
El fallo ratifica la doctrina sentada en precedentes como «Benítez» y «Arce», los cuales establecen que los derechos sociales básicos pueden ser exigidos judicialmente cuando el Estado no cumple con su deber de asistencia.
Finalmente, la Corte descartó la existencia de una «gravedad institucional» alegada por la Fiscalía, al considerar que no se probó un riesgo real para el interés público ni se fundamentó de manera suficiente cómo la medida afectaría los recursos provinciales.
