Preventiva confirmada para una olavarriense acusada de vender droga en en el barrio Hipólito Yrigoyen
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó el recurso de la defensa y ratificó que la imputada seguirá detenida. Los hechos ocurrieron en una vivienda de Amparo Castro, en la zona del barrio Hipólito Yrigoyen.
La Cámara Penal de Azul —integrada por los jueces Gustavo Agustín Echevarría, Carlos Paulino Pagliere y Damián Pedro Cini— resolvió confirmar la prisión preventiva de la olavarriense Yesica Soledad Robert, detenida desde el 16 de octubre luego de un operativo de Drogas Ilícitas en una vivienda ubicada en Amparo Castro, en Olavarría.
La resolución, fechada el 5 de diciembre de 2025, rechaza los planteos de la defensa y avala la decisión adoptada por la Jueza de Garantías N°1, Dra. Fabiana San Román, quien había convertido la detención en prisión preventiva.
Allanamiento, movimientos sospechosos y un comprador identificado
La investigación se inició tras una denuncia que señalaba que en el domicilio se comercializaban estupefacientes. Efectivos de Drogas Ilícitas realizaron observaciones encubiertas y detectaron personas que ingresaban a la vivienda por breves minutos, en distintos días y horarios, un patrón típico de venta al menudeo.
Durante el allanamiento se secuestraron 6,3 gramos de cocaína, 4,9 gramos de marihuana, celulares y recortes de nylon.
Además, la policía interceptó a un comprador, quien llevaba cocaína recién adquirida. El hombre identificó a la imputada como vendedora y mencionó el apodo con el que la mujer se presenta, dato que coincidió con lo que ella misma dijo al declarar.
A esto se sumaron conversaciones extraídas del celular de Robert, donde distintos contactos le pedían “alfajor”, “torta de 1” o “una de 15”, expresiones que los peritos interpretaron como claves habituales utilizadas para referirse a droga.
Para la Cámara, hay pruebas suficientes y riesgo de fuga
La defensora oficial planteó que el hecho debía encuadrarse como tenencia simple, delito excarcelable. Sin embargo, la Cámara fue contundente:
“Los indicios ponderados —por su pluralidad, coherencia y conexidad— tienen suficiente entidad para sostener (…) la probable autoría de Robert en la comercialización de estupefacientes.”
El Tribunal también subrayó que la pena en expectativa supera los 8 años, lo que constituye un indicador de peligro procesal y justifica la continuidad de la medida de coerción.
