El sueño de la casa propia

El derecho a una vivienda digna, derecho que figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Argentina, Derecho que paso de ser una posibilidad a ser un sueño para los sectores populares, y también para la clase media.

El derecho a una vivienda no es un capricho, o un sueño revolucionario, el tener acceso a un techo, donde poder planificar con perspectiva el futuro, no solo de la persona, también de sus hijxs, de su familia, es fundamental para el desarrollo de la vida, ¿qué estabilidad puede lograr una persona si no sabe dónde va a vivir mañana?, ¿pero qué posibilidades hay de acceder a una vivienda en Olavarría?

Hoy el sueldo promedio supuestamente (de un trabajador asalariado en blanco) es de 457 dólares, a precio oficial $63.980, esta posibilidad la tiene hoy menos del 30 % de la población activa, y la gran mayoría de ese porcentaje con salarios que no superan los $50.000. Para lo que respecta a la Economía Popular (toda persona que se tuvo que inventar un laburo para sobrevivir), los que están organizados con suerte llegan a $40.000, y los que no lo están $20.000.

Mirando estos números, y haciendo solo cuentas por arriba: un alquiler de una casa promedio, que además no se consigue, ronda los $20.000, sumado a impuestos y la gran inflación que sufrió la canasta básica en el último año, no hay chances, no existe la capacidad de ahorro.

Ahora, por más que existiera la capacidad de ahorrar, supongamos, $10.000 por mes. El valor promedio de una vivienda en nuestra ciudad (ya levantada) es de: 44.000 dólares, a un dólar de 140 (oficial) son más de 6 millones de pesos, comprar una casa a ese ritmo llevaría aproximadamente 52 años, construirte una vivienda, con valores aproximados de terrenos que rondan los 18000 dólares, y a precio de mercado 1000 dólares el metro cuadrado de construcción, más o menos llevaría el mismo tiempo. Las dos propuestas inviables.

Es preciso situar el problema en relación a dos factores elementales: el acceso a la tierra y la cuestión salaria. No hace falta analizar mucho los números para saber que se necesitan políticas públicas de viviendas, sobre todo en los sectores populares, en la economía popular, que son los que hoy, ni siquiera pueden alquilar. Ahora bien, hagamos un resumen de esas políticas implementadas en el plano local en los últimos 10 años o más:

Pikelado – 120 viviendas con gestiones iniciadas en el año 2009, de las cuales un no están todas terminadas, programa financiado con fondos Provinciales. 

Procrear – modalidad de crédito hipotecario – se pusieron a disposición 97 lotes en el barrio Pikelado, sumado a una igual cantidad aproximadamente en diferentes partes de la ciudad, el programa dio la posibilidad de levantar alrededor de 200 viviendas.

Uocra 2 – 39 viviendas – financiado con fondos Nacionales, aun varias no están terminadas

Educadores – 146 viviendas, aun varias sin terminar.

Olavarría Construye – 28 viviendas – Modalidad cooperativa de autoconstrucción. 

Aproximadamente se levantaron 533 viviendas en base a programas en diversos planes del Estado, ninguno de ellos con fondos municipales, salvo el aporte de tierras (sumando la particularidad del barrio Olavarría Construye, que fue una cooperativa) ninguna de estas fue para los sectores populares que trabajan en la economía popular.

Hace por lo menos quince años que no existe un plan de viviendas pensados para los sectores humildes de la sociedad, y ahora, cuando ocurre una toma de terrenos, por una extrema necesidad habitacional el único acercamiento del Estado es a través de una denuncia penal, criminalizando a las víctimas de sus propias políticas.

Estamos en una enorme emergencia habitacional en la ciudad, el Estado debe entender que no se puede solucionar con las ofertas de siempre, subsidios miserables de alquiler por 6 meses, o 30 bloques y 3 chapas para que te armes una piecita en el fondo de lo de tu vieja, eso no resuelve el problema.

Necesitamos políticas de emergencia, lo más cercano en el tiempo, que sirve como un gran ejemplo es lo que ocurrió del 2004 al 2006 que, mediante cooperativas de trabajo, se hicieron 386 viviendas, en tan solo dos años, que son el Barrio Facundo Quiroga II, Escuela 6, Barrio Trabajadores, viviendas chiquitas, de emergencia, de 43 metros cuadrados.

Volver a recuperar el derecho a la vivienda, que este deje de ser un sueño es responsabilidad del Estado.

Los que nos quieren hacer creer que es imposible, que es un delirio revolucionario, que no se puede, que las tierras que hay son inviables, que se busquen otro laburo o que nos llamen, que de los sectores populares organizados van a venir las ideas, las herramientas y las soluciones para vivir en una sociedad más justa.

Sentémonos a laburar en conjunto, el Estado con las organizaciones libres del pueblo por Tierra Techo y Trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas.

Por un mundo sin esclavos, ni excluidos.