En el semestre de ordenar

Última semana de mayo. El Sindicato de Municipales llegó hasta la puerta del Ministerio de Trabajo de la provincia y toc-toc. Entregó una nota: la declaración del “Estado de alerta, movilización y asamblea permanente”.

Así acusó al Ejecutivo municipal por “incumplimiento” de la legislación laboral “de manera reiterada, sistemática y generalizada” sobre el Convenio Colectivo de Trabajo y las leyes 14.656 (Régimen Marco de Empleo Municipal), 23.551 (de Asociaciones Sindicales) y 19.587 (de Higiene y Seguridad en el Trabajo).

Hay que recordar que el acuerdo de aumento salarial cerrado en marzo llegaba hasta mayo. A partir de este mes ya no hay acuerdo. Es claro que el sindicato pretende volver a sentarse a negociar, también con miras al pago del medio aguinaldo. Además, de reclamar por los temas de seguridad e higiene que ya ha expresado anteriormente y que, vale decir, siempre es un buen motivo para motivar la intervención del Ministerio de Trabajo.

En concreto, esta declaración es la apertura a medidas de fuerza por parte del gremio. Es altamente probable que las veamos. Pero pará que falta un condimento clave.

Sin aportes y acusados

El viernes los trabajadores municipales recibieron un mensaje del STMO. “El Gobierno Municipal no realizó los descuentos en concepto de Gastos de Proveeduría” denunciaron para mencionar unos 25 ítems de adhesión de los afiliados.

Llamaron a los empleados a acercarse a la sede sindical “para solucionar este inconveniente” ya que la falta de pago va a generar deuda para los trabajadores y cancelación de las prestaciones.

Unas horas después siguió una nota que firmó Maximiliano Wesner con envío directo a todos los trabajadores -como ya es su acostumbrado modelo de comunicación- en la que explicó la causa de esta decisión de no realizar los descuentos: la cuestión es que acusó al Sindicato de irregularidades por “incumplir el Decreto 2964/23 que establece cómo debe proceder el Sindicato ante el pedido de descuentos” y de que la rendición de documentación es “irregular, insuficiente y objetable”.

Básicamente, acusó a la conducción del Stuppia de esta floja de papeles. El jefe comunal expuso la gestión que hizo la Dirección de Personal y Recursos Humanos que detectó “graves y notorias inconsistencias en la documentación aportada, falta de documentación respaldatoria y un desorden llamativo que sugiere al menos, en primer término, que los fondos retenidos para la transferencia al sindicato no se encuentran respaldados suficientemente en cuanto a su aplicación y destino”.

A ello sumó otra acusación, más grave: se mencionó “un rubro que llaman ‘remanente de descuentos’ con montos referidos a prestaciones de dinero por sobre el tope que el decreto autoriza”.

El intendente informó que estas averiguaciones del Municipio son parte “de la auditoría que se está realizando en diferentes áreas de gobierno desde el comienzo de la gestión, la cual nos permitió tomar conocimiento de la situación”. No habíamos tenido más novedades oficiales de esta auditoría desde febrero.

¿Hay que pensar que estas irregularidades vienen de antes o son solamente de este momento? Por ahora no tenemos respuesta, pero la pregunta es inevitable.

Con el inicio de un nuevo mes, la declaración del estado de alerta y esta acusación por los descuentos van a enmarcar la semana en las relaciones entre el STMO y el Ejecutivo con la puerta abierta de par en par para el conflicto.

Todavía es una transición

La sensación que deja la medida que acabamos de contar (y las que también le vamos a contar en breve) es que el Municipio no está para proyectar hoy. Está para ordenar. Y que todavía no está firme la base con la que Wesner desarrollará su gestión.

¿El ordenamiento es lento o el desorden era muy grande? Algunos dicen que la comuna que heredó Wesner “por momentos se asemeja a un caos rotundo” mientras que otros ya adelantaron que en seis meses las cosas debieran estar un poco más ordenadas. 

Lo concreto es que, a poco menos de un mes de su finalización, hay dos situaciones que expresan cosas por resolver y que tienen una decisión, pero por ahora conocemos -casi- la mitad de las resoluciones. 

Las dos están relacionadas con Transporte Malvinas, pero son dos situaciones distintas: por un lado, el servicio de mantenimiento del Cementerio Parque, es decir, de Loma de Paz. El contrato vence el 30 de junio y a esta altura, todo parece indicar que finalizado el contrato, finalizado el servicio para Malvinas.

¿Qué pasará el 1 de julio, entonces? Los caminos llevan a la municipalización del servicio, en una medida prácticamente idéntica al Estacionamiento Medido. ¿Habrá anuncio? Seguramente, pero no necesariamente: es una potestad de la comuna y sin contrato, alguien tendrá que mantener el Cementerio Parque, que además tiene otras funciones como administrativas, de inhumación, exhumación, entre las más destacadas.

¿Habrá despidos? Sí. De hecho así trascendió la decisión municipal: en la semana llegaron algunos telegramas de cese de relación laboral que adelantaron que el contrato de Malvinas con la comuna finalizará. No se sabe, por ahora, si los trabajadores serán absorbidos por el Municipio, como también pasó en el Estacionamiento Medido.

En total, el último contrato tuvo 3 años y medio de duración: los 3 años de 2021 a 2024, y los seis meses de prórroga. 

El otro caso es más claro aunque de resolución más abierta: la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos y compostaje, en la que trabajan 12 personas, la gran mayoría recuperadores que vienen de la informalidad.

Aquí se abre un gran signo de pregunta: ¿habrá un nuevo programa de reciclaje en Olavarría? En marzo, la concejala Belén Abraham un poco adelantaba que sí, que incluirá GIRO pero haciendo un especial énfasis en “la pata territorial y que la gente realmente se comprometa, la idea es comenzar a abarcar más barrios y que efectivamente se pueda cumplimentar una gestión integral de residuos en el Partido de Olavarría y en todas las localidades del Partido”. Y obviamente, sin McKensey en el medio.

En total, entonces, son cerca de 30 los trabajadores que tienen en riesgo su laburo al menos con Transporte Malvinas como empleador. Pero la municipalización está a la vuelta de la esquina y eso podría cambiar la situación para muchos de ellos. Por ahora, son muchas las conjeturas.

Pero volvamos al análisis macro. Demorado o plagado de desorden, la construcción de las bases de Wesner aún persisten. O si lo miramos desde otro costado, este es el perfil de Wesner: orden del estado.

Un dato más, que quedó al final pero es muy importante: el contrato que se firmó con Malvinas hasta 2033 inevitablemente tendrá modificaciones económicas. 

Licitado por 16 mil millones de pesos, estos cambios repercutirán directamente en el monto que la comuna debe pagarle a Malvinas por estos servicios que, vale recordar, estaban incluidos en el servicio de forma integral. En su momento, tanto Celeste Arouxet como Unión por la Patria (en ese momento en voz de Ubaldo García, hoy funcionario municipal) tuvieron durísimas críticas por esta concesión de la cual se conoció poco y sólo se accedió con la cuestión prácticamente definida.

A eso, sumale renuncias

Fue una semana donde, también, el gabinete se reordenó. Con dos salidas rimbombantes y que significan un quiebre para el modelo de gestión, no sólo por el énfasis en que Wesner mostró a su equipo de salud, sino en la salida del que firma los cheques en el Municipio. Literalmente.

Pero vayamos por partes: Ramón Tiseira dejó la Subsecretaría de Administración del Hospital Municipal en una decisión plagada de rumores de al menos algunas semanas atrás. Podríamos decir, incluso, que fue una situación muy similar a la salida del doctor Gustavo Rago como subsecretario de Salud Médica.

Tiseira, un dirigente que además tiene estrecha relación con el CECO, su mutual y obra social, terminó afuera de un Consejo de Salud que tuvo varios cambios. Los motivos, por ahora, son desconocidos. 

Sí, algunas fuentes vinculadas al centro de salud municipal indicaron a este newsletter que la sobrecarga laboral condicionaba ciertos aspectos de la gestión e incluso dirigentes opositores habían denunciado las complicaciones de gestionar en la comuna y una obra social bastante importante. De todos modos, también es una conjetura: las razones solo se saben puertas para adentro de la gestión.

Dato no menor, ya tiene reemplazo: María Emilia Castro, una funcionaria que venía desempeñándose en el Consejo.

A eso se le suma una renuncia de peso, por cuestiones ajenas a la gestión pero de peso al fin: renunció el Tesorero Municipal Diego Latasa por razones “estrictamente personales” confiaron a este newsletter. 

La particularidad -y la importancia- de este cargo no es menor: tanto el Tesorero como el Contador y el Jefe de Compras son cargos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, son designados por el Intendente Municipal y solamente pueden ser removidos o reemplazados por la intervención del Concejo Deliberante, que debe reunir los dos tercios del cuerpo para ratificar la salida. Obviamente, no es el caso en una renuncia.

El reemplazo no será fácil. Latasa estaba en el cargo desde 2012 y aunque sea por unos meses, pasó por tres gestiones distintas. Experiencia en gestión, consenso y de confianza del intendente Wesner, todas las claves que se tendrán en cuenta además del tiempo, que será importante, y los requisitos impuestos por la Ley Orgánica.

Obras

Hace algunas semanas mencionamos que era llamativo que el Municipio no había lanzado obras en edificios escolares. Y bueno, pasó: se presentaron y en los últimos días hubo novedades.

Se trata de obras en escuelas muy afectadas por el temporal de diciembre: CEC 801 y Escuela 48. Y también la Escuela 502. Destacamos que en las licitaciones que se abrieron ofertas hubo bastantes oferentes presentados.

La Provincia informa los pagos de fondos de coparticipación hasta marzo. En el primer trimestre del año, el Fondo Educativo transferido sumó tan solo 50 millones de pesos mientras que en el mismo período del año pasado, se habían enviado a Olavarría 220 millones.

En un contexto de caída de ingresos y, sobre todo, de suba de costos, y también en línea con lo que dijimos más arriba, de una gestión que se piensa en transición y en clave de ordenamiento, señalemos que son muy pocas las obras que han salido a licitación pública en el Municipio. La última presentada es la Licitación Pública Nº 5, mientras que el año pasado en junio se abría la Nº 20.

Ya se encargó el presidente del bloque oficialista en el HCD, Federico Aguilera, de responder que “no están detenidas las obras” en el Municipio. Hace dos semanas recordó las obras contempladas en el Presupuesto 2024 y los compromisos asumidos por Wesner.

Claro que además sumamos a este panorama que la gestión ha elegido en varias ocasiones no tercerizar obras o servicios y asumirlos a su cargo (con personal y maquinaria municipal), como es el caso de ciertos trabajos de mejoras de caminos rurales o el corte de pasto en el aeródromo.

No obstante, esto último parece más hijo de la necesidad de ahorro en la época de “no hay plata” que de la real intención de la gestión que ve en la obra pública la posibilidad de aportar a la dinámica económica local.

Sumemos otro hito destacado de la semana en esta materia: finalmente, Axel Kicillof, anunció que la Provincia asumirá la continuidad de la construcción de la ampliación de la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de Unicen. Fue desde Bolívar, donde estuvo el viernes para inaugurar un gasoducto y reunió a los intendentes de la región, entre ellos a Maximiliano Wesner.

El de Olavarría lo informó en sus redes: “el gobierno provincial financiará la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud. Junto al Gobernador vamos a reanudar la obra que fue paralizada por el Gobierno Nacional. Es una gran noticia para Olavarría y la región porque da respuesta ante la preocupación de toda la comunidad educativa frente a las complicaciones e incertidumbre que significa la paralización de una obra clave para el desarrollo universitario de nuestra ciudad”.

Era algo esperado desde que Kicillof había expresado su objetivo de hacerse cargo de obras en universidades nacionales -“una decena” de obras dijo hace dos semanas-, y más con el rol clave que cumplió Gabriel Katopodis desde Obras Públicas de Nación para el desarrollo de esta obra en la Unicen.

La Provincia viene trabajando en la solicitud de traspaso de algunas obras nacionales que paralizó Javier Milei. La autopista Presidente Perón es la de mayor envergadura, tal como la presentó Carli Bianco en la última conferencia de los lunes. No hay precisiones sobre estos trámites, solamente se supo que el tema se trató en la reunión que tuvieron Guillermo Francos con los ministros provinciales Katopodis y Javier Alonso en Casa Rosada el jueves.

Contra la Ley Bases

El miércoles se llevó adelante la reunión de Multisectorial que había llamado la CGT Regional Olavarría para organizar el rechazo a la Ley Bases. Respondieron varios sectores y dirigentes: la CTA a través de la secretaria general Hosanna Cazola, el delegado del ministerio de Trabajo Lucas Miriuka, el Frente Renovador local (que había adelantado su adhesión públicamente), Liliana Schwindt, Federico Aguilera, Hernán Parra, Germán Aramburu. “También se sumaron vecinos y vecinas autoconvocados” destacó la CGT después del encuentro y definió que se buscó hablar de la actualidad, del impacto del DNU presidencial y proponer un plan de acción. Habrá nueva reunión la semana próxima.

Carlos Manzur, delegado regional, hizo hincapié en la pérdida de puestos de trabajo y en el alto riesgo de más pérdidas. “Fue una reunión sumamente positiva donde todos pudimos exponer nuestras ideas y nuestro pensamiento, pero llegando una a una misma conclusión que es que hoy estamos en un país prácticamente destruido, que lo quieren destruir mucho más y con esta Ley Bases que aterra” dijo en Radio Universidad.

Tuvo en cuenta que, entre las intenciones del Gobierno Nacional está la de sancionar la protesta sindical lo que aumenta el temor a más despidos: “si llega a salir esta Ley Bases nadie va a poder abrir la boca” advirtió.

Abrimos una nota al pie para señalar que no estuvo en la reunión el secretario general de los municipales, José Stuppia, adjunto de la CGT.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.