Panorama Político Bonaerense/ Endeudamiento: un triunfo estratégico para Kicillof y una pulseada engañosa con Caputo
El gobernador consiguió el objetivo que buscaba: fondos para depender menos de aliados problemáticos y opositores en el último tramo de su mandato. Los costos políticos. El revés de la trama de la tensión con Caputo: ¿mucho ruido y pocas nueces?
Por: Andrés Lavaselli
Aunque la opinión pública se entretenga algunas horas con las críticas a la ampliación del directorio del Banco Provincia, el foco político de la pelea por el endeudamiento que acaba de ganar Axel Kicillof está en otra parte. El Gobernador obtuvo un activo estratégico indispensable para mantener con vida su proyecto de poder: autonomía. Es que ya no está obligado a volver a volver a pasar por un parlamento donde los dos tercios será más difíciles de obtener por la mejora de la representación libertaria, lo que además le quita al cristinismo una herramienta para condicionarlo. La pregunta ahora es si Luis Caputo bloqueará la jugada.
La Ley para autorizar la toma de deuda -un trámite que hasta ahora se incluía en los presupuestos- por US$ 3.680 millones tiene una particularidad clave: no establece fecha de ejecución de las operaciones. Por eso, en principio, Kicillof podrá usar parte de los fondos el año entrante y a la vez reservarse otros para 2027. El Gobernador jugó fuerte y logró el OK de los radicales de las dos vertientes de esa fuerza, PRO -con limitaciones- y libertarios “blue” filo massistas. Todos entendieron que esa naturaleza bianual era un bien preciadísimo de Kicillof y obtuvieron lo que en los seis años previos le reclamaron y no consiguieron: cargos.
Menos de 48 horas después de la sanción, Caputo deslizó que estudia materializar lo que sus legisladores no pudieron: limitarle los fondos a Kicillof. Es la pelea activa ahora. El ministro de Economía tiene la facultad de habilitar o no las salidas a los mercados de las provincias por en esas operaciones la garantía última es la coparticipación. Apunta contra USD 1.045 millones a los que considera deuda nueva porque fueron incluidos en la Ley para compensar los pagos que este año, sin autorización vigente, PBA afrontó con el Tesoro. La justificación es técnica: Kicillof no cumple con un requisito de la Ley de Responsabilidad Fiscal para esa operación, dice Caputo.
Pero el Ministro fue también reticente en un principio con la toma de deuda de otras provincias y después aflojó: 16 salieron a los mercados en los últimos meses, que en el caso reciente de Sante Fe (unos 800M) y CABA (unos 600) incluyo una negativa que después se hablando. ¿Habrá trato diferente para PBA? “Nos daría la razón de que hay ataque de naturaleza política”, dicen en Gobernación. Allí circula un informe de Pablo López que rechaza el argumento de Caputo: para tomar deuda “nueva”, la ley exige que los servicios de deuda sean menores al 15% de la coparticipación a los municipios, y PBA la sobre cumple: esa ratio está en el orden del 7%.
En realidad, toda la tensión sobre el bloqueo de Caputo tiene bastante de fuego de artificio. Dos pruebas. 1) Lejos de los reflectores, todos son más razonables: en una operación que todavía no aparece en el Boletín Oficial, Nación autorizó una toma de deuda a la Provincia en el mercado local, que Kicillof usó para asegurarse el pago del medio aguinaldo. Es tan reciente que la lleva la firma de Diego Santilli como ministro del Interior. 2) Aún cumplidas, el impacto de las amenazas es relativo: con el tramo que Economía no objeta, Kicillof se garantiza toda la deuda que necesita en 2026. “Compramos tiempo para negociar el resto”, dicen en su entorno.
Como fuere, en el fondo hay una cuestión de conveniencia mutua, casi un lazo que ata en una sociedad incómoda a Caputo y Kicillof: una crisis de deuda de la Provincia justo cuando nación está saliendo a los mercados privados de deuda sería una contraindicación evidente.
La trama política
Solo los libertarios -y la izquierda- rechazaron de plano el endeudamiento. En el caso de la derecha, implicó tensión fuerte y reproches públicos de LLA a PRO porque legisladores que responden a Ritondo y Santilli dieron apoyo. Sobre todo en el primer caso, eso tiene consecuencias: no habrá unificación de bancadas en la Legislatura. De ese modo, desde el miércoles n la cámara Baja habrá un bloque de LLA de 31 sillas sino uno de 20, con una bancada amarilla aparte de 11. En el Senado, la cuenta da un bloque de 10 libertarios y otros de 6 o 5 PRO.
Al calor de la discusión por la deuda, el entramado libertario se solidificó. El karinista Sebastián Pareja y el caputista Agustín Romo depusieron las armas y confirmaron un pacto de no agresión que comenzaron a trabajar hace unos diez días antes de votar, cuando contra los pronósticos el representante de Las Fuerzas del Cielo apareció en una cena convocada por el delegado de “La Jefe” en Avellaneda. Romo aceptó que Juan Osaba sea vice de Diputados y retuvo la jefatura de Bloque. Para él fue principio de realidad: no podía tensar más sore todo después del triunfo de la estrategia de Karina el 26-0. Todo indica que se solidifica una alianza interna.
En la Legislatura también se reeditó el pacto de poder entre el camporismo y el massismo, que siguen alternándose el control de la cámara de Diputados. En el gobierno desconfiaron hasta último momento del juego de esos sectores, a los que ubicaron detrás de una maniobra de último momento para intentar tomar el control de los fondos que se derivarán de la toma de deuda hacia los municipios. Pero lo cierto es que la ley salió con el OK de todo el peronismo, pese a que el Kicillofismo sospechó todo el tiempo de que camporistas y massistas usaban a libertarios radicales «blue» para «extorsionarnos son poner la cara». No elimina la tensión interna, ni mucho menos, pero evita un quiebre que de otro modos se hubiese acelerado, probablemente comenzando por el gabinete de Kicillof.
La creación de seis cargos en el Directorio del Banco Provincia fue el punto más cuestionado del acuerdo. Muchos lo impulsaban pero nadie quería votarlo. De madrugada casi hace caer todo. Kicillof se resignó a pagar parte del costo de una medida que va contra el clima de época, pero exigió cuatro lugares para sí, en una maniobra para asegurarse el control estratégico de un resorte esencial de su gobernabilidad: estaba el juego la mayoría para aprobar las resoluciones por las que se gobierna la entidades. Ese acuerdo final tenía sí o sí que salir por ley, contra el que proponía la oposición, que podía hacerse solo con una medida interna del banco. De ese modo, al votarlo, nadie puede decir que no lo apoyo, excepto, de nuevo, LLA y la izquierda.
Dos curiosidades: todo se cerró tan sobre la hora que en la redacción final se estableció que los cargos en el directorio durarán cuatro años y se renovarán por mitades. Como todos arrancan ahora un nuevo mandato, dentro de cuatro años habrá que hacer un sorteo a ver quien lo pone en juego o, más racionalmente, corregirlo antes a través de una nueva modificación de la ley. La otra, en el debate y la profusa literatura mediática que engendró se objetó el gasto correspondiente a la ampliación de cargos bajo el argumento de que se usará para financiar la política. Pero nadie -o casi- dice nada del fondo para los municipios: 350 mil millones de pesos que será de “libre disponibilidad” para los intendentes de todos los colores políticos.
