Buscan impugnar posible designación como juez del número 2 de la Procuración

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na asociación de jubilados presentó una acción judicial para frenar la posible designación como juez de Casación del número 2 de la Procuración bonaerense, Francisco Pont Vergés, denunciado por violación a los derechos humanos.

La presentación fue realizada por la Asociación Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) ante los tribunales en lo contencioso administrativo de la Plata, reclamando que se devuelva el pliego al Poder Ejecutivo para que la gobernadora María Eugenia Vidal que lo rectifique, luego de las denuncias por violación a los derechos humanos presentadas contra el funcionario.

El pliego de Pont Vergés se encuentra en estudio en el Senado bonaerense junto a otros 41 pliegos enviados por el Ejecutivo. Desde el peronismo rechazan tratar las designaciones por el poco tiempo que resta para las elecciones. Sin embargo, en el oficialismo sostienen que los pliegos fueron enviados antes de las PASO.

En el caso puntual de Pont Vergés, el número 2 de Julio Conte Grand en la Procuración bonaerense, pesan también denuncias por violación a los derechos humanos.

Según precisó AJUS, «el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión provincial por la Memoria denunciaron ante el presidente del Senado bonaerense, Daniel Salvador, que Pont Vergés persiguió al actual Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano».

Según detallaron, el funcionario inició un sumario administrativo y una denuncia penal contra Coriolano, quien investigaba al Servicio Penitenciario bonaerense por torturas y falta de asistencia médica a una mujer trans.

En la demanda, la AJUS pidió también que en el caso de que el Senado lo apruebe y la Gobernadora decida ratificar el pliego, la Justicia determine si Pont Vergés aún cumple los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de juez.

Argumentaron que los hechos y denuncias siguientes a la postulación del actual secretario de Política Criminal de la Procuración violan el artículo 175 de la Constitución provincial y 28 de la Ley 11.868, cuyo texto obliga a quienes sean propuestos como magistrados tener solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos. (DIB)