Esquivó al Congreso: Macri dispuso por decreto la extinción de dominio

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció el establecimiento, de un régimen de extinción de dominio, que prevé el secuestro de bienes a personas acusadas de delitos tales como corrupción, narcotráfico, trata de personas y contrabando. Y es retroactivo a 15 años.

La medida fue cuestionada por la oposición, que calificó el DNU como «inconstitucional», y defendida por el oficialismo, que cuestionó las demoras en el Congreso para tratar el tema.

Durante el anuncio, Macri señaló que «no da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace, las paga».

Junto a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y Justicia, Germán Garavano, Macri adelantó que firmará el DNU para avanzar con la extinción de dominio y «que la Justicia pueda recuperar más rápido y de forma trasparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron».

«La mafias, las redes de narcotráfico, de crimen organizado y de la corrupción se llevaron plata que es de todos los argentinos. Es plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para seguir construyendo escuelas, jardines, espacios de primera infancia, rutas más seguras, obras para inundaciones y también llevar obra y cloacas a todas las familias», agregó el Presidente.

Según Macri, actualmente la justicia penal «tiene instrumentos para avanzar sobre estos bienes pero son muy lentos» y que por ello este DNU será «un paso adelante para que la justicia pueda avanzar más rápido en recuperar esos bienes».

El proyecto de extinción de dominio en el Congreso se aprobó en Diputados a mediados del 2016 pero ese año el Senado le incorporó cambios sustanciales, que la cámara baja debía aceptar o rechazar pero, finalmente, postergó su debate por diferencias entre el oficialismo y la oposición.

La iniciativa aprobada por el Senado establecía que la incautación de los bienes se ejecute sólo una vez que exista una sentencia de primera instancia, cuestión rechazada por Cambiemos, que había presentado un dictamen propio, ya que consideraba que debe otorgarse al fuero civil la potestad de dictar la medida antes de que haya condena.