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La Ley de Inocencia Fiscal blinda a los ahorristas para que no puedan ser perseguidos por evasión.
(NA) – El Gobierno nacional sostuvo que el nuevo esquema fiscal busca dejar atrás un modelo caracterizado por restricciones cambiarias, alta inflación, volatilidad macroeconómica y una elevada presión tributaria, factores que durante décadas incentivaron la informalidad y la evasión en amplios sectores de la economía.
Según se explicó, ese contexto derivó en controles intensivos sobre transacciones de bajo monto y en medidas de fiscalización que alcanzaron a pequeños ahorristas y contribuyentes, mientras que los delitos económicos de mayor escala no siempre recibieron el mismo nivel de atención.
En ese marco, se presentó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que apunta a modificar el enfoque del sistema tributario y financiero, permitiendo a los ciudadanos utilizar sus ahorros sin la obligación de justificar su origen ante el Estado, dentro de los nuevos parámetros establecidos.
Régimen Simplificado de Ganancias
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Bajo este esquema, la agencia recaudadora ARCA no requerirá información sobre el patrimonio ni sobre los gastos personales de quienes adhieran, y el control se limitará a la facturación generada a partir de la incorporación al régimen.
De acuerdo a lo informado, esto permitirá regularizar ahorros que permanecían fuera del sistema formal y destinarlos libremente a consumo, inversión o ahorro, sin revisiones retroactivas.
Desde el Ejecutivo señalaron que este mecanismo podría facilitar, por ejemplo, la reinversión de capital en pequeñas y medianas empresas, la adquisición de viviendas familiares o la colocación de ahorros heredados en instrumentos financieros o proyectos productivos.
El Gobierno considera que estas medidas darán lugar a un proceso de regularización permanente de capitales, con impacto directo en la liquidez del sistema económico.
Cambios en el tratamiento de la evasión
El segundo componente de la ley apunta a modificar los criterios vinculados a la evasión fiscal. En ese sentido, se elevaron los umbrales a partir de los cuales se configura el delito: la evasión simple pasará a considerarse desde los 100 millones de pesos y la evasión agravada desde los 1.000 millones de pesos.
Asimismo, el plazo de prescripción del delito se reducirá de cinco a tres años. Esto implica que quienes se inscriban en el Régimen Simplificado de Ganancias durante los próximos meses no podrán ser investigados por períodos anteriores una vez cumplido ese plazo.
Además, la evasión dejará de tener carácter penal. Ante un incumplimiento, el contribuyente será notificado y podrá regularizar la situación mediante el pago correspondiente.
Nuevos umbrales para informes bancarios
El tercer eje de la normativa contempla una modificación de los montos a partir de los cuales las entidades financieras deben informar depósitos y transacciones a ARCA.
Con el nuevo esquema, las personas podrán realizar operaciones de hasta 10 millones de pesos mensuales, tanto en pesos como en dólares equivalentes, sin que se generen reportes automáticos al organismo recaudador.
Desde el Gobierno indicaron que esta medida busca simplificar las operaciones cotidianas, favorecer la actividad comercial y permitir el uso de ahorros sin temor a fiscalizaciones automáticas.
Finalmente, se remarcó que los cambios permitirán que organismos como ARCA y la UIF concentren sus recursos en la investigación de delitos económicos complejos, en lugar de focalizarse en contribuyentes de bajo impacto.
