Jueces bonaerenses piden ampliar plazas carcelarias
El Colegio de Magistrados y Funcionarios sostuvo que los casos se analizaron de manera particular y repudió la “injerencia indebida” que busca sanciones.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense salió a repudiar la “injerencia indebida” para sancionar a jueces por las excarcelaciones en el marco de la pandemia y pidió por una mayor inversión para el sector carcelario que permita ampliar las plazas y adquirir tobilleras electrónicas y otros sistemas de monitoreo.
En un extenso comunicado, los jueces sentaron posición sobre la polémica de la liberación de presos para evitar el hacinamiento de las cárceles y paliar los efectos del Covid-19 en la población en contextos de encierro.
En el escrito detallaron que “en diciembre de 2019 la población carcelaria duplicaba el número de plazas y si bien hoy la tendencia es decreciente todavía hay 45.000 internos para 24.000 lugares”. “Los datos son contundentes: las cárceles existentes en la provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de libertad que genera el sistema judicial bonaerense en el cual nos desempeñamos. Este desequilibrio desatiende mandatos constitucionales y pactos internacionales”, detallaron.
Desde esta perspectiva, el Colegio advirtió que las excarcelaciones “han sido analizadas por los magistrados caso por caso” y agregó que “todas estas decisiones son recurribles por las partes”.
“Este Colegio, en línea con la posición histórica sostenida en sus más de 55 años, expresa su rechazo a la injerencia indebida de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales”, señalaron los jueces, quienes también señalaron que vienen pidiendo la adhesión a la ley N° 27.372 sobre protección de víctimas de delitos.
Finalmente, el Colegio pidió que se asigne “mayor presupuesto para garantizar la sanidad en las unidades penitenciarias y construir más lugares de alojamiento, así como para que se adquieran tobilleras electrónicas, botones antipánico u otros sistemas de monitoreo confiables, a fines de optimizar la protección de la ciudadanía”. (DIB) MT
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