Los deudores alimentarios no podrán ingresar a casinos, salas de juego ni bingos en la provincia de Buenos Aires
Los deudores alimentarios no podrán ingresar a casinos, salas de juego ni bingos en todo el territorio bonaerense. La medida quedó oficialmente vigente tras la promulgación de la Ley 15.589, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, y alcanza a todas las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).
Con la entrada en vigencia de la normativa, el Gobierno provincial quedó habilitado para implementar los procedimientos necesarios que permitan a los establecimientos de juego identificar y restringir el acceso a quienes figuren como deudores alimentarios. Se trata de un nuevo mecanismo de control administrativo que busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y complementar las sanciones ya existentes en el ámbito judicial.
La prohibición alcanza a las personas registradas en el RDAM por adeudar tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, un criterio que ya es utilizado por la Justicia bonaerense para determinar la condición de morosidad alimentaria.
La ley establece además un esquema de responsabilidad compartida. Por un lado, el personal de casinos, salas de juego y bingos deberá impedir el ingreso de las personas alcanzadas por la restricción; por otro, el Poder Ejecutivo provincial tendrá a su cargo la supervisión y el control del correcto cumplimiento de la medida. De esta manera, los establecimientos de juego pasan a tener un rol activo en la aplicación de la normativa.
El proyecto fue impulsado por el senador Germán Di Césare, del bloque Unión por la Patria, y aprobado en noviembre por el Senado bonaerense. La iniciativa incorpora fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que las obligaciones alimentarias se extienden hasta los 21 años y, en determinados casos, hasta los 25 años.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el cumplimiento regular de estas obligaciones resulta fundamental para no afectar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes que dependen de dichas prestaciones. En ese sentido, remarcaron que la medida apunta a reducir los niveles de incumplimiento, promover el ordenamiento económico de las personas con deudas registradas y fortalecer las herramientas del Estado para garantizar derechos básicos.
Con esta decisión, la provincia de Buenos Aires refuerza su política de control sobre los deudores alimentarios y suma una restricción concreta que impacta directamente en el acceso a actividades recreativas vinculadas al juego.
